Boletín Del Derecho y Del Revés

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sábado, 5 de diciembre de 2009

LA TRAGEDIA DEL PARTIDISMO



Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.


En nuestro pasado artículo discutimos la reforma de nuestro sistema político enfrentando la solución del problema del coloniaje mediante la Asamblea Constitucional de Status.

Paralelamente con la atención de este problema, existen otras contrariedades de naturaleza política que incapacitan nuestra voluntad de actuar en común para alcanzar objetivos indispensables. Por tanto, debemos enfrentar un proceso de diálogo nacional para romperle el espinazo a la perversidad de la política partidista.

Nuestro sistema político está dominado por dos partidos que se alternan el poder, por lo que su razón de existir es administrar el presupuesto; y uno de minoría, que subsiste de elección en elección y tiene como único fin el sostenimiento económico de su infraestructura burocrática.

Para los tres partidos la satisfacción de las necesidades del pueblo está subordinada a mantener sus objetivos primordiales. Alcanzar o mantenerse en el poder los dos de mayoría, y no salir de la nómina electoral el de minoría. Todo lo que amenace esto, está fuera de los límites de su quehacer político. Por eso el PPD se aferra a la idea aberrada del pacto con lo mejor de los dos mundos para mantener sus votos; el PNP afirma que la estadidad es para los pobres para seducir al 60% pobre de la población; y el PIP, prefiere primero inscribirse electoralmente a analizar y actuar sobre las causas de sus graves derrotas electorales en las pasadas dos elecciones. Nada de esto tiene que ver con lo que el Pueblo de Puerto Rico necesita ahora.

Para alcanzar estos objetivos los partidos mayoritarios recaudan dinero de forma legal e ilegal. Por tanto, responden en primer término a los que les dan dinero. Esto ha quedado crudamente demostrado con la imposición violenta de las medidas legislativas y ejecutivas que protegen a los ricos y fastidian a los pobres como lo son la Ley de Cierre; la Ley 7 de despidos y de desmantelamiento de servicios a la sociedad; la usurpación de los terrenos del Caño a las 8 comunidades dueñas; la eliminación del Corredor Ecológico del Noreste; las APP para enriquecer a inversionistas y que el Pueblo pague en exceso por el uso de las autopistas y otras obras de infraestructura; la distorsión y disloque del desarrollo del Puerto de las Américas; la Riviera del Caribe en Ceiba con su "such is life", etc.

La idea cumbre de Fortuño en este afán de beneficiar a los suyos, es que el presupuesto gubernamental que sobre, se reparta entre sus empresarios donantes que mediante la privatización ofrecerán servicios deficientes, motivados por ganancias, y por ende, más caros que los que ofrecían los empleados despedidos.

Los partidos políticos mienten constantemente en sus promesas al Pueblo. "No voy a imponer un IVU", y Aníbal puso el IVU. "No voy a despedir a nadie que no sea Aníbal Acevedo Vilá" y ya Fortuño va a llegar a 20 mil despidos.

No se atreven a tomar decisiones fundamentales por miedo a perder votos. Todos son temerosos de lo que diga el americano y los fundamentalistas. Se encierran en sectas, comisiones y grupúsculos impenetrables en donde impera todo para los míos, y sólo desprecio y exclusión para los otros. Contratan a los suyos aunque no sepan un pepino de los asuntos públicos, y despiden a los anteriores, por si las dudas pertenecen al otro partido, aunque sean los que saben más que nadie sobre los asuntos pertinentes. Cuando alguien que no sea del partido o la secta les tiende la mano, pues le viro la cara, lo declaro non grato o digo que tuvo un mal día.

La cosa empeora cuando los partidos se dividen en sectas, porque existen sectas dentro de los partidos que luchan encarnizadamente, por ejemplo, Roselllistas y Fortuñistas, autonomistas y soberanistas, etc. En esas luchas los partidos se desorientan y hasta pierden sus propios instintos egoístas de supervivencia.

Como la lucha es por un presupuesto, -como una muchedumbre en hambruna por un saco de trigo- los partidistas se enfrentan en combates crudos, torpes y hasta soeces. Cuando se encuentran sus caravanas en las carreteras, los pugilatos son de piedras, palos, puños y bofetás.

