Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
El divorcio por ruptura irreparable se hizo famoso cuando la pasada gobernadora, Sila M. Calderón, se divorció del Sr. Ramón Cantero Frau. Después de este divorcio, llovieron las peticiones de divorcio por ruptura irreparable que eran de dos tipos:
• Petición de divorcio por ruptura irreparable, donde los dos cónyuges estaban de acuerdo en divorciarse, pero que no querían tomar las determinaciones o estipulaciones sobre los hijos y la división de los bienes gananciales;
• Petición unilateral de ruptura irreparable por uno de los dos cónyuges, sin que existiera un acuerdo del otro cónyuge para el divorcio.
La causal de ruptura irreparable no se encuentra establecida en el Código Civil. Lo más parecido a esta causal es el divorcio por consentimiento mutuo reconocido en el caso Figueroa Ferrer vs. ELA, que establece que los cónyuges tienen que estar de acuerdo en que no pueden continuar casados y deben establecer estipulaciones sobre los hijos y la división de los bienes gananciales. Aunque el divorcio por ruptura irreparable puede ser una modalidad de consentimiento mutuo sin tener que establecer estipulaciones, lo más controversial es que permite una modalidad en que uno de los cónyuges entiende que ya no es posible cumplir con los fines para los cuales se constituyó el matrimonio, y pide al Tribunal que lo divorcie, aunque el otro cónyuge no esté de acuerdo. Recientemente, el Tribunal Supremo resolvió que esto no es posible por consideraciones de debido proceso de ley y orden público. Las Juezas Asociadas Rodríguez Rodríguez y Fiol Matta se opusieron a esta determinación del Tribunal argumentando que debe existir la autonomía de la voluntad para obtener este divorcio, basada en la libertad e intimidad, y que esto ayudaría a que personas puedan liberarse de relaciones enfermizas o violentas.
Si bien es cierto que la opinión del Tribunal Supremo sobre este asunto puede interpretarse como que ya no existe la causal de ruptura irreparable, sea un su forma acordada o unilateral, es probable que la interpretación más correcta sea que puede alegarse la ruptura irreparable del matrimonio, siempre y cuando los cónyuges estén de acuerdo en el divorcio. El problema de que uno solo de los cónyuges alegue que hay una ruptura irreparable en el matrimonio, es que el otro cónyuge puede oponerse, y si lo hace, el Tribunal tiene que darle todos los derechos reconocidos a la parte opositora para que establezca que no existe la ruptura irreparable. Esto daría base a un pleito contencioso que no se diferenciaría de los casos de divorcio por alguna otra de las causales que establece el Código Civil.
A la luz de esta decisión del Tribunal Supremo, para que la ruptura irreparable sea viable, es necesario legislación. El Código Civil de P.R. podría enmendarse para que se considere la situación de una persona que decida que ya no debe estar casada con otra, y pueda divorciarse legalmente, para por ejemplo, protegerse de situaciones de abuso o de violencia doméstica.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
Boletín Del Derecho y Del Revés
domingo, 22 de julio de 2007
EL GRAN JURADO FEDERAL
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La controversia sobre la investigación por el Gran Jurado Federal sobre el Honorable Aníbal Acevedo Vilá, hace necesario una explicación del trasfondo y contenido de esta institución investigativa. El Gran Jurado se estableció en la Carta Magna Inglesa de principios del siglo XII y luego fue adoptado por las colonias y la Constitución Federal. En su origen tuvo el objetivo de poner a los ciudadanos de la comunidad al frente de las investigaciones criminales para evitar abusos de las autoridades, particularmente el rey. Actualmente, el Gran Jurado está compuesto por entre 16 y 23 miembros que se deben escoger al azar en la comunidad, y que escuchan la prueba que les presenta un Fiscal Federal, en secreto y a puerta cerrada, y luego determina si procede hacer una acusación. Para que se determine una acusación es indispensable la concurrencia de por lo menos 12 votos y que la Fiscalía endose la determinación.
El Gran Jurado Federal puede solicitar información a cualquier persona en la forma de testimonio o de documentos. Cualquier persona que sea notificada de un requerimiento de información, ya sea testifical o documental, puede oponerse alegando que la información es privilegiada, es decir, que no procede divulgarla por razón de Ley, como el caso del privilegio contra la autoincriminación. También podría presentar una moción para que se limite el ámbito del descubrimiento para evitar que sea oneroso o abusivo. Cuando una persona es requerida a testificar, puede comparecer acompañada de un abogado, pero el abogado no puede entrar al recinto donde se encuentra el Gran Jurado. Esta persona solamente puede recibir consejos legales, si así lo solicita, y sale del salón donde está testificando y consulta a su abogado.
Cualquier persona que tenga conocimiento de la información que se ventila en el salón del Gran Jurado y que la divulgue, puede ser objeto de desacato por el Tribunal o de acusaciones criminales. Las únicas personas que pueden comentar sobre los procedimientos, son los testigos que declaren ante el Gran Jurado. La secretividad del Gran Jurado tiene el propósito de ayudar a que los testigos sean más espontáneos y digan la verdad, evitar que cualquier persona investigada pueda abandonar la jurisdicción, y proteger a las personas que puedan ser mencionadas en la investigación, pero que finalmente no sea acusadas.
