Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La clase política puertorriqueña no se ha enterado del proceso de desindustrialización donde se está desmantelando aceleradamente el aparato productivo basado en la manufactura. El proceso normal era que las compañías locales y extranjeras que se dedican a desarmar y vender los equipos y piezas industriales, las recibían para almacenamiento y venta a consignación, de forma que la planta manufacturera recuperaba parte del costo cuando se vendiera el artículo. Sin embargo, hoy en día muchas compañías prefieren regalar los equipos y piezas al que las desmantele y se las lleve, pues les resulta mucho más económico que pagar almacenamiento y esperar una venta o uso posterior. La deindustrialización nos ha llevado a niveles de derrumbe económico estructural y de dependencia económica nunca antes vistos.
A pesar de este escenario, los políticos del gobierno central y con contadas excepciones, también los del Sur, quienes no hacen ni dicen nada sin preguntar o pedir permiso al gobierno central o al partido, están derrochando el tiempo en pequeñas e inconsecuentes luchas, actividades o en planteamientos ridículos y alocados, que no permiten la indispensable reconversión industrial basada en el Puerto y el Aeropuerto Mercedita para sacar a Puerto Rico del atolladero.
1. El desarrollo del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago sigue en precario. Ya el contrato no va a estar listo para el mes de julio como se prometió. Tenemos al Secretario de Desarrollo Económico a estas alturas asesorándose sobre cómo culminar el proceso de negociación. Esto ocurre por no haber querido nombrar como Director Ejecutivo al Ing. Ramón Torres Morales, quien desarrolló el conocimiento, experiencia y la base conceptual para llegar al mejor acuerdo con UCW América.
2. Por otro lado, fracasó la estrategia del gobierno central de apoderarse del Puerto nombrando a dos miembros de la Junta de Directores del Puerto para tener la mayoría para escoger a otro Director Ejecutivo. En esta lucha de poder por el control de la Junta de Directores del Puerto, Fortuño no ha cumplido la promesa que le hizo a la Alcaldesa de nombrar al Ing. Pedro Gómez en la Junta de Directores; por tanto, también se encuentra en precario el que se nombre al puesto de Directora Ejecutiva a la candidata de la Alcaldesa. Cada una de esas estrategias y reyertas políticas han ido atrasando el proceso y sólo han permitido que en siete meses la Junta del Puerto se haya reunido dos veces.
3. A pesar de haber tenido en las manos la oportunidad única de asignarle fondos del plan de Obama al Puerto y a la infraestructura de valor añadido, todas las gestiones se quedaron en una simple carta que escribió la Alcaldesa. El presidente de la Junta de Directores del Puerto y Secretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, pertenece a todas las entidades, juntas y organismos que tienen que ver con los fondos, y no se preocupó, ni le importó asignar una partida, aunque fuera mínima, para el desarrollo del Puerto.
4. El Aeropuerto Internacional Mercedita sigue en un proceso de implosión dirigido por el Director de Puertos Sr. Alvaro Pilar. Primero, quiere escaparse del acuerdo que está en una sentencia que permite la expansión de la pista; se opone a que el aeropuerto pase al Municipio de Ponce; no tiene fondos ni proyectos para expandir el terminal y los hangares para permitir carga internacional; y, no hay forma de expandir el volumen de vuelos, porque no ha logrado que la aduana e inmigración federal ofrezcan servicio fuera de horas laborables.
Inacción ante la Desindustrialización, esa parece ser la realidad de la generalidad de la clase política de turno. Estamos en peligro claro e inminente de que el Sur pierda su única oportunidad histórica de desarrollo sostenido y sustentable.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
Boletín Del Derecho y Del Revés
miércoles, 15 de julio de 2009
EL PRINCIPIO DE PETER
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
En un famoso libro de 1969, The Peter Principle, el pedagogo canadiense Lawrence G. Peter elaboró un principio fundamental que puede resumirse de la siguiente manera: En una jerarquía laboral o política las personas tienden a ascender una y otra vez hasta que llegan a su nivel máximo de incompetencia. Esto trae como conclusión el que nunca se debe ascenderse a un empleado a un trabajo o a una persona a un cargo público, para el cual no estén cualificados.
Este Principio de Peter está muy relacionado a la conocida Ley de Murphy, del Ing. Edward A. Murphy Jr., quien en 1949 estipuló que “si hay más de una forma de hacer un trabajo y una de ellas culminará en desastre, alguien lo hará de esa manera” o dicho en forma sencilla "si algo puede salir mal, saldrá mal". Ambas leyes también tienen mucho que ver con la Ley de Parkinson del estudioso de la burocracia británica Cyril Northcote Parkinson, que en 1957 estableció que "el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine". Un trabajo va a tomar todo el tiempo que se le haya concedido. Es decir, que si para un trabajo se establece un término de seis meses, el trabajo va a durar todo ese tiempo y no va a terminar antes.
Bajo el Principio de Peter, promover o ascender a una persona que hace un buen trabajo en el empleo actual puede llevarlo a la cúspide de su incompetencia. Por ejemplo, una persona que sea muy competente en la redacción de escritos; que investigue muy bien, bosqueje y redacte con precisión, tenga buena ortografía y estilo, puede ganarse el favor de sus superiores. Sin embargo, la manera tradicional de premiar ese tipo de trabajo ha sido ascendiéndolo a otras posiciones, en muchas ocasiones gerenciales. Sin embargo, Peter nos dice, si el ascenso del empleado es hacia un área que no domina o en la que es incompetente, se afecta toda la organización, pues se llega a los niveles máximos de ineficiencia.
Nuestro sistema laboral, tanto privado como gubernamental, depende en gran medida de los ascensos, sin considerar que cada uno de nosotros tiene un conocimiento, una experiencia y unas competencias, tanto personales como sociales, que nos hacen muy efectivos para ciertas tareas, pero que si nos sacan de esos trabajos, nos enfrentamos a una gran probabilidad del fracaso.
