Nuevas Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2010
Seminarios que ofrecerá el Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez
Sinopsis: Al finalizar el curso el participante tendrá una comprensión clara de las nuevas Reglas de Derecho Probatorio aprobadas por la Asamblea Legislativa y que entrarán en vigor el 1 de enero de 2010.
El Lcdo. Emmanuelli es abogado en la práctica privada de la profesión con más de 20 años de experiencia. Formó parte del Comité Asesor Permanente de Reglas de Evidencia y desempeñó un papel activo durante la discusión y redacción del nuevo proyecto de Reglas de Evidencia aprobado por la Asamblea Legislativa y que entrará en vigor el 1 de enero de 2010.
Horas Crédito: 4 Horas - General LITI-2007-193 (APROBADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO)
Precio: $152.00 (Incluye materiales, merienda, trámite EJC y estacionamiento gratuito).
Lugar:
JLMA Learning Center
Centro Comercial Montehiedra en San Juan Suite 202
*Altos de los
cines Caribbean Cinemas*
(787) 272-0990
Fechas disponibles:
Fecha: sábado, 8-agosto-09
Horario: 9:00am-1:30pm
Registro: 8:30am-9:00am
Fecha: miércoles, 12-agosto-09
Horario: 1:15pm-5:30pm
Registro:12:45pm-1:15pm
Fecha: domingo, 23-agosto-09
Horario: 9:30am-2:00pm
Registro: 9:00am-9:30am
Fecha: miércoles, 16-sept-09
Horario: 1:15pm-5:30pm
Registro:12:45pm-1:15pm
Fecha: viernes, 18-sept-09
Horario: 1:15pm-5:30pm
Registro:12:45pm-1:15pm
Fecha: domingo, 20-sept-09
Horario: 9:30am-2:00pm
Registro: 9:00am-9:30am
Para información y reservaciones favor de llamar al
787-272-0990
Fax: 787-272-0515
Espacios Limitados
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El conferenciante es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
Una publicación de Rolando Emmanuelli-Jiménez, J.D., LL.M., sobre los asuntos públicos que tienen impacto jurídico. Rolando Emmanuelli Jiménez es abogado y notario, Presidente de Bufete Emmanuelli, C.S.P. pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y productor y anfitrión del programa Conocimiento y Acción Solidaria, que se transmite todos los sábados a las 7 AM y los domingos a las 7 PM por WPAB 550.
Boletín Del Derecho y Del Revés
domingo, 26 de julio de 2009
miércoles, 22 de julio de 2009
COMUNICADO DE PRENSA ALIANZA PRO SUR

COMUNICADO DE PRENSA
Contacto: Sandra Caro – Sandra Caro Public Relations, PSC
Correo electrónico: sandra@sandracaropr.com
Tel: (787) 479-1062 / (787)849-4700
Junte sureño para cabildear ante el Gobierno Central
Alianza Pro Sur junto a otras organizaciones empresariales reclamarán se ejecuten los principales proyectos de desarrollo económico del Sur
Ponce – Alianza Pro Sur se unió a la convocatoria de la Cámara de Comercio del Sur para juntar a las organizaciones profesionales y empresariales de la región sureña y establecer un plan de divulgación y cabildeo ante el gobierno central para exigir que se ejecuten los principales proyectos de desarrollo económico de la región. El plan se fundamenta en el Manifiesto por el Sur, un documento que identifica doce principios que en consenso representan las gestiones primordiales que apoyarán un desarrollo económico sostenido y sustentable en la Región Sur.
Representantes sureños de diversas organizaciones, entre éstas, DISUR, Alianza ProSur, CODEZOL, Asociación de Industriales de la Región Sur, Ponce Board of Realtors, Colegio de CPA (Capítulo de Ponce), Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Puerto Rico Hotel Association, junto a la Cámara de Comercio del Sur discutieron la pertinencia del Manifiesto por el Sur y ratificaron sus principios con enmiendas para atemperarlos al escenario actual. Las organizaciones delinearán un plan de acción para respaldar a los funcionarios políticos sureños para exigir al gobierno central el cumplimiento de los compromisos contraídos con la región.
El Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, presidente de Alianza ProSur, aseguró que incrementará sus esfuerzos para apoyar a la Cámara de Comercio del Sur en su objetivo de unir y consolidar a todos los sectores que persiguen un desarrollo socioeconómico sustentable y sostenido en la región sureña.