El origen medieval de la institución del Gran Jurado le hace padecer de dos males que vulneran su confiabilidad y ajuste al ordenamiento constitucional contemporáneo de libertades civiles y juego limpio e imparcial que debe prevalecer en el trámite investigativo y judicial. En primer término, el que el Gran Jurado sólo escuche la versión de la Fiscalía Federal, le pone en desventaja ante la necesidad de descubrir la verdad, porque los investigados no pueden presentar prueba a su favor. En segundo término, el asunto se complica cuando se toma en cuenta que ni los testigos ni los investigados tienen derecho a estar representados por abogado durante las audiencias.
A pesar de la secretividad que se supone exista en el proceso, en el caso de Hon. Aníbal Acevedo Vilá han ocurrido una infinidad de filtraciones que inciden sobre la imparcialidad y confiabilidad del proceso. Estos rumores que surgen de las personas que están involucradas al trámite, han ocasionado gran desasosiego e inestabilidad en el panorama político y constitucional de Puerto Rico. Deben tomarse todas las medidas necesarias para que cese este tipo de filtración de información y que se resuelva finalmente y rápidamente si existe o no causa probable para procesar a las personas que sean responsables. De no existir causa probable, el proceso debe terminar inmediatamente. Esperamos que esta situación se resuelva lo antes posible protegiendo los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
La controversia sobre la investigación por el Gran Jurado Federal sobre el Honorable Aníbal Acevedo Vilá, hace necesario una explicación del trasfondo y contenido de esta institución investigativa. El Gran Jurado se estableció en la Carta Magna Inglesa de principios del siglo XII y luego fue adoptado por las colonias y la Constitución Federal. En su origen tuvo el objetivo de poner a los ciudadanos de la comunidad al frente de las investigaciones criminales para evitar abusos de las autoridades, particularmente el rey. Actualmente, el Gran Jurado está compuesto por entre 16 y 23 miembros que se deben escoger al azar en la comunidad, y que escuchan la prueba que les presenta un Fiscal Federal, en secreto y a puerta cerrada, y luego determina si procede hacer una acusación. Para que se determine una acusación es indispensable la concurrencia de por lo menos 12 votos y que la Fiscalía endose la determinación.
El Gran Jurado Federal puede solicitar información a cualquier persona en la forma de testimonio o de documentos. Cualquier persona que sea notificada de un requerimiento de información, ya sea testifical o documental, puede oponerse alegando que la información es privilegiada, es decir, que no procede divulgarla por razón de Ley, como el caso del privilegio contra la autoincriminación. También podría presentar una moción para que se limite el ámbito del descubrimiento para evitar que sea oneroso o abusivo. Cuando una persona es requerida a testificar, puede comparecer acompañada de un abogado, pero el abogado no puede entrar al recinto donde se encuentra el Gran Jurado. Esta persona solamente puede recibir consejos legales, si así lo solicita, y sale del salón donde está testificando y consulta a su abogado.
Cualquier persona que tenga conocimiento de la información que se ventila en el salón del Gran Jurado y que la divulgue, puede ser objeto de desacato por el Tribunal o de acusaciones criminales. Las únicas personas que pueden comentar sobre los procedimientos, son los testigos que declaren ante el Gran Jurado. La secretividad del Gran Jurado tiene el propósito de ayudar a que los testigos sean más espontáneos y digan la verdad, evitar que cualquier persona investigada pueda abandonar la jurisdicción, y proteger a las personas que puedan ser mencionadas en la investigación, pero que finalmente no sea acusadas.
El origen medieval de la institución del Gran Jurado le hace padecer de dos males que vulneran su confiabilidad y ajuste al ordenamiento constitucional contemporáneo de libertades civiles y juego limpio e imparcial que debe prevalecer en el trámite investigativo y judicial. En primer término, el que el Gran Jurado sólo escuche la versión de la Fiscalía Federal, le pone en desventaja ante la necesidad de descubrir la verdad, porque los investigados no pueden presentar prueba a su favor. En segundo término, el asunto se complica cuando se toma en cuenta que ni los testigos ni los investigados tienen derecho a estar representados por abogado durante las audiencias.