Un buen ejemplo del Principio de Peter es cuando una persona que tiene una profesión u oficio, de repente decide hacerse político, función que requiere muchas otras destrezas poco usuales a los oficios y profesiones tradicionales. En muchos casos se hace evidente pronto que este cambio la ha llevado a unos niveles de ineficiencia que la hacen errar constantemente y asemejarse al estereotipo del político incompetente.
El problema con este tipo de persona que asciende a una posición que ni entiende y no puede manejar es que las mismas destrezas que no tiene para hacer la nueva función, nublan su juicio a la hora de contratar a otras personas para hacer tareas gerenciales o para que le asesoren. Los incompetentes con funciones gerenciales o políticas tienden a contratar y rodearse de otras personas incompetentes, porque generalmente no saben cuáles son las destrezas que deben tener y se entroniza la ineficiencia y la falta de competitividad. Es por eso que el tope de muchas organizaciones, incluyendo el gobierno de Puerto Rico, está lleno de incompetencia y mediocridad.
Definitivamente, los principios de Peter, Murphy y Parkinson son la receta para el desastre y tienen que ver mucho con la baja competitividad empresarial de Puerto Rico y la manera burda en que se hace el trabajo en la burocracia gubernamental y el liderato político. No tengo que entrar en ejemplos. Lo que hace falta es buscar soluciones.
Las organizaciones privadas y gubernamentales tienen que contar con mecanismos que permitan manejar el Principio de Peter. Es indispensable que el progreso de los empleados en las plazas se fundamente en aumentos salariales y no meros cambios de posiciones o ascenso en las escalas jerárquicas de las compañías o el gobierno. Uno de estos mecanismos es que exista la oportunidad de que si se asciende a alguien a su nivel de incompetencia, la persona pueda regresar a la plaza que dominaba perfectamente, sin pérdida sustancial de beneficios o salario. Esto obliga al patrono o jefe gubernamental a estar muy seguro en su decisión de ascender. Además, el que sea ascendido y no dé el grado, puede volver a su plaza original sin que sienta el estigma de haber sido degradado en el empleo. Esto por supuesto, requiere de una rigurosidad a la hora de evaluar y ceñirse estrictamente al principio de mérito para evitar discrimen prohibido y tener un sistema laboral justo.
En el gobierno el Principio de Peter puede evitarse si existe el mecanismo de referéndum revocatorio o con el mecanismo de honor de la renuncia. Cuando una persona ordinaria que tiene un oficio o una profesión no relacionada a la política, decide postularse y recibe el favor electoral, existe un enorme riesgo y una alta probabilidad de que alcance su grado máximo de incompetencia. Es por eso que las democracias desarrolladas tienen el mecanismo de referéndum revocatorio donde el pueblo puede escoger vedarle el mandato a un líder. En otras democracias, por factores culturales, existe un decoro personal y político, por eso cuando el funcionario se encuentra en una situación de incompetencia, generalmente renuncia. Puerto Rico necesita implantar ambos mecanismos.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
rolando@bufete-emmanuelli.com
En un famoso libro de 1969, The Peter Principle, el pedagogo canadiense Lawrence G. Peter elaboró un principio fundamental que puede resumirse de la siguiente manera: En una jerarquía laboral o política las personas tienden a ascender una y otra vez hasta que llegan a su nivel máximo de incompetencia. Esto trae como conclusión el que nunca se debe ascenderse a un empleado a un trabajo o a una persona a un cargo público, para el cual no estén cualificados.
Este Principio de Peter está muy relacionado a la conocida Ley de Murphy, del Ing. Edward A. Murphy Jr., quien en 1949 estipuló que “si hay más de una forma de hacer un trabajo y una de ellas culminará en desastre, alguien lo hará de esa manera” o dicho en forma sencilla "si algo puede salir mal, saldrá mal". Ambas leyes también tienen mucho que ver con la Ley de Parkinson del estudioso de la burocracia británica Cyril Northcote Parkinson, que en 1957 estableció que "el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine". Un trabajo va a tomar todo el tiempo que se le haya concedido. Es decir, que si para un trabajo se establece un término de seis meses, el trabajo va a durar todo ese tiempo y no va a terminar antes.
Bajo el Principio de Peter, promover o ascender a una persona que hace un buen trabajo en el empleo actual puede llevarlo a la cúspide de su incompetencia. Por ejemplo, una persona que sea muy competente en la redacción de escritos; que investigue muy bien, bosqueje y redacte con precisión, tenga buena ortografía y estilo, puede ganarse el favor de sus superiores. Sin embargo, la manera tradicional de premiar ese tipo de trabajo ha sido ascendiéndolo a otras posiciones, en muchas ocasiones gerenciales. Sin embargo, Peter nos dice, si el ascenso del empleado es hacia un área que no domina o en la que es incompetente, se afecta toda la organización, pues se llega a los niveles máximos de ineficiencia.
Nuestro sistema laboral, tanto privado como gubernamental, depende en gran medida de los ascensos, sin considerar que cada uno de nosotros tiene un conocimiento, una experiencia y unas competencias, tanto personales como sociales, que nos hacen muy efectivos para ciertas tareas, pero que si nos sacan de esos trabajos, nos enfrentamos a una gran probabilidad del fracaso.
Un buen ejemplo del Principio de Peter es cuando una persona que tiene una profesión u oficio, de repente decide hacerse político, función que requiere muchas otras destrezas poco usuales a los oficios y profesiones tradicionales. En muchos casos se hace evidente pronto que este cambio la ha llevado a unos niveles de ineficiencia que la hacen errar constantemente y asemejarse al estereotipo del político incompetente.
El problema con este tipo de persona que asciende a una posición que ni entiende y no puede manejar es que las mismas destrezas que no tiene para hacer la nueva función, nublan su juicio a la hora de contratar a otras personas para hacer tareas gerenciales o para que le asesoren. Los incompetentes con funciones gerenciales o políticas tienden a contratar y rodearse de otras personas incompetentes, porque generalmente no saben cuáles son las destrezas que deben tener y se entroniza la ineficiencia y la falta de competitividad. Es por eso que el tope de muchas organizaciones, incluyendo el gobierno de Puerto Rico, está lleno de incompetencia y mediocridad.