Durante el tiempo en que están en el poder, tratan de esquilmar el presupuesto para su beneficio tomando prestado a costa de la sociedad. Cuando Hernández Colón dejó la gobernación, la deuda pública era de 12 mil millones. Ya Fortuño, con la ayuda de sus predecesores, la lleva por encima de 60 mil millones. Eso es impagable. ¿Qué va a pasar cuando los acreedores no puedan esperar por las moratorias y pagos insuficientes del gobierno de Puerto Rico? Pues agárrese en su asiento. Lo pagaremos nosotros, los que no somos ricos ni corporaciones foráneas que se llevan 30 mil millones del país sin pagar contribuciones razonables. Lo pagaremos con nuevos impuestos de la propiedad, de los ingresos y con un IVU del ¡10% o más!

El sistema político puertorriqueño por herencia norteamericana protege constitucionalmente a los partidos políticos. En Puerto Rico se ha llegado al extremo de decir que los escaños y cargos de alcaldes pertenecen a los partidos en vez de al Pueblo cuando muere un legislador o un alcalde. Se muere el Alcalde de mi querido pueblo y no puedo votar por el sucesor porque eso queda en manos del partido. El sistema electoral está controlado por los partidos, por lo que no tenemos verdadera democracia, tenemos una aberrada partidocracia. Vivimos una partidocracia en donde los candidatos piden el voto hasta el 4 de noviembre de cada cuatrienio y luego se creen que se acabó la conversación con el Pueblo hasta las próximas elecciones.

Para colmo de todos los males, cuando el Pueblo se equivoca y elije a un o una incompetente ratificando el Principio de Peter, que postula que una persona puede ser ascendida o electa a su nivel máximo de incompetencia personal o profesional, pues nos lo tenemos que sufrir por cuatro años. Esto ocure porque no existen mecanismos electorales revocatorios ni moral o dignidad política para que el líder entienda cuándo fracasa, y que se impone entonces el deber ineludible de renunciar, para dejar a otro que sepa hacer bien las cosas.

Bajo esta partidocracia, lo único que nos queda a este pacífico Pueblo es protestar masivamente y fuerte, tirar huevos y abuchear enérgicamente cuando se atreven a asomarse a las actividades públicas y deportivas. Ya veremos el abucheo de la década cuando Fortuño inaugure los Juegos Centroamericanos en Mayagüez el año que viene.

El problema del partidismo es muy grave. Pero tiene solución. El Pueblo de Puerto Rico debe iniciar una gran conversación para acabar con esta rémora que impide nuestro desarrollo y calidad de vida. De eso, hablaremos la semana que viene.
 


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

miércoles, 25 de noviembre de 2009

LA REFORMA DE NUESTRO SISTEMA POLÍTICO




Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

Uno de los asuntos fundamentales que tiene que enfrentar un proceso de diálogo nacional para establecer un nuevo pacto social es la reforma de nuestro sistema político.

Sin duda el problema político fundamental de Puerto Rico es su relación colonial con los Estados Unidos. Ya el Estado Libre Asociado no representa un modelo de desarrollo económico y social viable. Este problema ya es reconocido por respetados líderes del PPD que por décadas ocultó de manera institucional la verdadera naturaleza colonial de nuestro país. Es necesario revisar profundamente la relación con la metrópolis para eliminar el coloniaje. 

Hasta ahora todos los esfuerzos internos y externos basados en proyectos de ley para consultar al Pueblo de Puerto Rico han fracasado. Esto ocurre porque los plebiscitos están matizados por el partidismo que presenta definiciones de status acomodaticias a sus intereses electorales y que no tienen viabilidad política y económica. El último esfuerzo en esa dirección es el proyecto Pierluisi al cuál se le adjudican pocas probabilidades de éxito.

Las Naciones Unidas establecieron que todas las naciones tienen un derecho inalienable, que significa que nadie no los puede impedir, a la autodeterminación e independencia.  La autodeterminación es el derecho que tenemos de decidir nuestro futuro político sin intervención extranjera. Este derecho puede ejercerse mediante la integración, la republica asociada o la independencia.

El proceso de solución de nuestro problema colonial tiene que ser racional y producto de un diálogo sosegado por personas representativas de los diversos sectores que estudien detenidamente las diferentes alternativas hasta hacer una recomendación específica para ratificación por el Pueblo.

La manera lógica, coherente y efectiva de ejercer el derecho a la autodeterminación es mediante el mecanismo de Asamblea de Pueblo que se conoce como Asamblea Constitucional de Status.

Es necesario aclarar que esta Asamblea de Pueblo no es el mecanismo de Asamblea Constituyente del Artículo VII de la Constitución del ELA. Este mecanismo no es útil porque la Sección 3 contiene una limitación colonial a la naturaleza de las enmiendas que se propongan al decir que cualquier enmienda o revisión deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta Constitución, con las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso Octogésimoprimero. Por ende, esta cláusula no sirve para revisar la relación con los Estados Unidos.