A pesar de la secretividad que se supone exista en el proceso, en el caso de Hon. Aníbal Acevedo Vilá han ocurrido una infinidad de filtraciones que inciden sobre la imparcialidad y confiabilidad del proceso. Estos rumores que surgen de las personas que están involucradas al trámite, han ocasionado gran desasosiego e inestabilidad en el panorama político y constitucional de Puerto Rico. Deben tomarse todas las medidas necesarias para que cese este tipo de filtración de información y que se resuelva finalmente y rápidamente si existe o no causa probable para procesar a las personas que sean responsables. De no existir causa probable, el proceso debe terminar inmediatamente. Esperamos que esta situación se resuelva lo antes posible protegiendo los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
jueves, 28 de junio de 2007
El PUEBLO TIENE DERECHO A UN SISTEMA UNICAMERAL
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Un grupo de electores que voto a favor de la unicameralidad a recurrido ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y le ha pedido al Tribunal Supremo que asuma su jurisdicción mediante el mecanismo de certificación y resuelva si se puede obligar a los legisladores de Puerto Rico a cumplir con el mandato de la unicameralidad. El Tribunal Supremo tendrá antes si un caso histórico para el desarrollo de nuestro sistema democrático. Nuestro sistema democrático depende de que el pueblo tenga la confianza de que su voto en las urnas es respetado y de que una vez consultado para cualquier enmienda constitucional, el Estado va a cumplir con el resultado de referéndum a pesar de que no le guste el resultado. Lamentablemente el Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan, desestimó el caso al determinar que se ha tratado de una cuestión política y que no es posible obligar a los legisladores a llevar a cabo las acciones que requiere el referéndum de la unicameralidad. Discrepo firmemente de esta decisión ya que lo que se pide es que se ordene a la legislatura a presentar un proyecto para que el pueblo vote si lo acepta o no lo acepta. El mandato del pueblo fue claro. Presenten un proyecto a nuestra consideración para determinar el tipo de sistema unicameral que se debe implantar. No entendemos que exista una cuestión política porque esto no envuelve discreción o juicio valorativo o legislativo. Lo que involucra es cumplir con un trabajo ministerial. Un trabajo ministerial es un trabajo que el deber del cargo obliga. Y en este caso, el mandato del pueblo en el referéndum es que los legisladores, que se dedican a legislar, presenten un proyecto de ley sobre una legislatura unicameral.
El caso de la unicameralidad va a ser un caso histórico porque va a definir si vivimos en un régimen democrático o en una tiranía constitucional. El pueblo merece el sistema que se respete su voluntad democrática. El pueblo merece su debido proceso de ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Un grupo de electores que voto a favor de la unicameralidad a recurrido ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y le ha pedido al Tribunal Supremo que asuma su jurisdicción mediante el mecanismo de certificación y resuelva si se puede obligar a los legisladores de Puerto Rico a cumplir con el mandato de la unicameralidad. El Tribunal Supremo tendrá antes si un caso histórico para el desarrollo de nuestro sistema democrático. Nuestro sistema democrático depende de que el pueblo tenga la confianza de que su voto en las urnas es respetado y de que una vez consultado para cualquier enmienda constitucional, el Estado va a cumplir con el resultado de referéndum a pesar de que no le guste el resultado. Lamentablemente el Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan, desestimó el caso al determinar que se ha tratado de una cuestión política y que no es posible obligar a los legisladores a llevar a cabo las acciones que requiere el referéndum de la unicameralidad. Discrepo firmemente de esta decisión ya que lo que se pide es que se ordene a la legislatura a presentar un proyecto para que el pueblo vote si lo acepta o no lo acepta. El mandato del pueblo fue claro. Presenten un proyecto a nuestra consideración para determinar el tipo de sistema unicameral que se debe implantar. No entendemos que exista una cuestión política porque esto no envuelve discreción o juicio valorativo o legislativo. Lo que involucra es cumplir con un trabajo ministerial. Un trabajo ministerial es un trabajo que el deber del cargo obliga. Y en este caso, el mandato del pueblo en el referéndum es que los legisladores, que se dedican a legislar, presenten un proyecto de ley sobre una legislatura unicameral.
El caso de la unicameralidad va a ser un caso histórico porque va a definir si vivimos en un régimen democrático o en una tiranía constitucional. El pueblo merece el sistema que se respete su voluntad democrática. El pueblo merece su debido proceso de ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
NUEVO PROYECTO DE REGLAS DE DERECHO PROBATORIO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene la facultad constitucional de preparar Reglas de Derecho de la Prueba, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Civil. Esta facultad constitucional se fundamenta en que se trata de las reglas que regulan los procesos de resolución de los casos judiciales. Las reglas actuales tienen ya muchos años de vigencia, y han sufrido múltiples cambios por la vía legislativa, y mediante interpretación judicial. Por ejemplo, las Reglas de Procedimiento Criminal, que gobiernan el trámite de los casos criminales son del año 1963. Las Reglas de Derecho Probatorio y de Procedimiento Civil, se originaron en 1979. Por tanto, ya es imperiosa una revisión de dichos cuerpos de normas.
El pasado 10 de abril de 2007, el Comité Permanente para la Revisión de las Reglas de Derecho Probatorio del Tribunal Supremo, al cual me honra pertenecer, entregó al Juez Presidente, Honorable Federico Hernández Delton, el informe de revisión de las Reglas de Derecho Probatorio. Las Reglas de Derecho Probatorio son las que regulan el proceso de juicio. Esto incluye, el proceso de presentación e interrogatorio de los testigos, la presentación de la prueba física y documental y el orden y modo de cómo se conduce el juicio. El nuevo estudio preparado por el Comité contó con el apoyo de jueces, abogados y profesores de esa área, e incorporó los más avanzados desarrollos de las reglas del juicio, para que contemos con un cuerpo de Reglas adaptado a nuestras necesidades.