Definitivamente, los principios de Peter, Murphy y Parkinson son la receta para el desastre y tienen que ver mucho con la baja competitividad empresarial de Puerto Rico y la manera burda en que se hace el trabajo en la burocracia gubernamental y el liderato político. No tengo que entrar en ejemplos. Lo que hace falta es buscar soluciones.
Las organizaciones privadas y gubernamentales tienen que contar con mecanismos que permitan manejar el Principio de Peter. Es indispensable que el progreso de los empleados en las plazas se fundamente en aumentos salariales y no meros cambios de posiciones o ascenso en las escalas jerárquicas de las compañías o el gobierno. Uno de estos mecanismos es que exista la oportunidad de que si se asciende a alguien a su nivel de incompetencia, la persona pueda regresar a la plaza que dominaba perfectamente, sin pérdida sustancial de beneficios o salario. Esto obliga al patrono o jefe gubernamental a estar muy seguro en su decisión de ascender. Además, el que sea ascendido y no dé el grado, puede volver a su plaza original sin que sienta el estigma de haber sido degradado en el empleo. Esto por supuesto, requiere de una rigurosidad a la hora de evaluar y ceñirse estrictamente al principio de mérito para evitar discrimen prohibido y tener un sistema laboral justo.
En el gobierno el Principio de Peter puede evitarse si existe el mecanismo de referéndum revocatorio o con el mecanismo de honor de la renuncia. Cuando una persona ordinaria que tiene un oficio o una profesión no relacionada a la política, decide postularse y recibe el favor electoral, existe un enorme riesgo y una alta probabilidad de que alcance su grado máximo de incompetencia. Es por eso que las democracias desarrolladas tienen el mecanismo de referéndum revocatorio donde el pueblo puede escoger vedarle el mandato a un líder. En otras democracias, por factores culturales, existe un decoro personal y político, por eso cuando el funcionario se encuentra en una situación de incompetencia, generalmente renuncia. Puerto Rico necesita implantar ambos mecanismos.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
miércoles, 1 de julio de 2009
NEGOCIACIÓN DE PRINCIPIOS: DOS MÁS DOS NO SUMAN CUATRO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago (APA) está compuesta por funcionarios del gobierno central, alcaldes y representantes del interés privado. La Junta de Directores tiene la función de establecer las políticas generales y tomar las decisiones que vinculan contractualmente a la APA. Es esta Junta de Directores la que decidió correctamente que el Puerto de Las Américas es un puerto de trasbordo internacional con zona libre y valor añadido.
Dentro de la estructura de la Junta de Directores hace falta un brazo ejecutivo. Es decir, una persona que ejecute las políticas y órdenes de la Junta. Esta persona es el director o la directora ejecutiva. El director o directora ejecutiva tiene cierto grado de discreción, pero tiene que actuar siempre conforme a las instrucciones específicas que ha dado la Junta de Directores. Quienes mandan en una corporación son los directores. El director ejecutivo, es un empleado que ejecuta las órdenes. Si lo hace bien, la Junta de Directores puede alcanzar sus objetivos. Si no lo hace bien, por falta de información, ignorancia, dejadez, falta de relaciones profesionales o públicas, la Junta no va a poder alcanzar sus metas y objetivos.
Desde que empezó el año, la alcaldesa Dra. María Meléndez Altieri se percató de que la Junta de Directores y la comunidad sureña estaban satisfechas con el trabajo que había realizado el Ing. Ramón Torres Morales como Director Ejecutivo de la APA. Por esta razón, trató de alterar el balance de poder en la Junta y recomendó para Directores a dos personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista a los fines de poder tener una mayoría que le permitiera nombrar como directora ejecutiva a su persona preferida. Con esta propuesta, la Alcaldesa tendría en la Junta a los funcionarios del gobierno y los dos nuevos directores, que junto a su voto, constituirían una clara mayoría para nombrar a la Directora Ejecutiva. Evidentemente, la ecuación de la Alcaldesa contaba con el apoyo del gobierno central. Apoyo que es evidente no se materializó.
Lo que no estuvo presente en el cálculo de la Sra. Alcaldesa es que el gobierno central tiene interés en acaparar el poder de la Junta de Directores a los fines de nombrar una persona que le responda como director ejecutivo al Gobernador Fortuño y de esa manera, secuestrar el Puerto de Las Américas para los intereses del norte. Por esa razón fue que el Secretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, sin encomendarse a nadie y sin avisarle previamente a la Alcaldesa ni al Senador Larry Seilhamer, les echó un balde de agua fría en la Comisión Total del Senado del 29 de mayo de 2009, al anunciar los nombramientos a la Junta del Dr. Carlos Dundee Martínez y del Lcdo. Paul Calvesbert.
Mientras tanto, todo este forcejeo político ha ocasionado que la Junta del Puerto se haya reunido sólo dos veces en lo que va de año, que todavía no cuente con un director ejecutivo y que no se tenga idea del estado de las negociaciones con el operador, ni fecha cierta para el comienzo de los trabajos del Puerto.
Para complicar esta situación, sorpresivamente, la Alcaldesa aceptó que Pérez Riera fuera el presidente de la Junta de Directores en contra de la idea del Senador Seilhamer de que ella fuera la presidenta de la Junta y fue entonces a negociar las posiciones de la Junta de Directores con el gobernador Fortuño y con el Secretario Pérez Riera.
No cabe duda de que los principios y las prerrogativas del Puerto de las Américas, de Ponce y la Región Sur no deben ser negociables. Cuando se negocian los principios, siempre hay pérdidas. Lo que el Pueblo pide es la defensa férrea de los principios, no su negociación perdidosa.