“El deseo de centralización que tiene el poder ejecutivo combinado con la evidente inacción y ineficiencia de varios de los secretarios y funcionarios de gobierno, afecta las aspiraciones de desarrollo económico de las regiones. Es por esto que las fuerzas activas en la Región Sur han incrementado sus acciones para formar una alianza multisectorial que apoyará los principios esenciales que se expresan en el Manifiesto por el Sur y que fundamenta un modelo de desarrollo económico adaptado a las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de nuestra Región. Esta alianza multisectorial está inspirada en principios claros y no político partidistas", puntualizó Emmanuelli Jiménez.
En primer término, los líderes sureños acordaron exigir a la Junta de Planificación que defina claramente que la Región Sur la constituyen los 15 municipios costeros desde Patillas hasta Guánica, junto a los municipios centrales de Jayuya, Adjuntas, Villalba y Coamo. De esa forma la definición de la región sureña se alineará a la ya descrita por la Cámara de Comercio del Sur, Alianza ProSur, DISUR, Porta Caribe y la Asociación de Industriales. Ello facilitará la implantación de la primera región autónoma de Puerto Rico bajo la dirección de DISUR.
Por otro lado los líderes exigirán atención inmediata a la situación crítica que enfrenta el aeropuerto Mercedita. Estos afirman que la Autoridad de los Puertos no ha explicado cómo va a desarrollar la expansión de la pista y no ha desarrollado planes de inversión para aumentar el tráfico y volumen aéreo. También cuestionan que la Autoridad no ha hecho las gestiones necesarias para que los funcionarios de aduana e inmigración atiendan los vuelos fuera de horas laborales; que se opone al traspaso del aeropuerto al Municipio de Ponce; y que se mantiene en la errada política que identifica al aeropuerto de Aguadilla como el aeropuerto que brindará apoyo al Puerto de Las Américas.
Sobre Alianza Pro Sur
La Alianza de Profesionales por el Sur (Alianza Pro Sur) la constituye un grupo de profesionales que propone y tiene experiencia en fomentar la actividad económica en torno al Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago, como vía para propulsar un desarrollo sustentable y sostenido para la Región Sur de Puerto Rico. La iniciativa constituye un esfuerzo integrado por un conjunto de peritos que realizan actividades de divulgación, consultoría, estudios científicos, cabildeo y servicios directos a empresarios para apoyar sus estrategias de desarrollo económico basadas en el Puerto de Las Américas.
El grupo compuesto por cinco empresas de servicio con más de 20 años de experiencia cada una, ofrece soluciones integrales (turn key) que potencian el desarrollo de industrias nativas y extranjeras mediante asesoramiento y consultoría en las áreas de derecho, transacciones comerciales, relaciones públicas, publicidad y mercadeo, contabilidad, contribuciones, economía, finanzas, inversiones, administración pública, arquitectura y planificación urbana.
Sobre las empresas que constituyen Alianza Pro Sur:
Bufete Emmanuelli- Estudios de abogados representados por el Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez. Se dedica fundamentalmente a la práctica del Derecho Civil en las siguientes áreas principales: litigios, asuntos corporativos, ambientales, bienes raíces, reestructuración corporativa, financiera y transaccional, contratos y permisos.
Sandra Caro Public Relations, P.S.C., representada por la Sra. Sandra Caro - Agencia que ofrece servicios de consultoría en las áreas de relaciones públicas, publicidad y mercadeo a empresas multinacionales y locales. Se especializa en el desarrollo de planes de mercadeo, campañas de relaciones públicas y publicidad, programas de prensa o medios electrónicos, desarrollo de identidad corporativa, relaciones con la comunidad, redacción de publicaciones y comunicados, producción de audiovisuales, conferencias de prensa, eventos especiales y manejo de crisis.
Urbain & Asociados- Firma de servicios urbanísticos representada por el Arq. Patrick Urbain, enfocada a determinar el potencial de desarrollo de propiedades a base de las leyes y reglamentos vigentes, analizar los posibles cambios a los regímenes de ordenamiento existentes, fomentar la inversión en los centros urbanos y el desarrollo sustentable de las áreas rurales. Participa en foros e investigaciones dirigidos a impulsar el desarrollo económico y social de la Región Sur de Puerto Rico.
Economista Luis Rey Quiñones Soto- Se dedica a la elaboración de metodologías para el desarrollo de investigaciones económicas y sociales. Provee asesoría económica y/o financiera a empresas y corporaciones. Elabora estudios de viabilidad económica para amplia cartera de clientes.
Silvagnoli-Guzmán CPA Group, P.S.C.- Firma de contabilidad pública y consultoría de negocios representada por el CPA Mario R. Silvagnoli Guzmán. Brinda servicios de contabilidad, auditoria, revisión y compilación de estados financieros y contribuciones.