El proceso de aprobación de las nuevas Reglas de Derecho Probatorio pasará por varias etapas que incluyen divulgación masiva, vistas públicas y también comentarios mediante la vía electrónica. Cualquier persona puede tener acceso a este proyecto, y podrá emitir sus comentarios al respecto visitando la página de Internet del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Una vez concluya el trámite de recibir las reacciones o comentarios, se llevará a cabo una Conferencia Judicial, en la cual los jueces y estudiosos del Derecho podrán emitir sus comentarios y análisis finales para que el proyecto esté listo para consideración de los Honorables jueces del Tribunal Supremo.
Una vez el Tribunal aprueben el proyecto por virtud de la Constitución, se someterá a la Asamblea Legislativa, y si la Asamblea Legislativa no actúa en 60 días, se aprobarán las nuevas Reglas de Derecho Probatorio. Para que las Reglas no entren en vigor, la Asamblea Legislativa tendría que rechazarlas mediante ley expresa. La Asamblea Legislativa conserva la facultad de recibir el proyecto y enmendarlo conforme a su mejor parecer, y se seguiría el trámite de cualquier otra ley.
Las Reglas de Derecho Probatorio garantizan el Debido Proceso de Ley. Ya es tiempo de que se apruebe un nuevo grupo de reglas que contengan los más avanzados desarrollos de los trámites del juicio. Esto permitirá que todos gocemos de justicia rápida y económica.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Especial para La Perla del Sur
El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene la facultad constitucional de preparar Reglas de Derecho de la Prueba, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Civil. Esta facultad constitucional se fundamenta en que se trata de las reglas que regulan los procesos de resolución de los casos judiciales. Las reglas actuales tienen ya muchos años de vigencia, y han sufrido múltiples cambios por la vía legislativa, y mediante interpretación judicial. Por ejemplo, las Reglas de Procedimiento Criminal, que gobiernan el trámite de los casos criminales son del año 1963. Las Reglas de Derecho Probatorio y de Procedimiento Civil, se originaron en 1979. Por tanto, ya es imperiosa una revisión de dichos cuerpos de normas.
El pasado 10 de abril de 2007, el Comité Permanente para la Revisión de las Reglas de Derecho Probatorio del Tribunal Supremo, al cual me honra pertenecer, entregó al Juez Presidente, Honorable Federico Hernández Delton, el informe de revisión de las Reglas de Derecho Probatorio. Las Reglas de Derecho Probatorio son las que regulan el proceso de juicio. Esto incluye, el proceso de presentación e interrogatorio de los testigos, la presentación de la prueba física y documental y el orden y modo de cómo se conduce el juicio. El nuevo estudio preparado por el Comité contó con el apoyo de jueces, abogados y profesores de esa área, e incorporó los más avanzados desarrollos de las reglas del juicio, para que contemos con un cuerpo de Reglas adaptado a nuestras necesidades.
El proceso de aprobación de las nuevas Reglas de Derecho Probatorio pasará por varias etapas que incluyen divulgación masiva, vistas públicas y también comentarios mediante la vía electrónica. Cualquier persona puede tener acceso a este proyecto, y podrá emitir sus comentarios al respecto visitando la página de Internet del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Una vez concluya el trámite de recibir las reacciones o comentarios, se llevará a cabo una Conferencia Judicial, en la cual los jueces y estudiosos del Derecho podrán emitir sus comentarios y análisis finales para que el proyecto esté listo para consideración de los Honorables jueces del Tribunal Supremo.
Una vez el Tribunal aprueben el proyecto por virtud de la Constitución, se someterá a la Asamblea Legislativa, y si la Asamblea Legislativa no actúa en 60 días, se aprobarán las nuevas Reglas de Derecho Probatorio. Para que las Reglas no entren en vigor, la Asamblea Legislativa tendría que rechazarlas mediante ley expresa. La Asamblea Legislativa conserva la facultad de recibir el proyecto y enmendarlo conforme a su mejor parecer, y se seguiría el trámite de cualquier otra ley.
Las Reglas de Derecho Probatorio garantizan el Debido Proceso de Ley. Ya es tiempo de que se apruebe un nuevo grupo de reglas que contengan los más avanzados desarrollos de los trámites del juicio. Esto permitirá que todos gocemos de justicia rápida y económica.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
EL DERECHO LABORAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
El derecho laboral en Puerto Rico es muy complejo. Su complejidad genera muchas controversias e incertidumbres sobre cómo proceder en diferentes situaciones en la relación patrono-empleado. Por esas circunstancias, existe una profesión sobre recursos humanos y la necesidad de asesoramiento jurídico, a la hora de tomar determinaciones que puedan generar una controversia laboral. La mayoría de los seminarios y actividades de orientación sobre derecho laboral, se enfocan en el proceso de reclutamiento, evaluación y despido. Esto ocurre porque son los trámites que pueden generar más problemas. Sin embargo, no se ofrece mucha orientación sobre cómo aprovechar el derecho laboral vigente para apuntalar la competitividad de las empresas.