Bajo la negociación, la Alcaldesa aceptó que se nombrara a Paul Calvesbert y al Dr. Carlos Dundee Martínez como miembros de la Junta y que luego se nombraría al Ing. Pedro Gómez, uno de sus recomendados, para que ocupe la plaza vencida del Sr. Arturo Valdelluly. Bajo esa propuesta de transacción, se le permitiría a la Alcaldesa que se nombrara a Ronda Castillo como Directora Ejecutiva del Puerto.
Lamentablemente, bajo esta negociación de principios dos más dos no suman cuatro. En primer término hay que reiterar que los que mandan en una junta de directores son los directores y no el director o directora ejecutiva. Por ende, la alcaldesa cedió dos jefes al norte a cambio de tener una empleada, y que tampoco cuenta con el reconocimiento y el endoso de las fuerzas activas sureñas. A la Alcaldesa le prometieron que iban a designar al Ing. Pedro Gómez para ocupar la plaza de Arturo Valdelluly. Sin embargo, a esta hora ese nombramiento no se ha efectuado. No me sorprendería que nunca se efectúe. Además, con este nombramiento están sustituyen un ponceño con otro ponceño. No hay ganancia para Ponce y el Sur, y todo se cancela, por ende, el resultado neto es cero.
Las negociaciones que ha llevado a cabo la Dra. María Meléndez Altieri llegan al saldo de que el norte tendrá dos nuevos miembros en la junta que son jefes de la persona que la Alcaldesa quiere que sea la directora ejecutiva. El balance de poder definitivamente se fue al norte y la ganancia de Ponce y la Región Sur será cero.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
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La Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago (APA) está compuesta por funcionarios del gobierno central, alcaldes y representantes del interés privado. La Junta de Directores tiene la función de establecer las políticas generales y tomar las decisiones que vinculan contractualmente a la APA. Es esta Junta de Directores la que decidió correctamente que el Puerto de Las Américas es un puerto de trasbordo internacional con zona libre y valor añadido.
Dentro de la estructura de la Junta de Directores hace falta un brazo ejecutivo. Es decir, una persona que ejecute las políticas y órdenes de la Junta. Esta persona es el director o la directora ejecutiva. El director o directora ejecutiva tiene cierto grado de discreción, pero tiene que actuar siempre conforme a las instrucciones específicas que ha dado la Junta de Directores. Quienes mandan en una corporación son los directores. El director ejecutivo, es un empleado que ejecuta las órdenes. Si lo hace bien, la Junta de Directores puede alcanzar sus objetivos. Si no lo hace bien, por falta de información, ignorancia, dejadez, falta de relaciones profesionales o públicas, la Junta no va a poder alcanzar sus metas y objetivos.
Desde que empezó el año, la alcaldesa Dra. María Meléndez Altieri se percató de que la Junta de Directores y la comunidad sureña estaban satisfechas con el trabajo que había realizado el Ing. Ramón Torres Morales como Director Ejecutivo de la APA. Por esta razón, trató de alterar el balance de poder en la Junta y recomendó para Directores a dos personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista a los fines de poder tener una mayoría que le permitiera nombrar como directora ejecutiva a su persona preferida. Con esta propuesta, la Alcaldesa tendría en la Junta a los funcionarios del gobierno y los dos nuevos directores, que junto a su voto, constituirían una clara mayoría para nombrar a la Directora Ejecutiva. Evidentemente, la ecuación de la Alcaldesa contaba con el apoyo del gobierno central. Apoyo que es evidente no se materializó.
Lo que no estuvo presente en el cálculo de la Sra. Alcaldesa es que el gobierno central tiene interés en acaparar el poder de la Junta de Directores a los fines de nombrar una persona que le responda como director ejecutivo al Gobernador Fortuño y de esa manera, secuestrar el Puerto de Las Américas para los intereses del norte. Por esa razón fue que el Secretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, sin encomendarse a nadie y sin avisarle previamente a la Alcaldesa ni al Senador Larry Seilhamer, les echó un balde de agua fría en la Comisión Total del Senado del 29 de mayo de 2009, al anunciar los nombramientos a la Junta del Dr. Carlos Dundee Martínez y del Lcdo. Paul Calvesbert.
Mientras tanto, todo este forcejeo político ha ocasionado que la Junta del Puerto se haya reunido sólo dos veces en lo que va de año, que todavía no cuente con un director ejecutivo y que no se tenga idea del estado de las negociaciones con el operador, ni fecha cierta para el comienzo de los trabajos del Puerto.
Para complicar esta situación, sorpresivamente, la Alcaldesa aceptó que Pérez Riera fuera el presidente de la Junta de Directores en contra de la idea del Senador Seilhamer de que ella fuera la presidenta de la Junta y fue entonces a negociar las posiciones de la Junta de Directores con el gobernador Fortuño y con el Secretario Pérez Riera.
No cabe duda de que los principios y las prerrogativas del Puerto de las Américas, de Ponce y la Región Sur no deben ser negociables. Cuando se negocian los principios, siempre hay pérdidas. Lo que el Pueblo pide es la defensa férrea de los principios, no su negociación perdidosa.
Bajo la negociación, la Alcaldesa aceptó que se nombrara a Paul Calvesbert y al Dr. Carlos Dundee Martínez como miembros de la Junta y que luego se nombraría al Ing. Pedro Gómez, uno de sus recomendados, para que ocupe la plaza vencida del Sr. Arturo Valdelluly. Bajo esa propuesta de transacción, se le permitiría a la Alcaldesa que se nombrara a Ronda Castillo como Directora Ejecutiva del Puerto.
Lamentablemente, bajo esta negociación de principios dos más dos no suman cuatro. En primer término hay que reiterar que los que mandan en una junta de directores son los directores y no el director o directora ejecutiva. Por ende, la alcaldesa cedió dos jefes al norte a cambio de tener una empleada, y que tampoco cuenta con el reconocimiento y el endoso de las fuerzas activas sureñas. A la Alcaldesa le prometieron que iban a designar al Ing. Pedro Gómez para ocupar la plaza de Arturo Valdelluly. Sin embargo, a esta hora ese nombramiento no se ha efectuado. No me sorprendería que nunca se efectúe. Además, con este nombramiento están sustituyen un ponceño con otro ponceño. No hay ganancia para Ponce y el Sur, y todo se cancela, por ende, el resultado neto es cero.