La Asamblea Constitucional de Status se convoca mediante ley para que se celebren unas elecciones que elijan los mejores representantes de la sociedad civil que puedan llevar a cabo una investigación detallada sobre las circunstancias políticas, sociales y económicas de Puerto Rico, con el propósito de deliberar sobre la viabilidad de las diferentes propuestas de status.

Esta Asamblea de Pueblo permitiría conocer definitivamente la opinión de los norteamericanos sobre si están dispuestos a conceder la estadidad y bajo qué condiciones; sobre cuáles serían las condiciones de negociación de una república asociada; y cuáles serían las condiciones de transición para una independencia.  Esto pondría fin a la manipulación y demagogia de los partidos políticos sobre las definiciones viables de solución al problema colonial. Habiéndose concluido por la Asamblea Constitucional de Status cuáles son las definiciones viables de las diferentes opciones, el pueblo estaría mucho más informado para escoger mediante su voto la que convenga.

Una vez el pueblo vote aprobando una opción, se procedería a constituir una comisión que represente a la Asamblea de Pueblo para que negocie con los Estados Unidos dentro del marco de éste mandato.

Basta ya de mera retórica de déficit democrático o de insuficiencia constitucional.  Puerto Rico es una colonia y hay que resolver el problema lo antes posible.


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

miércoles, 18 de noviembre de 2009

HACIA UN PROCESO DE NUEVO PACTO SOCIAL




Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com

Puerto Rico sufre una crisis estructural en todos los renglones que está deteriorando rápidamente nuestra calidad de vida.  La semana pasada nos expresamos sobre la necesidad imperiosa de replantear todos nuestros supuestos políticos, económicos y sociales para hacer viable a nuestro país. Sobre los cambios necesarios hay muchos ideas y planteamientos. La gran pregunta es ¿Cómo pueden organizarse canales de comunicación, foros o estructuras de diálogo que permitan la participación de todos los sectores para que pueda llegarse a un entendido nacional sobre cuál debe ser el futuro de Puerto Rico, incluyendo un proceso razonable y rápido de implantación?

Existen varios obstáculos en el proceso de organizar un diálogo nacional. El gobierno ha asumido una estrategia de organizar pequeños comités excluyentes, que no son representativos de nuestra compleja sociedad y por eso producen resultados que no satisfacen a los sectores mayoritarios del país.  Eso lo vinos en el CAREF, en el JEREF y ahora en un nuevo consejo de economistas. Añadiendo sal a la herida, han generado una crisis de confianza en el gobierno actual, por la manera unilateral y violenta en que quieren implantar sus decisiones.

El problema de fondo de las actuaciones del gobierno es que como señala mi estimado amigo Dr. Daniel Nina, parten de la premisa de que una vez los políticos salen electos el 4 de noviembre, se creen que se les han delegado todos los poderes plenipotenciarios, excluyendo el que la sociedad continúe participando y dialogando.  Ese fenómeno ocurre tanto a nivel central como en los gobiernos municipales. Por eso todavía existen líderes municipales que temen o rehúyen a reunirse con los líderes cívicos y las organizaciones no gubernamentales.

La sociedad puertorriqueña no ha renunciado a su derecho a participar por el mero hecho de que votó en las elecciones del 4 de noviembre.  Todo lo contrario, quiere seguir participando en los procesos decisionales y plantear soluciones activas a los problemas comunes. Si todos participamos en el análisis del problema y en los procesos para su solución, remamos en la misma dirección y alcanzamos los objetivos.

Existen diferentes mecanismos de diálogo que se pueden ensayar. El éxito de estos mecanismos depende de que se continúe la expresión pública de rechazo a las políticas arbitrarias y unilaterales, junto con propuestas pensadas de cómo salir del atolladero. No se puede ser ingenuo y pensar que el gobierno dialogará sin que se mantenga una presión pública constante. Las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las comunidades especiales, el sector religioso y el empresarial, tienen que seguir como líderes representativos planteando sus propuestas y manifestándose en contra de las que no son aceptables.  El poder de este tipo de expresión es muy grande y crea un desgaste político que va a obligar a los gobernantes a poner el oído en tierra.

Con presión social y política, pública y constante,  el gobierno sentirá el calor y podría llamar a un diálogo más allá de comités para escuchar de manera amplia a los diferentes sectores, pero para que exista confianza en el proceso, deben asegurarse los mecanismos de cumplimiento de los compromisos.