La competitividad de las empresas es esencial para poder mantener una economía vigorosa ante los retos de la globalización. La globalización implica que ya nuestra empresa no compite con las de nuestra región, sino que compite a un nivel mundial por el acceso fácil a bienes y servicios de cualquier parte del mundo. En ese sentido, la competitividad requiere que se pueda producir el servicio o el artículo al menor costo posible, y que cuente con la calidad máxima dentro del renglón, para que los consumidores puedan escoger el valor que ofrece nuestra empresa. Por esta razón, es necesario revisar todos los procesos que conduzcan a la prestación de bienes y servicios.
El derecho laboral permite que se utilice diferentes maneras de reclutar o contratar empleados para rendir las diferentes encomiendas o tareas. Actualmente en Puerto Rico puede contratarse un empleado por un periodo probatorio de 90 días para poder evaluar sus ejecutorias, y determinar si el empleado se queda en una plaza permanente. También se pueden contratar a un empleado para que esté por un tiempo determinado, que al transcurrir, queda sin efecto el contrato. Además, puede contratarse empleados para que trabajen a jornada completa, o a jornada parcial. Existe también la oportunidad de contratar a un empleado bajo el concepto de “flexi-time”, que permite el manejo de las horas de entrada y salida de los empleados de una manera mucho más laxa. Otra forma es recurrir a una agencia de empleo para que suministre empleados que no serán parte de la plantilla laboral de la empresa. Por último, existen los contratos de servicios profesionales, que tienen unos requisitos particulares muy estrictos, y que si no se hacen de la manera correcta, pueden generar responsabilidad para nuestra empresa.
Por ende, existen muchas maneras de contratar empleados, y la manera más adecuada va a depender de las características de la empresa, del tipo de servicio que se presta, de los productos que se preparan, y el mercado en que está trabajando la compañía. Cada uno de estos tipos de empleados pueden ser más o menos convenientes y pueden afectar la competitividad. Todos los empresarios deben conocer cuál es la mejor manera de contratar a sus empleados cumpliendo cabalmente con la legislación laboral. Para poder hacer esto, es indispensable consultar el abogado de su preferencia, o debe asistir a talleres o seminarios que trabajen este tema.
El 11 de mayo del 2007, la Academia Jurídico Empresarial del Bufete Emmanuelli C.S.P., celebró un seminario titulado “Cómo Utilizar el Derecho Laboral para Mejorar la Competitividad de Nuestras Empresas”. Este seminario se llevó a cabo en el Ponce Hilton, y se exploraron todas las diferentes maneras de contratación, y los efectos que tienen sobre la competitividad de las empresas. El seminario ofreció la oportunidad de poder ajustar la plantilla laboral de las empresas para hacerlas más costo efectivas y competitivas.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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El derecho laboral en Puerto Rico es muy complejo. Su complejidad genera muchas controversias e incertidumbres sobre cómo proceder en diferentes situaciones en la relación patrono-empleado. Por esas circunstancias, existe una profesión sobre recursos humanos y la necesidad de asesoramiento jurídico, a la hora de tomar determinaciones que puedan generar una controversia laboral. La mayoría de los seminarios y actividades de orientación sobre derecho laboral, se enfocan en el proceso de reclutamiento, evaluación y despido. Esto ocurre porque son los trámites que pueden generar más problemas. Sin embargo, no se ofrece mucha orientación sobre cómo aprovechar el derecho laboral vigente para apuntalar la competitividad de las empresas.
La competitividad de las empresas es esencial para poder mantener una economía vigorosa ante los retos de la globalización. La globalización implica que ya nuestra empresa no compite con las de nuestra región, sino que compite a un nivel mundial por el acceso fácil a bienes y servicios de cualquier parte del mundo. En ese sentido, la competitividad requiere que se pueda producir el servicio o el artículo al menor costo posible, y que cuente con la calidad máxima dentro del renglón, para que los consumidores puedan escoger el valor que ofrece nuestra empresa. Por esta razón, es necesario revisar todos los procesos que conduzcan a la prestación de bienes y servicios.
El derecho laboral permite que se utilice diferentes maneras de reclutar o contratar empleados para rendir las diferentes encomiendas o tareas. Actualmente en Puerto Rico puede contratarse un empleado por un periodo probatorio de 90 días para poder evaluar sus ejecutorias, y determinar si el empleado se queda en una plaza permanente. También se pueden contratar a un empleado para que esté por un tiempo determinado, que al transcurrir, queda sin efecto el contrato. Además, puede contratarse empleados para que trabajen a jornada completa, o a jornada parcial. Existe también la oportunidad de contratar a un empleado bajo el concepto de “flexi-time”, que permite el manejo de las horas de entrada y salida de los empleados de una manera mucho más laxa. Otra forma es recurrir a una agencia de empleo para que suministre empleados que no serán parte de la plantilla laboral de la empresa. Por último, existen los contratos de servicios profesionales, que tienen unos requisitos particulares muy estrictos, y que si no se hacen de la manera correcta, pueden generar responsabilidad para nuestra empresa.
Por ende, existen muchas maneras de contratar empleados, y la manera más adecuada va a depender de las características de la empresa, del tipo de servicio que se presta, de los productos que se preparan, y el mercado en que está trabajando la compañía. Cada uno de estos tipos de empleados pueden ser más o menos convenientes y pueden afectar la competitividad. Todos los empresarios deben conocer cuál es la mejor manera de contratar a sus empleados cumpliendo cabalmente con la legislación laboral. Para poder hacer esto, es indispensable consultar el abogado de su preferencia, o debe asistir a talleres o seminarios que trabajen este tema.