SE MATERIALIZA LA ALIANZA MULTISECTORIAL POR EL SUR

Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Hace varias semanas anunciamos que se estaba gestando la iniciativa de aglutinar a las fuerzas activas sureñas para impulsar un proyecto regional único basado en el Manifiesto por el Sur. El Manifiesto aglutina doce principios que representan el consenso sobre las gestiones indispensables que todos debemos apoyar para lograr el desarrollo económico de la Región Sur de manera sostenida y sustentable. La premisa consiste en que la aglutinación de todas las fuerzas le ofrece a los funcionarios electos sureños un poder político fundamental para exigir el cumplimiento de los compromisos del gobierno central con nuestra región.
En una concurrida reunión celebrada en la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico el pasado 13 de julio de 2009, se dieron cita representantes sureños de diversas organizaciones, entre éstas, DISUR, el Colegio de CPAs, la Asociación de Industriales, el Colegio de Ingenieros, la Asociación de Hoteles, la Zona Libre del Sur, Voluntarios por Ponce y Alianza ProSur. Estos líderes, junto a la Cámara Sureña, discutieron a fondo la pertinencia y vigencia del Manifiesto por el Sur y ratificaron sus principios con enmiendas para adaptarlos al escenario actual. Las organizaciones acordaron celebrar actividades de divulgación para que se desarrolle una voz fuerte, clara y puntual sobre qué es lo que falta hacer para que podamos desarrollar nuestra región.
Dos asuntos recibieron énfasis particular en esta importante reunión.
1. Que la Junta de Planificación defina claramente que la Región Sur la constituyen los 15 municipios costeros desde Patillas hasta Guánica, junto a los municipios centrales de Jayuya, Adjuntas, Villalba y Coamo. La definición de la Región Sur debe ajustarse a como ya ha sido definida por la Cámara de Comercio del Sur, Alianza ProSur, DISUR, Porta Caribe y la Asociación de Industriales. Esto permitirá implantar el proyecto histórico de crear la primera región autónoma de Puerto Rico bajo los auspicios de DISUR.
2. Como segundo punto se discutió la situación crítica que enfrenta el aeropuerto Mercedita, donde la Autoridad de los Puertos no ha explicado cómo va a desarrollar la expansión de la pista; no tiene planes de inversión para aumentar el tráfico y volumen aéreo; no ha hecho las gestiones necesarias para que los funcionarios de aduana e inmigración atiendan los vuelos fuera de horas laborales; se opone al traspaso del aeropuerto al Municipio de Ponce; y todavía mantiene la errada política que viene desde la administración anterior que dispone que el aeropuerto del Puerto de Las Américas es el aeropuerto de Aguadilla.
Hasta ahora, pocos representantes electos conocen el Manifiesto y han expresado su apoyo. Exhortamos a la clase política sureña a unirse y luchar por nuestra región. Si siguen respondiendo únicamente al gobierno central o al partido político, seguirán perdidos en el espacio.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
jueves, 16 de julio de 2009
El MANIFIESTO POR EL SUR SE FORTALECE Y CONSOLIDA
Por Rolando Emmanuelli Jiménez
rolando@bufete-emmanuelli.com
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico junto a Alianza Pro Sur auspiciaron el pasado 13 de julio de 2009 una reunión multisectorial que contó con la participación de las principales organizaciones profesionales y empresariales de la Región Sur. Como parte de esta reunión se revisó y se ratificó el Manifiesto por el Sur como el documento que contiene los principios indiscutibles de desarrollo socioeconómico para la Región Sur y que deben ser el programa de acción conjunto de los sectores políticos, empresariales, comunitarios y académicos.
La Cámara del Sur y Alianza Pro Sur junto a las organizaciones participantes acordaron llevar a cabo una serie de actividades de divulgación y cabildeo para que el gobierno central y los municipales se unan y apoyen estos esfuerzos de manera sólida y concertada.
La revisión del Manifiesto es la siguiente:
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, junto a otras organizaciones de la Región Sur, está comprometida con el desarrollo sustentable y sostenido de nuestra Región. Entendemos por desarrollo sustentable y sostenido el identificar y valorar todos los recursos disponibles en la Región Sur a los fines de utilizarlos en actividades productivas en armonía con el ambiente y la comunidad, de manera que garanticen el disfrute equitativo por la sociedad contemporánea, protegiendo la biodiversidad y disponibilidad para las generaciones futuras.