Por otro lado, podría argumentarse que es necesario convocar una convención constituyente para consignar o fortalecer los principios que deben regir en esta sociedad y darle estructura a los derechos económicos que están asediados por esta administración gubernamental.  Sin embargo, esto sería un proceso complejo y peligroso por su dependencia del poder político, particularmente, a la luz del radicalismo que está imperando en los sectores gubernamentales. La convención constituyente podría ser una alternativa una vez maduren los mecanismo de diálogo menos formales.

El reconocimiento del gobierno central de que es indispensable dialogar con los diferentes sectores no es una muestra de debilidad, es una claro modelo de madurez ante la debacle que vivimos y lo que van a enfrentar en el año 2012.  El diálogo puede comenzar inmediatamente sobre proyectos estratégicos comunes, como por ejemplo, el desarrollo del sistema educativo, la reforma de salud, los pequeños y medianos empresarios y otros proyectos de importancia regional y nacional como el Puerto de Las Américas.  No tienen que resolverse todos los asuntos en una sola conversación.  Puede ir abordándose unos tras otros hasta generar consensos que puedan materializarse en legislación concreta.  Para el éxito de la gestión, hace falta en todos los sectores confianza, voluntad y palabra.

Mi apuesta es que los procesos de diálogo comiencen a nivel local y regional.  Desde hace meses funciona una alianza multisectorial que agrupa decenas de líderes y organizaciones regionales que abogan por el desarrollo socioeconómico de la Región Sur. Por otro lado, recientemente escuchamos al senador Seilhamer invitando al Lcdo. José Enrique Ayoroa Santaliz, presidente de Ponceños de Verdad, para unir esfuerzos para reclamar en San Juan lo que le corresponde a Ponce, a la luz de la sentencia judicial del caso de Ponce en Marcha.  El Lcdo. Ayoroa Santaliz, a su vez, invitó a la Alcaldesa de Ponce, de quién aguardamos su respuesta y acción. Esa son semillas de alianzas estratégicas que fomentan el diálogo local, regional y que pueden tener impacto nacional.

Si trasladamos esta situación a la Región Sur, es indispensable generar un diálogo utilizando el foro de DISUR, en donde se agrupan los sectores principales de la región, que permita canalizar nuestros proyectos y expectativas de calidad de vida de una manera firme y con gran poder político ante el gobierno central.

Recientemente hemos conversado sobre el poder constituyente de lo local.  Ponce y la Región Sur deben dar el ejemplo fortaleciendo el foro de DISUR.  El diálogo debe comenzar con nosotros.



El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

miércoles, 11 de noviembre de 2009

UN NUEVO PACTO SOCIAL


Por: Rolando Emmanuelli Jiménez
rolando@bufete-emmanuelli.com

Ante el evidente deterioro en todos los aspectos sociales, económicos y políticos que vive Puerto Rico, varios líderes de diferentes sectores han planteado la necesidad de celebrar una actividad de resultados autoejecutables que cuente con el apoyo del gobierno y los sectores no gubernamentales, a los fines de reestructurar nuestra sociedad para implantar planes consensuales que permitan un desarrollo integral y el balance apropiado de los diferentes intereses y posturas. Esta actividad es indispensable ante la incapacidad del gobierno para articular planes balanceados, sensibles y coherentes para sacar a Puerto Rico del atolladero.

El objetivo sería aprobar con fuerza de ley durante el año 2010 una recomendación documentada y apoyada por todos los sectores participantes de nuestra sociedad y con el visto bueno y final del Pueblo, para establecer un Plan Estratégico de Desarrollo Económico y Social de Puerto Rico 2011-2021.

El Plan contemplaría, entre otros asuntos, la forma específica de alcanzar los siguientes objetivos: Prohibir so pena de despido todo tipo de activismo político en el empleo público; romper el control que tienen los partidos sobre el sistema electoral para propiciar la entrada de candidatos independientes y eliminar la inversión política; enmendar la Constitución para implantar una legislatura unicameral, establecer la obligatoriedad de los mandatos del Pueblo, establecer medidas y mecanismos de democracia participativa y el poder del referéndum revocatorio para el gobernador y el presidente de la legislatura; implantar una verdadera reforma contributiva y fiscal para asegurar que cada uno pague conforme a sus recursos, la efectiva inversión de los dineros del Estado en beneficio del Pueblo y la reducción de la deuda pública; lograr una reforma integral de los programas de beneficencia pública para incentivar la entrada de las personas al mundo del trabajo; establecer un plan universal de salud; comenzar la revolución del sistema de cuidado de la salud mental con el establecimiento de un programa de medicación de adictos para destruir los réditos del narcotráfico y reducir sustancialmente los delitos contra la persona y la propiedad; reestructurar toda la legislación urbanista y de permisos para evitar el desorden urbano y lograr armonía con el ambiente; reenfocar los recursos de inversión y delegación regional de poderes a consorcios municipales para propiciar cuatro polos de desarrollo económico y distribuir de manera equitativa la riqueza del país; reducir sustancialmente la dependencia del automóvil con el establecimiento de un sistema integral de transportación en toda el país; establecer un mecanismo procesal apropiado para resolver el problema colonial de Puerto Rico que incluya la inmediata exclusión de Puerto Rico de las leyes de cabotaje, la limpieza de Vieques y otros lugares seriamente contaminados por la actividad militar e industrial, y apoyo económico para la transición hacia el nuevo status no colonial.