El 11 de mayo del 2007, la Academia Jurídico Empresarial del Bufete Emmanuelli C.S.P., celebró un seminario titulado “Cómo Utilizar el Derecho Laboral para Mejorar la Competitividad de Nuestras Empresas”. Este seminario se llevó a cabo en el Ponce Hilton, y se exploraron todas las diferentes maneras de contratación, y los efectos que tienen sobre la competitividad de las empresas. El seminario ofreció la oportunidad de poder ajustar la plantilla laboral de las empresas para hacerlas más costo efectivas y competitivas.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
sábado, 12 de mayo de 2007
LA DEPRESIÓN EMPRESARIAL
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
Los seres humanos somos entidades físicas, emocionales e intelectuales. Como tales, tenemos dolencias en esos tres aspectos. Cuando tenemos un dolor abdominal, vamos al internista o al gastroenterólogo. Cuando tenemos una preocupación intelectual, recurrimos a los libros, profesores o a la academia, y; cuando tenemos una dolencia emocional, recurrimos a los psicólogos y psiquiatras. Ese es el orden de la vida de los seres humanos en cuanto a su salud. Las empresas tienen ciclos de vida. Las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por tanto, también pueden sufrir problemas de salud similares a los humanos.
En las economías débiles o en estado de recesión como la puertorriqueña, las empresas pueden empezar a sufrir dolencias en los aspectos físicos, intelectuales y emocionales. En un estado de incertidumbre económica, una empresa puede tener problemas para adquirir materia prima, equipos, recursos humanos o otros bienes que sean indispensables para operar. Esto afecta su salud material. También, las empresas pueden sufrir de falta de creatividad y tener problemas de naturaleza intelectual que reduzcan sus oportunidades de progresar económicamente. Por último, las empresas pueden sufrir de problemas emocionales. Las empresas pueden caer en una depresión. Evidentemente, la analogía entre un ser humano y una empresa puede ser objeto de muchos opiniones o apreciaciones, pero para fines de la argumentación de este artículo, entendemos que en la crisis económica una empresa sufre prácticamente las mismas dolencias que un ser humano.
Llamo la depresión de una empresa a la actitud que permea desde la alta gerencia hasta los empleados de los niveles básicos, de que la situación está “mala” y de que no hay esperanza de que la empresa salga del atolladero. Esta actitud de los recursos humanos, ocasiona pérdida de capacidad creativa, dejadez, conflictos interpersonales, y por ende, falta de productividad. Las empresas no pueden permitir caer en una depresión. Cuando hay tiempos difíciles, tienen que activarse mecanismos de reflexión, análisis, crítica interna y examen del mercado circundante, para ajustar las operaciones a los fines de poder sobrevivir. Cuando una empresa está deprimida se nota en las caras de sus líderes y sus empleados. Se nota en el desánimo y particularmente en el desorden, poca decoración y falta de ambiente agradable de trabajo. Todo esto evita que los empleados se sientan a gusto y puedan dar el máximo de su productividad y tener margen para la creatividad.
Para que su empresa no caiga en depresión, comience examinando todos los procesos y protocolos del trabajo, preguntándole a todos los empleados, cómo ellos entienden que podrían mejorar su calidad de vida en el empleo. Calidad de vida en el empleo significa que yo haga mi trabajo cómodo, tranquilo y que me gusta, para que el trabajo se haga rápido y con calidad. Además, debe tomar todas las medidas que todos nosotros tomamos en nuestro hogar cuando nos sentimos aburridos con la decoración, ubicación de los muebles, con el lugar donde tenemos nuestros cuadros y efectos personales. En muchas ocasiones decidimos un día que queremos reorganizar la casa y con meramente cambiar los muebles y cuadros, tenemos un mejor ambiente y nos sentimos mucho más felices. Lo mismo puede ocurrir en una empresa. Trabaje en todos los niveles de operación, en el arreglo de los muebles, de los escritorios, en la disposición de los papeles, la organización de los archivos, modifique los procesos aburridos y engorrosos, para que todos se sientan que están en un lugar adecuado y bonito para trabajar.
Pasamos más de la tercera parte de nuestro tiempo trabajando. Algunos trabajamos 10, 12, hasta 14 horas al día, y tenemos poco tiempo para estar con nuestras familias, y el resto lo invertimos durmiendo. Por tanto, estamos más tiempo trabajando que en el resto de las actividades. Una manera de apoyar que las empresas no caigan en depresión es atendiendo todos los asuntos y pequeños detalles que ayudan a que los empleados tengan una mejor calidad de vida. No permita que su empresa caiga en depresión, esfuércese, reflexione, reúnase con sus empleados, discuta cómo mejorar, reorganice su oficina y la composición de su empresa. De esta forma podrá sentirse que está en un nuevo comienzo, y tener ánimos para enfrentar estos tiempos difíciles.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Especial para La Perla del Sur
Los seres humanos somos entidades físicas, emocionales e intelectuales. Como tales, tenemos dolencias en esos tres aspectos. Cuando tenemos un dolor abdominal, vamos al internista o al gastroenterólogo. Cuando tenemos una preocupación intelectual, recurrimos a los libros, profesores o a la academia, y; cuando tenemos una dolencia emocional, recurrimos a los psicólogos y psiquiatras. Ese es el orden de la vida de los seres humanos en cuanto a su salud. Las empresas tienen ciclos de vida. Las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por tanto, también pueden sufrir problemas de salud similares a los humanos.