Las negociaciones que ha llevado a cabo la Dra. María Meléndez Altieri llegan al saldo de que el norte tendrá dos nuevos miembros en la junta que son jefes de la persona que la Alcaldesa quiere que sea la directora ejecutiva. El balance de poder definitivamente se fue al norte y la ganancia de Ponce y la Región Sur será cero.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
sábado, 27 de junio de 2009
Senado confirma por descargue el nombramiento del Dr. Carlos Dundee Martínez en la Junta del Puerto de las Américas
Ser sureño es condición necesaria pero no suficiente para ocupar puestos estratégicos en el proyecto más importante de la Región Sur. Además de sureño, el nominado debe contar con cualificaciones determinantes para estar en la Junta del Puerto Las Américas. No es racional nombrar a una persona a esa junta que no conoce ni tiene experiencia alguna relacionada con un puerto de transbordo internacional con zona libre y valor añadido.
Lamentablemente, nadie pudo explicar cómo el Dr. Dundee Martínez podía aportar al proceso decisional de la Junta de la Autoridad del Puerto. Este trabajo tenía que hacerlo el gobernador y sólo lo hizo para el Lcdo. Calversbert. Nombramiento que está pendiente y con serias objeciones por apariencia de conflicto de intereses.
Por esas razones, la Cámara de Comercio del Sur y la Alianza Pro Sur se opusieron a los dos nombramientos.
Lamentablemente, en cuanto al Dr. Dundee Martínez, lo acaban de confirmar, por descargue, sin vistas públicas ni oportunidad de ponencias, con el voto en contra de los Senadores Larry Seilhamer y Luis Berdiel junto a la delegación Popular.
Esto reitera las serias dudas que había con su nombramiento.
Otra vez el Sur y el Puerto de Las Américas sufrieron un atropello.
De todos modos, felicitamos la valentía de los Senadores Seilhamer y Luis Berdiel que enfrentaron a su propio partido y al Presidente del Senado en defensa de los intereses del Sur y del Puerto de Las Américas. Deben dar la misma batalla, pero con éxito, en contra del nombramiento del Lcdo. Calversbert.
Rolando Emmanuelli Jiménez
Lamentablemente, nadie pudo explicar cómo el Dr. Dundee Martínez podía aportar al proceso decisional de la Junta de la Autoridad del Puerto. Este trabajo tenía que hacerlo el gobernador y sólo lo hizo para el Lcdo. Calversbert. Nombramiento que está pendiente y con serias objeciones por apariencia de conflicto de intereses.
Por esas razones, la Cámara de Comercio del Sur y la Alianza Pro Sur se opusieron a los dos nombramientos.
Lamentablemente, en cuanto al Dr. Dundee Martínez, lo acaban de confirmar, por descargue, sin vistas públicas ni oportunidad de ponencias, con el voto en contra de los Senadores Larry Seilhamer y Luis Berdiel junto a la delegación Popular.
Esto reitera las serias dudas que había con su nombramiento.
Otra vez el Sur y el Puerto de Las Américas sufrieron un atropello.
De todos modos, felicitamos la valentía de los Senadores Seilhamer y Luis Berdiel que enfrentaron a su propio partido y al Presidente del Senado en defensa de los intereses del Sur y del Puerto de Las Américas. Deben dar la misma batalla, pero con éxito, en contra del nombramiento del Lcdo. Calversbert.
Rolando Emmanuelli Jiménez
Oposición sureña a designaciones realizadas por Fortuño a la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto Las Américas
COMUNICADO DE PRENSA
27 de junio de 2009
Contacto: Sandra Caro – Sandra Caro Public Relations, PSC
Tel: (787) 479-1062
Correo electrónico: sandra@sandracaropr.com
Oposición sureña a designaciones realizadas por Fortuño a la
Junta de Directores de la Autoridad del Puerto Las Américas
Ponce - Los presidentes de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y Alianza de Profesionales por el Sur (Alianza Pro Sur), Dra. Elena Colón Parrilla y Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, manifestaron hoy su oposición a las designaciones realizadas por el gobernador Luis Fortuño Burcet a la Junta de Directores de la Autoridad del Puerto Las Américas ya que no toman en cuenta la recomendación de sectores sureños de nombrar personas vinculadas y leales a la Región Sur que entiendan las particularidades de desarrollo socioeconómico del Puerto y de la Región Sur.
El gobernador Luis Fortuño Burcet nombró al Lcdo. Paul Calvesbert y al Dr. Carlos Dundee Martínez para ocupar dos plazas vacantes en la Junta del Puerto Las Américas.
De acuerdo con los opositores, el Lcdo. Paul Calvesbert se ha desempeñado como abogado litigante representando intereses marítimos relacionados al Puerto de San Juan lo que representa intereses encontrados con la operación del Puerto Las Américas, ya que al igual que en el Puerto de San Juan, manejará carga mediante contenedores.
“Es evidente que el Puerto de San Juan y el Puerto Las Américas tienen que dividirse un mercado de contenedores local, y el hecho de que el Lcdo. Calvesbert sea representante legal de esos intereses navieros lo ubica en una posición de apariencia de conflicto de intereses al poder tomar determinaciones dentro de la Junta de Directores del Puerto Las Américas que podrían no beneficiar a la Región Sur”, expresó Emmanuelli.
Por otro lado, Emmanuelli Jiménez alegó que el Dr. Carlos Dundee Martínez es un odontólogo de profesión, que ha estado desvinculado a la ciudad de Ponce por decenas de años y que no tiene experiencia ni conocimiento relacionado a los manejos de un puerto.