Todos estos objetivos tienen ramificaciones importantes que se deben atender paralelamente y que deben abordarse con la misma seriedad, como por ejemplo: La aprobación de un nuevo Código Civil; el reconocimiento y protección de los derechos de personas que pertenecen a sectores marginados socialmente; la creación de un Código Laboral sensible y que asegure los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras, etc.

El asunto más importante en este momento es crear el mecanismo procesal apoyado por todos los sectores que permita el que las personas representativas se puedan sentar y discutir libre y responsablemente cómo alcanzar estas metas y la manera de implantarlas de manera inmediata. Estas conclusiones deben pasar a la evaluación del Pueblo para asegurar su participación plena y democrática. La semana que viene escribiremos sobre el mecanismo preciso para alcanzar estos objetivos.
 


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

miércoles, 4 de noviembre de 2009

EL DERRUMBE DE LAS INSTITUCIONES Y LOS SUEÑOS

Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com

Los primeros 10 meses del gobierno de Fortuño han ocasionado una total desilusión de la gente que de buena fe confió en sus promesas de mejorar la economía, bajar los costos de los servicios públicos y las contribuciones sobre ingresos.  Además de faltar a su palabra, el gobierno fortuñista ha realizado un asalto disparatado y violento con el anacrónico neoliberalismo con resultados funestos para nuestro país.

Veamos:

1.    Paralizó los planes y el calendario del Puerto de las Américas motivado por diferentes luchas intrapartido por el control del poder decisional de su Junta de Directores.

2.    No ha asignado los fondos necesarios para lograr la construcción de las obras de infraestructura requeridas para el valor añadido del Puerto de las Américas que se certificaron desde el año 2003.

3.    Pretende cambiar la misión y diseño del Puerto de las Américas a uno que privilegia la carga suelta y el cabotaje sobre el transbordo con valor añadido que es la única fuente de creación de empleos.

4.    En la Autoridad del Puerto de las Américas se están asesorando con representantes de intereses creados del puerto de San Juan, lo que va a terminar con la destrucción final de la misión y visión del Puerto, como uno de transbordo internacional de contenedores, con valor añadido, zona libre y fuera de las leyes de cabotaje.

5.    Fracasaron sin explicación pública las negociaciones con UCW América que hacía dos años estaba trabajando con el interés de ser el operador de calibre internacional del Puerto de las Américas.

6.    A pesar de lo que dice a la prensa y a la Alcaldesa de Ponce, Fortuño paralizó la implantación de las obras de Ponce en Marcha, pues sus jefes de agencia no dan muestra de cumplimiento a la sentencia judicial final y firme desde el año 2000.

7.    A pesar de las promesas en contrario, despidieron 20,000 personas en el sector público lo que va a agravar la terrible situación económica que se está viviendo en el país.

8.    La justificación e implantación de los despidos es irracional y motivada únicamente por intenciones político partidistas de acaparar antes del 2012 los puestos públicos para empleados precarios e incondicionales a Fortuño, que le permitan un ejército político para luchar en una primaria y en las elecciones.

9.    A pesar de los despidos, varias agencias están contratando nuevos empleados y han pedido a los líderes del Partido Nuevo Progresista las listas de las personas que pertenecen a esa colectividad con el fin de ir sustituyendo a los despedidos por razones económicas.

10.    Ha impuesto numerosas contribuciones al pueblo, sin tocar el bolsillo de las empresas foráneas que se llevan más de 30 mil millones de dólares anuales de Puerto Rico sin pagar impuestos.

11.    Dice que no puede imponer contribuciones a las compañías foráneas porque afectaría los contratos de exención contributiva en violación constitucional de la cláusula contra el menoscabo de las obligaciones contractuales, y sin embargo la Ley 7 dejó sin efecto unilateralmente todos los contratos laborales con las uniones y sin embargo, la cláusula constitucional no tuvo efecto o presentó impedimento alguno.