En las economías débiles o en estado de recesión como la puertorriqueña, las empresas pueden empezar a sufrir dolencias en los aspectos físicos, intelectuales y emocionales. En un estado de incertidumbre económica, una empresa puede tener problemas para adquirir materia prima, equipos, recursos humanos o otros bienes que sean indispensables para operar. Esto afecta su salud material. También, las empresas pueden sufrir de falta de creatividad y tener problemas de naturaleza intelectual que reduzcan sus oportunidades de progresar económicamente. Por último, las empresas pueden sufrir de problemas emocionales. Las empresas pueden caer en una depresión. Evidentemente, la analogía entre un ser humano y una empresa puede ser objeto de muchos opiniones o apreciaciones, pero para fines de la argumentación de este artículo, entendemos que en la crisis económica una empresa sufre prácticamente las mismas dolencias que un ser humano.
Llamo la depresión de una empresa a la actitud que permea desde la alta gerencia hasta los empleados de los niveles básicos, de que la situación está “mala” y de que no hay esperanza de que la empresa salga del atolladero. Esta actitud de los recursos humanos, ocasiona pérdida de capacidad creativa, dejadez, conflictos interpersonales, y por ende, falta de productividad. Las empresas no pueden permitir caer en una depresión. Cuando hay tiempos difíciles, tienen que activarse mecanismos de reflexión, análisis, crítica interna y examen del mercado circundante, para ajustar las operaciones a los fines de poder sobrevivir. Cuando una empresa está deprimida se nota en las caras de sus líderes y sus empleados. Se nota en el desánimo y particularmente en el desorden, poca decoración y falta de ambiente agradable de trabajo. Todo esto evita que los empleados se sientan a gusto y puedan dar el máximo de su productividad y tener margen para la creatividad.
Para que su empresa no caiga en depresión, comience examinando todos los procesos y protocolos del trabajo, preguntándole a todos los empleados, cómo ellos entienden que podrían mejorar su calidad de vida en el empleo. Calidad de vida en el empleo significa que yo haga mi trabajo cómodo, tranquilo y que me gusta, para que el trabajo se haga rápido y con calidad. Además, debe tomar todas las medidas que todos nosotros tomamos en nuestro hogar cuando nos sentimos aburridos con la decoración, ubicación de los muebles, con el lugar donde tenemos nuestros cuadros y efectos personales. En muchas ocasiones decidimos un día que queremos reorganizar la casa y con meramente cambiar los muebles y cuadros, tenemos un mejor ambiente y nos sentimos mucho más felices. Lo mismo puede ocurrir en una empresa. Trabaje en todos los niveles de operación, en el arreglo de los muebles, de los escritorios, en la disposición de los papeles, la organización de los archivos, modifique los procesos aburridos y engorrosos, para que todos se sientan que están en un lugar adecuado y bonito para trabajar.
Pasamos más de la tercera parte de nuestro tiempo trabajando. Algunos trabajamos 10, 12, hasta 14 horas al día, y tenemos poco tiempo para estar con nuestras familias, y el resto lo invertimos durmiendo. Por tanto, estamos más tiempo trabajando que en el resto de las actividades. Una manera de apoyar que las empresas no caigan en depresión es atendiendo todos los asuntos y pequeños detalles que ayudan a que los empleados tengan una mejor calidad de vida. No permita que su empresa caiga en depresión, esfuércese, reflexione, reúnase con sus empleados, discuta cómo mejorar, reorganice su oficina y la composición de su empresa. De esta forma podrá sentirse que está en un nuevo comienzo, y tener ánimos para enfrentar estos tiempos difíciles.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
INCENTIVOS PARA LAS ZONAS DE VALOR AÑADIDO DEL PUERTO DE LAS AMÉRICAS
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
Como mencionamos en un pasado artículo, es indispensable para el desarrollo pleno del Puerto de las Américas que se trabaje con las áreas de valor añadido. Las áreas de valor añadido son las fincas que contendrán las fábricas donde se generarán miles de empleos. Actualmente, estas fincas están baldías a pesar de que existe un compromiso legal del gobierno de habilitarlas para que se puedan desarrollar empresas de valor añadido relacionadas al Puerto y al Aeropuerto Mercedita.