“La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y Alianza de Profesionales por el Sur (Alianza Pro Sur), se oponen a que estos dos nombramientos sean aprobados por el Senado de Puerto Rico. De igual forma reiteramos nuevamente nuestra solicitud al gobernador para que la presidencia de la Cámara de Comercio del Sur tenga una silla en la Junta de Directores del Puerto Las Américas, ya que esta organización representa a más de quinientos empresarios que ven el Puerto Las Américas como una herramienta de desarrollo socioeconómico”, acotó Colón Parrilla.
Por otro lado, las dos organizaciones sureñas recomiendan la aprobación del proyecto del Senador Larry Seilhamer que propone que los miembros de la Junta de Directores del sector privado sean residentes bonafide de la Región Sur.
También reclaman que se aclare, en la Ley del Puerto, que la Junta de Directores no debe contar con un representante del Departamento de Desarrollo Económico y otro de PRIDCO, porque representan dos votos de una misma agencia o sector, ya que el Secretario de Desarrollo Económico y el Director de PRIDCO son jefe y subalterno respectivamente. Finalmente denuncian que la Autoridad del Puerto Las Américas es la única corporación pública que no tiene un jefe de agencia en estos momentos y ambas organizaciones respaldan que sea el Ing. Ramón Torres Morales quien ocupe la Dirección de esta Agencia.
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico es una organización empresarial centenaria que agrupa más de quinientos empresarios de la Región Sur. La Alianza de Profesionales por el Sur, Alianza Pro Sur, es un grupo de cinco profesionales en diferentes campos que se dedican a materializar proyectos de desarrollo económico relacionados al Puerto de Las Américas.
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miércoles, 24 de junio de 2009
LA TRAGICOMEDIA DE LA LEY 212: ERRORES Y HORRORES
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
24 de junio de 2009
La Ley 212 del 2002, concede créditos contributivos por mano de obra y materiales a los que inviertan dinero en proyectos de construcción en los cascos urbanos. La Ley hace viables los proyectos porque permite que el banco que financia la construcción compre el crédito y lo pueda aplicar a la hipoteca, reduciendo sustancialmente los costos de financiamiento. Bajo esta Ley se han invertido decenas de millones de dólares en proyectos meritorios de revitalización del centro histórico Ponceño. Actualmente existen varios proyectos terminados esperando por el crédito contributivo, decenas de proyectos en etapas de construcción que dependen del crédito contributivo para su viabilidad, y 148 proyectos en diferentes etapas de concepción, diseño, permisos o financiamiento, con una inversión privada planeada de $155.6 millones.
Estos tres escenarios de inversión y esperanza de crecimiento se fueron abajo con la aprobación de la Ley 7 del 9 de marzo de 2009, conocida como la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal. La Ley 7 estableció una moratoria en la consideración u otorgación de incentivos contributivos bajo la Ley 212. Esto interrumpió inmediatamente cualquier empeño de invertir un centavo en nuestro centro histórico, lo que representa un rudo golpe a las aspiraciones de crecimiento económico de la ciudad de Ponce.
Como la Ley 7 se aprobó a la carrera, se construyó una Torres de Babel, pues a pesar de la intención de paralizar el crédito contributivo de los cascos urbanos, se equivocaron, y el que afectaron fue el de las obras de infraestructura. Al percatarse de este error, el Secretario de Hacienda decidió, sin encomendarse a nadie, determinar que aunque la Ley 7 no estaba afectando el incentivo de los cascos urbanos, él lo iba a paralizar de todos modos. Esta determinación la hizo por encima de la Ley, y nadie lo ha reprendido hasta el presente, a pesar de todas las gestiones y advertencias que se han hechos de que esa acción es ilegal y gravemente perjudicial.
Los proponentes de proyectos de Ley 212 y los líderes políticos regionales, iniciaron entonces una serie de confusas gestiones para enfrentar el dilema de un estado de derecho claro sobre qué crédito contributivo se había paralizado, pero con la oposición y amargura de personas con poder político descomedidas y con la ofuscación de la impunidad.
Este dilema creo dos teorías de cursos de acción, uno ingenuo que planteaba que el Secretario de Hacienda tenía que obedecer la Ley como estaba; y otro realista, pero cuesta arriba, que planteaba que la Ley debía enmendarse para evitar el efecto retroactivo de la paralización del crédito y para fortalecer el lenguaje de protección al incentivo de cascos urbanos.
Los proponentes de proyectos se han reunido bajo el auspicio del corredor de bienes raíces Abraham García, y se ha recibido en varias ocasiones a líderes políticos que incluyen al Senador Larry Seilhamer, la Alcaldesa Dra. María Meléndez Altieri y los Representantes Luis “Tato” León, Salvador Vassallo y Luis Farinacci. Todos los debates bizantinos sobre el curso de acción a seguir para enfrentar el dilema de la Ley versus el Secretario de Hacienda no han conseguido una solución satisfactoria al ser inefectivos por trivialidades que incluyen ingenuidad, intriga, rivalidades, mentiras y mera ignorancia. Todo parece circunscribirse a marginalidades del tema, olvidándose de que la unión firme y valiente de todos los sectores sureños es indispensable para defenderse de este ataque del poder político del norte. Lamentablemente, a solo días de que termine la Sesión Legislativa el 30 de junio de 2009, todavía no existe certeza sobre qué va a pasar con la Ley 212.
La relación entre la Ley 7 y la Ley 212 es una tragicomedia de errores y horrores. En el centro del problema está el error legislativo de querer una cosa y aprobar otra, junto a un Secretario de Hacienda que no respeta lo que dice la Ley. Por un lado, los legisladores electos por el Partido Nuevo Progresista en la Región Sur votaron a favor de la Ley 7, que paraliza la Ley 212; por otro lado, ahora todos están haciendo gestiones desesperadas para que se corrija este problema. Por arriba, la Alcaldesa Dr. María Meléndez Altieri dice que la Ley 7 no debe enmendarse, pero no plantea cómo hacer que el Secretario de Hacienda la obedezca; y por abajo, entre dos aguas contradictorias, los proponentes de proyectos abogan porque se enmiende la Ley para que se evite la incertidumbre y la banca vuelva a confiar protegiendo los tres escenarios de inversión.