12.    Han comenzado una ofensiva para desmantelar el poder y autogestión de las comunidades destruyendo la Oficina de las Comunidades Especiales, desmantelando la Comunidad del Caño en Hato Rey y eliminando la reserva natural del Corredor Ecológico del Noreste.

13.    Implantaron a la carrera y en exabrupto discriminatorio la descolegiación de los abogados.

14.    Desmantelaron los servicios de las procuradurías que velan por los derechos mínimos de los sectores marginados y desaventajados de nuestra sociedad.

15.    El proyecto para los ricos de la Riviera del Caribe, que sustituyó el portal del Futuro en la base Roosevelt Road en Ceiba, es una improvisación que no tiene estudios, planos ni permisos, por lo que eso no va a generar ningún tipo de beneficio socioeconómico en un futuro a corto o mediano plazo.

16.    El proyecto de las Alianzas Público Privadas es una apuesta sobreestimada y arriesgada, ya que los dos países que tienen más desarrollo en las APP, que son Irlanda y Chile, en quince años solo han podido desarrollar no más de 6,000 millones de dólares cada uno en proyectos de APP.

17.    El proyecto de ley de permisos pendiente de aprobación, no va a poder entrar en vigor en un tiempo razonable de forma que acelere el proceso económico, ya que después que se apruebe requiere la preparación de 36 reglamentos que tomará varios años para que estén listos.  Esto sin señalar que la ley de permisos adolece de numerosos defectos que ponen en riesgo la confiabilidad de los permisos y la protección de los recursos naturales.

18.    El plan económico de Fortuño, además de la ley de permisos y las APP, descansa en el estímulo federal y el criollo, que tendrán una duración máxima hasta el año 2012.  Después del año 2012, no se sabe que va a pasar y ya se habla por los expertos de una depresión mucho más profunda de la actual.

19.    La banca puertorriqueña se encuentra en su peor momento histórico y no presta dinero por lo que no hay expectativas de que mejore la industria de la construcción o mejore el sector de las pequeños y medianos negocios.

La política económica aberrada y de desmantelamiento de todas las instituciones que ha utilizado Fortuño para la implantación de un modelo neoliberal, augura tiempos de desolación, marginación, pobreza y oscurantismo.

Para colmo de males, los partidos políticos de oposición están desarticulados y silentes. La única solución está en el Pueblo y en las organizaciones no gubernamentales. Veremos si existe la voluntad. La pregunta sobre la mesa es ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros?


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

miércoles, 28 de octubre de 2009

EL COLEGIO DE ABOGADOS Y LA INTOLERANCIA




Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com

Cuando en la década de los 30 del siglo pasado, el abominable dictador Francisco Franco consolidó su poder en España, una de las primeras órdenes que impuso fue la eliminación de los colegios profesionales.  Esto ocurre porque los colegios profesionales siempre han sido una voz militante en la defensa de los derechos del pueblo. Además, constituyen entes reguladores de la calidad profesional y ética de sus miembros. Ambas características no son deseables por los regímenes totalitarios.

El Colegio de Abogados de Puerto Rico siempre ha tenido que intervenir en controversias jurídicas donde ocurren violaciones de los derechos constitucionales.  Por diseño político y jurídico, la inmensa mayoría de las violaciones a los derechos constitucionales en Puerto Rico ocurren únicamente por el Estado.  En ese sentido, el Colegio de Abogados ha tenido que hacer frente a todas las administraciones políticas para defender ciertos derechos y  prerrogativas.

Uno de los principios que ha defendido con mayor ahínco, por ser esencial dentro de nuestro ordenamiento, es el derecho a la libertad de expresión y el acceso de las personas marginadas al sistema de Justicia.  Esto ha hecho que el Colegio de Abogados se involucre como mediador en luchas sociales y en procedimientos judiciales en donde el Estado ha sentido la amenaza del poder legitimo y democrático del pueblo. Además, ha creado diversos programas y servicios para que los indigentes puedan tramitar sus asuntos judiciales que en muchos casos reclaman contra el gobierno.

Cuando un gobierno carece de conocimiento y es incompetente, se vuelve intolerante y carpetea o etiqueta a toda persona que no esté de acuerdo con sus postulados como disidentes, delincuentes, sediciosos, opositores, comunistas, independentistas, terroristas, y muy recientemente chavistas.  Esa es su manera de dividir la sociedad en buenos y malos, para justificar acciones represivas, porque tienen profundo miedo e ineptitud que les impide entender las diferencias que son parte integral del régimen político y económico en que vivimos. 