En los tiempos actuales, hay muchas iniciativas en las cuales colabora la empresa privada con el gobierno para desarrollar proyectos económicos. Actualmente los dueños de las fincas de valor añadido se están reuniendo en la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, para tratar de delinear estrategias que permitan el desarrollo pleno de estas propiedades. La información que existe del gobierno es que no se han comenzado a diseñar los planos para darle acceso y servicios a estas fincas para que tengan utilidad para los empresarios, y tampoco existe dinero suficiente separado para estos menesteres. La urgencia que plantea este problema es que la segunda etapa del puerto de las Américas quedará concluida en el término de 19 meses, y en ese término deben estar listas las áreas de valor añadido para que comience la proliferación de empresas que darán los empleos que necesita esta región. Por ende, es indispensable buscar nuevas maneras de trabajar este asunto mediante la colaboración entre el Estado y la empresa privada.
En conversaciones con los líderes de las gestas del desarrollo del Puerto, particularmente con el Ingeniero Ramón Torres Morales y la Sra. Elena Colón Parrilla, Presidenta del Comité del Puerto de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, se han ido forjando la idea de que se cree una Ley de Incentivos Contributivos para toda empresa o inversionista que quiera construir fábricas, instalaciones de infraestructura, carreteras, conexiones eléctricas, de acueductos o de telecomunicaciones, para darle viabilidad a las zonas de valor añadido, y que reciba entonces un crédito contributivo negociable que le permita recobrar su inversión de manera razonable. Se plantea que se cree una Ley similar a la Ley 212, que hasta el presente, ha sido un éxito en el desarrollo de proyectos en el casco histórico, aunque exista un problema serio con la interpretación reglamentaria del Departamento de Hacienda, que ha paralizado la efectividad de la Ley. No obstante, durante el tiempo que la Ley 212 funcionó sin la intervención del Departamento de Hacienda, fue un éxito y logró la inversión de decenas de millones de dólares en el casco histórico ponceño.
Por tanto, se propone la creación de una Ley de Incentivos Contributivos para recompensar la inversión privada en las áreas de valor añadido. Si se le concede un crédito contributivo a cualquier persona que invierta materiales y mano de obra en proyectos de infraestructura de las zonas de valor añadido, no tengo la menor duda de que habrá una explosión de interés y de inversión que apoyará al gobierno en su responsabilidad de llevar al máximo el desarrollo del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.
En el Segundo Simposio del Puerto, que se celebrará el próximo 4 de mayo se discutirá en más detalles esta iniciativa.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
Como mencionamos en un pasado artículo, es indispensable para el desarrollo pleno del Puerto de las Américas que se trabaje con las áreas de valor añadido. Las áreas de valor añadido son las fincas que contendrán las fábricas donde se generarán miles de empleos. Actualmente, estas fincas están baldías a pesar de que existe un compromiso legal del gobierno de habilitarlas para que se puedan desarrollar empresas de valor añadido relacionadas al Puerto y al Aeropuerto Mercedita.
En los tiempos actuales, hay muchas iniciativas en las cuales colabora la empresa privada con el gobierno para desarrollar proyectos económicos. Actualmente los dueños de las fincas de valor añadido se están reuniendo en la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, para tratar de delinear estrategias que permitan el desarrollo pleno de estas propiedades. La información que existe del gobierno es que no se han comenzado a diseñar los planos para darle acceso y servicios a estas fincas para que tengan utilidad para los empresarios, y tampoco existe dinero suficiente separado para estos menesteres. La urgencia que plantea este problema es que la segunda etapa del puerto de las Américas quedará concluida en el término de 19 meses, y en ese término deben estar listas las áreas de valor añadido para que comience la proliferación de empresas que darán los empleos que necesita esta región. Por ende, es indispensable buscar nuevas maneras de trabajar este asunto mediante la colaboración entre el Estado y la empresa privada.
En conversaciones con los líderes de las gestas del desarrollo del Puerto, particularmente con el Ingeniero Ramón Torres Morales y la Sra. Elena Colón Parrilla, Presidenta del Comité del Puerto de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, se han ido forjando la idea de que se cree una Ley de Incentivos Contributivos para toda empresa o inversionista que quiera construir fábricas, instalaciones de infraestructura, carreteras, conexiones eléctricas, de acueductos o de telecomunicaciones, para darle viabilidad a las zonas de valor añadido, y que reciba entonces un crédito contributivo negociable que le permita recobrar su inversión de manera razonable. Se plantea que se cree una Ley similar a la Ley 212, que hasta el presente, ha sido un éxito en el desarrollo de proyectos en el casco histórico, aunque exista un problema serio con la interpretación reglamentaria del Departamento de Hacienda, que ha paralizado la efectividad de la Ley. No obstante, durante el tiempo que la Ley 212 funcionó sin la intervención del Departamento de Hacienda, fue un éxito y logró la inversión de decenas de millones de dólares en el casco histórico ponceño.
Por tanto, se propone la creación de una Ley de Incentivos Contributivos para recompensar la inversión privada en las áreas de valor añadido. Si se le concede un crédito contributivo a cualquier persona que invierta materiales y mano de obra en proyectos de infraestructura de las zonas de valor añadido, no tengo la menor duda de que habrá una explosión de interés y de inversión que apoyará al gobierno en su responsabilidad de llevar al máximo el desarrollo del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.
En el Segundo Simposio del Puerto, que se celebrará el próximo 4 de mayo se discutirá en más detalles esta iniciativa.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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