Si no se corrige el problema de la Ley 212 antes del 30 de junio de 2009, se profundizará la crisis económica que sufre el Municipio de Ponce y se malograrán las posibilidades de desarrollo de nuestra Región Sur. Es indispensable un esfuerzo final y contundente de unidad y de estruendo de todos los sectores para que se enmiende la Ley 7 de manera que fortalezca la Ley 212 y puedan salvarse todos los escenarios de inversión. A saber, los proyectos con certificado de elegibilidad de la Oficina de Ordenación Territorial, los que están en construcción y los ya terminados.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
rolando@bufete-emmanuelli.com
24 de junio de 2009
La Ley 212 del 2002, concede créditos contributivos por mano de obra y materiales a los que inviertan dinero en proyectos de construcción en los cascos urbanos. La Ley hace viables los proyectos porque permite que el banco que financia la construcción compre el crédito y lo pueda aplicar a la hipoteca, reduciendo sustancialmente los costos de financiamiento. Bajo esta Ley se han invertido decenas de millones de dólares en proyectos meritorios de revitalización del centro histórico Ponceño. Actualmente existen varios proyectos terminados esperando por el crédito contributivo, decenas de proyectos en etapas de construcción que dependen del crédito contributivo para su viabilidad, y 148 proyectos en diferentes etapas de concepción, diseño, permisos o financiamiento, con una inversión privada planeada de $155.6 millones.
Estos tres escenarios de inversión y esperanza de crecimiento se fueron abajo con la aprobación de la Ley 7 del 9 de marzo de 2009, conocida como la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal. La Ley 7 estableció una moratoria en la consideración u otorgación de incentivos contributivos bajo la Ley 212. Esto interrumpió inmediatamente cualquier empeño de invertir un centavo en nuestro centro histórico, lo que representa un rudo golpe a las aspiraciones de crecimiento económico de la ciudad de Ponce.
Como la Ley 7 se aprobó a la carrera, se construyó una Torres de Babel, pues a pesar de la intención de paralizar el crédito contributivo de los cascos urbanos, se equivocaron, y el que afectaron fue el de las obras de infraestructura. Al percatarse de este error, el Secretario de Hacienda decidió, sin encomendarse a nadie, determinar que aunque la Ley 7 no estaba afectando el incentivo de los cascos urbanos, él lo iba a paralizar de todos modos. Esta determinación la hizo por encima de la Ley, y nadie lo ha reprendido hasta el presente, a pesar de todas las gestiones y advertencias que se han hechos de que esa acción es ilegal y gravemente perjudicial.
Los proponentes de proyectos de Ley 212 y los líderes políticos regionales, iniciaron entonces una serie de confusas gestiones para enfrentar el dilema de un estado de derecho claro sobre qué crédito contributivo se había paralizado, pero con la oposición y amargura de personas con poder político descomedidas y con la ofuscación de la impunidad.
Este dilema creo dos teorías de cursos de acción, uno ingenuo que planteaba que el Secretario de Hacienda tenía que obedecer la Ley como estaba; y otro realista, pero cuesta arriba, que planteaba que la Ley debía enmendarse para evitar el efecto retroactivo de la paralización del crédito y para fortalecer el lenguaje de protección al incentivo de cascos urbanos.
Los proponentes de proyectos se han reunido bajo el auspicio del corredor de bienes raíces Abraham García, y se ha recibido en varias ocasiones a líderes políticos que incluyen al Senador Larry Seilhamer, la Alcaldesa Dra. María Meléndez Altieri y los Representantes Luis “Tato” León, Salvador Vassallo y Luis Farinacci. Todos los debates bizantinos sobre el curso de acción a seguir para enfrentar el dilema de la Ley versus el Secretario de Hacienda no han conseguido una solución satisfactoria al ser inefectivos por trivialidades que incluyen ingenuidad, intriga, rivalidades, mentiras y mera ignorancia. Todo parece circunscribirse a marginalidades del tema, olvidándose de que la unión firme y valiente de todos los sectores sureños es indispensable para defenderse de este ataque del poder político del norte. Lamentablemente, a solo días de que termine la Sesión Legislativa el 30 de junio de 2009, todavía no existe certeza sobre qué va a pasar con la Ley 212.
La relación entre la Ley 7 y la Ley 212 es una tragicomedia de errores y horrores. En el centro del problema está el error legislativo de querer una cosa y aprobar otra, junto a un Secretario de Hacienda que no respeta lo que dice la Ley. Por un lado, los legisladores electos por el Partido Nuevo Progresista en la Región Sur votaron a favor de la Ley 7, que paraliza la Ley 212; por otro lado, ahora todos están haciendo gestiones desesperadas para que se corrija este problema. Por arriba, la Alcaldesa Dr. María Meléndez Altieri dice que la Ley 7 no debe enmendarse, pero no plantea cómo hacer que el Secretario de Hacienda la obedezca; y por abajo, entre dos aguas contradictorias, los proponentes de proyectos abogan porque se enmiende la Ley para que se evite la incertidumbre y la banca vuelva a confiar protegiendo los tres escenarios de inversión.
Si no se corrige el problema de la Ley 212 antes del 30 de junio de 2009, se profundizará la crisis económica que sufre el Municipio de Ponce y se malograrán las posibilidades de desarrollo de nuestra Región Sur. Es indispensable un esfuerzo final y contundente de unidad y de estruendo de todos los sectores para que se enmiende la Ley 7 de manera que fortalezca la Ley 212 y puedan salvarse todos los escenarios de inversión. A saber, los proyectos con certificado de elegibilidad de la Oficina de Ordenación Territorial, los que están en construcción y los ya terminados.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
sábado, 20 de junio de 2009
ZONA LIBRE DEL SUR: HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
En la década de los treinta, Estados Unidos atravesó por una depresión económica que puso el sistema capitalista al borde del colapso. Muchas de las medidas económicas que han resultado en el Estado Benefactor que vivimos en nuestros tiempos se implantaron en esa época de crisis. Las reformas impactaron a los sectores sociales, económicos y al comercio internacional. En esa época surgió el concepto de la zona libre que en términos generales permite la importación y exportación de productos extranjeros sin pagar derechos de aduana. A estos beneficios iniciales se le han sumado una serie de incentivos contributivos que son la base económica del éxito de la Zona Libre del Sur y la expectativa de que se convierta en una herramienta esencial para el desarrollo de la actividad económica alredor del Puerto de las Américas.