El Colegio de Abogados sufrió una serie de ataques judiciales, tanto en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico, donde se cuestionó la constitucionalidad de la colegiación compulsoria. Ambos tribunales resolvieron que la colegiación compulsoria es constitucional y se establecieron remedios apropiados y válidos jurídicamente para proteger los derechos de las personas que no están de acuerdo con algunas posturas que asuma el Colegio de Abogados. Por ende, el argumento de que la colegiación compulsoria viola el derecho constitucional a la asociación es flagrantemente falso.  Por tanto, no solamente el Colegio de Abogados ha existido desde el 1840, sino que ha sido objeto de revisiones y determinaciones judiciales que han validado su existencia y legalidad.

Las organizaciones internacionales que agrupan los Colegios de Abogados han entendido que la colegiación compulsoria es la mejor manera de organizar la profesión y la mayoría de los estados de la Unión Europea y Estados Unidos tienen formas de colegiación compulsorias.

¿Qué pasó con el Colegio de Abogados?  El Colegio de Abogado se ha manifestado solidario con las personas que han sufrido los embates de los despidos de la Ley 7.  También ha participado como mediador y observador en situaciones de tensión entre estudiantes y la Policía de Puerto Rico. La Ley 7 suspendió las garantías constitucionales de los empleados gubernamentales a un debido proceso de ley, al principio de mérito, a su permanencia; y el derecho de las uniones obreras a que no se menoscaben sus obligaciones contractuales. ¿Qué mejor escenario para la intervención legítima de una organización que defiende los derechos constitucionales?

La respuesta antidemocrática y Franquista del Gobernador y del Presidente del Senado de Puerto Rico fue bajar por descargue para aprobación una ley repudiada por la ciudadanía y el Colegio de Abogados. Esto se hizo sin tener ningún tipo de evaluación y sin que se hubiera presentado un informe positivo sobre su aprobación.  La actuación de Rivera Shatz, admitido por él, fue a petición del Gobernador y para desviar la atención sobre el paro que se llevaría a cabo en 15 de octubre.  Fue una manera de castigo y represalia al estilo Francisco Franco.  Fue lamentable ver al gobernador Fortuño, quién como un niño horripilado, firmó la ley esa misma noche.  Lo hizo tan rápido como si se tratará como una emergencia nacional. Lo hizo, como un perseguido de los hijos gemelos de Ares y Afrodita de la mitología griega que representan el miedo. Phobos es el pánico y Deimos, el terror.

Lo cierto es que se trató de un exabrupto discriminatorio que va a tener consecuencias gravísimas en el ejercicio de la profesión, en el acceso de los pobres a la justicia, en la intervención del Colegio como mediador en los conflictos sociales, en la separación de poderes gubernamentales y en la independencia de nuestra judicatura.

La Ley aprobada está plagada de errores. Tiene una serie de fechas de implantación que ya pasaron; confunde conceptos básicos de derecho constitucional, y tiene el único propósito de asfixiar económicamente al Colegio de Abogados.  No conforme con esto, existen otros proyectos que están intentando cortar fondos por diferentes áreas y programas de ayuda a los indigentes para tratar de eliminar la voz del Colegio.

Sin embargo, la voz del Colegio sigue viva, elocuente y militante.  Este pasado domingo se celebró una asamblea en Caguas con la presencia de más de 1,300 abogados y abogadas, que escucharon la explicación del contenido de la Ley y los diferentes proyectos que están pendientes. Además, avalaron la determinación de crear una comisión que estudie a la brevedad posible las consecuencias de esta legislación torcida y recomiende el curso de acción en los diferentes frentes disponibles.

Un gobierno que se dedica a desmantelar las instituciones en el país es uno que se sabe acorralado y que ha perdido la confianza del pueblo de Puerto Rico.  Bajo esas circunstancias, si nos cruzamos de brazos, podrían continuar destruyendo instituciones necesarias y apreciadas. El Colegio de Abogados merece el apoyo de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas para evitar este daño social. Invitamos a todos los abogados y abogadas a mantener su colegiación y defender al Colegio.

Por mi parte, yo me considero un colegiado orgulloso e inquebrantable.
 