Hoy vivimos una situación de crisis global de grandes proporciones que rivaliza con la Gran Depresión de los Años 30. Se impone revisar todas las herramientas que posibiliten la activación del comercio y la economía para lograr la mayor eficiencia y competitividad. La Zona Libre del Sur representa entonces una gran oportunidad.
La Zona Libre del Sur es una entidad que opera como una corporación creada en Ponce bajo la Ley de Municipios Autónomos que mediante la autorización del Departamento de Comercio Federal puede permitir que los empresarios de todo Puerto Rico se beneficien de ventajas logísticas, exenciones contributivas de aduanas y sobre la propiedad mueble (CRIM). Estos beneficios permiten unos ahorros en los costos de operación que aumentan la competitividad y supervivencia de nuestras empresas.
Los exenciones de la Zona Libre del Sur crean una gran oportunidad de negocios para las compañías que decidan importar y exportar productos porque pueden multiplicar su eficiencia operacional y de costos al sumarle las ventajas estratégicas y de logística que ofrece el Puerto de Ponce.
El modelo de desarrollo económico del Puerto de Las Américas se complementa con la Zona Libre del Sur, pues el primer paso de desarrollo es la creación de centros de distribución que importen productos de Asia y Europa, los cuales con o sin valor añadido, se exportarán al resto de Latinoamérica. Por tanto, un empresario que quiera aprovecharse de esta combinación del Puerto de Las Américas y la Zona Libre del Sur, puede conseguir líneas de productos extranjeros que sean necesarias para los países hermanos de Latinoamérica y podría establecer los almacenes para su distribución bajo los auspicios de la Zona Libre del Sur. De esta manera los productos que entran al país y que luego se exportan para Latinoamérica no pagaría derechos de aduana ni contribución sobre la propiedad mueble. Estos beneficios abaratarían los costos y maximizarían las operaciones de los centros de distribución.
La Zona Libre del Sur está disponible para cualquier empresario local que tenga importaciones y exportaciones. Los beneficios que se obtienen pueden ser la diferencia entre continuar operando y crecer o tener que cerrar operaciones. Le exhortamos a todos los empresarios a comunicarse con la Zona Libre del Sur para que indaguen cómo esta oportunidad puede beneficiar a su negocio. Pueden ver más información en la página www.zonalibredelsur.com.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
rolando@bufete-emmanuelli.com
En la década de los treinta, Estados Unidos atravesó por una depresión económica que puso el sistema capitalista al borde del colapso. Muchas de las medidas económicas que han resultado en el Estado Benefactor que vivimos en nuestros tiempos se implantaron en esa época de crisis. Las reformas impactaron a los sectores sociales, económicos y al comercio internacional. En esa época surgió el concepto de la zona libre que en términos generales permite la importación y exportación de productos extranjeros sin pagar derechos de aduana. A estos beneficios iniciales se le han sumado una serie de incentivos contributivos que son la base económica del éxito de la Zona Libre del Sur y la expectativa de que se convierta en una herramienta esencial para el desarrollo de la actividad económica alredor del Puerto de las Américas.
Hoy vivimos una situación de crisis global de grandes proporciones que rivaliza con la Gran Depresión de los Años 30. Se impone revisar todas las herramientas que posibiliten la activación del comercio y la economía para lograr la mayor eficiencia y competitividad. La Zona Libre del Sur representa entonces una gran oportunidad.
La Zona Libre del Sur es una entidad que opera como una corporación creada en Ponce bajo la Ley de Municipios Autónomos que mediante la autorización del Departamento de Comercio Federal puede permitir que los empresarios de todo Puerto Rico se beneficien de ventajas logísticas, exenciones contributivas de aduanas y sobre la propiedad mueble (CRIM). Estos beneficios permiten unos ahorros en los costos de operación que aumentan la competitividad y supervivencia de nuestras empresas.
Los exenciones de la Zona Libre del Sur crean una gran oportunidad de negocios para las compañías que decidan importar y exportar productos porque pueden multiplicar su eficiencia operacional y de costos al sumarle las ventajas estratégicas y de logística que ofrece el Puerto de Ponce.
El modelo de desarrollo económico del Puerto de Las Américas se complementa con la Zona Libre del Sur, pues el primer paso de desarrollo es la creación de centros de distribución que importen productos de Asia y Europa, los cuales con o sin valor añadido, se exportarán al resto de Latinoamérica. Por tanto, un empresario que quiera aprovecharse de esta combinación del Puerto de Las Américas y la Zona Libre del Sur, puede conseguir líneas de productos extranjeros que sean necesarias para los países hermanos de Latinoamérica y podría establecer los almacenes para su distribución bajo los auspicios de la Zona Libre del Sur. De esta manera los productos que entran al país y que luego se exportan para Latinoamérica no pagaría derechos de aduana ni contribución sobre la propiedad mueble. Estos beneficios abaratarían los costos y maximizarían las operaciones de los centros de distribución.
La Zona Libre del Sur está disponible para cualquier empresario local que tenga importaciones y exportaciones. Los beneficios que se obtienen pueden ser la diferencia entre continuar operando y crecer o tener que cerrar operaciones. Le exhortamos a todos los empresarios a comunicarse con la Zona Libre del Sur para que indaguen cómo esta oportunidad puede beneficiar a su negocio. Pueden ver más información en la página www.zonalibredelsur.com.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
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