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

domingo, 18 de octubre de 2009

Letter to the President of the USA: 15 October 200

Hon. Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, D.C. 20500

Dear Mr. President

We are writing to you as members of the Puerto Rican Civil Society, to bring to your attention the current state of affairs of our nation, Puerto Rico, and our opposition to our government's policies. Our country is on the brink of a civil conflict of significant proportions, promoted by the current administration of Governor Luis Fortuño (Republican), due to its insistence on actively imposing a public policy of dismantling cherished civil institutions and vital government services. Said policy practically amounts to a political coup, contrary to basic democratic principles, in so far as it is opposite to the peoples’ mandate in the recent local elections and our general well being.

It is for this reason that the government of Puerto Rico is increasingly depending on the state repressive apparatus to support its unpopular and illegitimate policy. As a result the people have called for a national strike today, October 15, 2009, which comes as a consequence of the failed attempts to establish a dialogue with the current government.

Since 1950, through the US Congressional Act 600, your government offered self-rule to the people of Puerto Rico, while leaving us, contradictorily, under the plenary powers of the U. S. Congress. Later, in 1953, it made a concrete yet unfulfilled commitment before the United Nations General Assembly to continuously respect and promote our people’s inalienable right to self- determination and self-government. Although we may have differences as to the nature and implementation of these legal prescriptions, under the applicable International Law concerning decolonization, we all agree that as a people --even with all the present limitations of our territorial status, and the encumbering interference of the three branches of the Federal Government and the US Armed Forces-- we have clearly established our people's firm commitment to social justice and democracy during the past 59 years.

However, the current political administration, in dire violation of the spirit of the 1950-53 constitutional framework, the political and cultural democratic tradition, and the civil, constitutional and human rights of our people, has launched in the past 10 months an open campaign to dismantle civil institutions and the local government and to increase the level of repression against all sectors of society who oppose these measures. Moreover, in certain occasions it has even contravened Puerto Rico constitutional and legal framework, notwithstanding the aforementioned illegitimacy of its actions.

As an example, the current government has activated the Puerto Rico National Guard, to be potentially used against the civilian population in case of civil disturbances. Of particular interest is the fact, in the context of the Posse Comitatus Act of 1878, that the governor has delegated such authority - to call the local National Guard - to his Chief of Police, which is in contravention of the applicable legal framework under which the Commander-in-chief is the governor. In addition, most recently, the Governor’s Chief of Staff, together with the Chief of Police and the Secretary of Justice, threatened the population with the application of the USA Patriot Act of 2001, if anyone incurs in public demonstrations which they, in advance, label as acts of terrorism.

As intellectuals and academics, we are deeply opposed to these measures and we are particularly concerned with the rapidly deteriorating state of affairs of our nation. While engaging in every opportunity for protest and in every effort to reestablish dialogue, we are aware of the political and psychological clout that your government has on our elected officials. We consider that no effort should be spared in order to avert the increasingly confrontational and violent nature of the present crisis. Thus, we remind you of your express commitment, as a presidential candidate, to our people's right of self-determination and political and economic development, and your most recent manifest commitment, as President, to peaceful and democratic progress for all nations.

In Puerto Rico, 15 October 2009

50 Intellectuals and Academics

ENDORSEMENTS

1. Luis Nieves Falcón

2. Antonio Martorell

3. Silverio Pérez

4.Magalí García Ramis

5. Danny Rivera

6. Liliana Cotto

7. Dolores Miranda

8. Marithelma Costa

9. Rolando Emmanuelli

10. Carlos Rivera Lugo

11. Héctor J. Huyke

12. Rafael Trelles

13. Miguel Rodríguez

14. Marta Moreno Vega

15. Daniel Nina

16. Alfredo Villanueva

17. Edwin Quiles

18. Sheila Vélez

19.George Kamarinos

20. Carlos del Valle Cruz

21. José Rivera Santana

22. Nitza Hernández

23. Luis Raul Albaladejo

24. Inés Aponte

25. Ruth Nina

26. Marel Malaret Badrena

27. Magaly Quiñonez

28. Rosabel Oton

29. Juan Meléndez

30. Ana María Fuster

31. Marielba Torres

32. Orlando Portela

33. Jessica Reyes

34. Yvonne Denis Rosado

35. Marie Ramos

36. Pedro J. Rivera

37. Alberto Martinez

38. Nydia Suaréz Marín

39. Jose Toro Alfonso

40. Juan Carlos Rivera

41. Norma I Peña

42. Maximiliano Dueñas

43. Javier Santiago Lucerna

44. José Luis Vargas

45. Manuel Bahamonde

46. Roberto Mori

47. Humberto Figueroa

48. María Gisela Rosado

49. Marines Bengoa Duprey

50. Errol Montes Pizarro
 


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

Orientación Jurídica del Bufete Emmanuelli, C.S.P.

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