La Región Sur cuenta con las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños. Para alcanzar estos objetivos es necesario desarrollar una visión específica y no partidista, de lo que deber ser la Región Sur. Esta visión está fundamentada en la integración de los sectores público, privado y académico como el modelo para conseguir el crecimiento y desarrollo económico al que aspiramos. La visión del Sur hacia el Nuevo Milenio debe incluir el compromiso inequívoco de las siguientes iniciativas multisectorial esenciales:
1. Impulsar a DISUR como el organismo institucional idóneo no partidista, para promover los esfuerzos de desarrollo económico y social de los quince municipios que componen la Región Sur de Puerto Rico, donde los sectores institucionales, empresariales, académicos y comunitarios sean los líderes del esfuerzo para lograr la adopción de un plan de integración regional para el Sur. Además, promover y perseguir que reciba las herramientas y recursos necesarios para alcanzar los objetivos trazados para el mejoramiento de la Zona Sur.
2. Impulsar que la Junta de Planificación defina la Región Sur de Puerto Rico como aquella compuesta por los siguientes 15 municipios: Adjuntas, Arroyo, Coamo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Patillas, Peñuelas, Ponce, Salinas, Santa Isabel, Villalba y Yauco y promueva la integración de los planes de desarrollo municipales bajo un plan regional coordinado por DISUR, sustentado en un sistema uniforme de indicadores socioeconómicos regionales que apoyen objetivamente la dirección estratégica de la Región Sur.
3. Modificar la Ley de Municipios Autónomos para garantizar la autonomía de la región por medio de la autonomía municipal. La autonomía municipal debe estar orientada a implantar y ejecutar el plan regional coordinado por DISUR con objetivos puntuales para el desarrollo de infraestructuras e iniciativas de crecimiento y desarrollo económico.
4. Completar, mantener e integrar la infraestructura necesaria para fomentar un modelo de desarrollo económico sustentado en los principio del concepto Puerto-Región, bajo un nuevo paradigma de logística que nos incorpore a una cadena global de distribución, internacionalizando así la Región Sur, mejorando la eficiencia de la cadena de suministros en el Sur de Puerto Rico y la Cuenca del Caribe y estimulando la generación de actividades de valor añadido que permitan la creación de nueva actividad económica y empleos bien remunerados con obras tales como:
a. Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago, a su máxima capacidad, y los demás puertos de la región, tales como Guayanilla, Las Mareas, Guánica, Guayama y otros.
b. Aeropuerto Mercedita y los demás aeropuertos privados de la región.
c. Tren del Sur de Arroyo a Guánica con capacidad para transportar carga y pasajeros
d. Zonas de valor añadido, centros de logística y distribución
e. Carreteras y conectores viales
f. Reservas agrícolas y de piscicultura
g. Obras de Ponce en Marcha
h. Acueducto del Sur
5. Promover la eliminación o la modificación de las Leyes de Cabotaje para mejorar la competitividad de Puerto Rico, al igual que la liberalización de la inspección de carga de trasbordo puro que se maneje en el Puerto de Las Américas.
6. Mercadear y promover el Sur a nivel global bajo la marca Porta Caribe como una Región de alto valor para el desarrollo e inversión turística, e impulsar el establecimiento de vuelos internacionales desde el Aeropuerto Mercedita para viabilizar la integración al comercio internacional.
7. Fomentar una cultura de intercambio mercantil internacional estableciendo lazos locales e internacionales a los fines de exportar e importar productos mediante los elementos de logística de la zona.
8. Impulsar a la Zona Libre del Sur, concesionaria de la Zona Libre Núm. 163, como herramienta de competitividad para las empresas que desarrollen comercio internacional y las que lleven a cabo actividades de valor añadido.
9. Generar y apoyar iniciativas que promuevan y logren soluciones integradas,
innovadoras, costo efectivas, competitivas y sustentables al problema energético de la región, la reducción de gases de efecto de invernadero y educar acerca de la necesidad de reducir el consumo de energía fósil y (educar) para asegurar el balance entre la toma de decisiones relacionadas a la creación y distribución de energía y el desarrollo socioeconómico de la región.
10. Apoyar e incentivar una educación de excelencia y calidad a todos los niveles como instrumento para la generación de conocimiento.
11. Promover una cultura de autogestión y responsabilidad comunitaria que genere mejores oportunidades económicas y calidad de vida.
12. Planificar, promover e incentivar el establecimiento y desarrollo de conglomerados empresariales (clusters).
rolando@bufete-emmanuelli.com
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico junto a Alianza Pro Sur auspiciaron el pasado 13 de julio de 2009 una reunión multisectorial que contó con la participación de las principales organizaciones profesionales y empresariales de la Región Sur. Como parte de esta reunión se revisó y se ratificó el Manifiesto por el Sur como el documento que contiene los principios indiscutibles de desarrollo socioeconómico para la Región Sur y que deben ser el programa de acción conjunto de los sectores políticos, empresariales, comunitarios y académicos.
La Cámara del Sur y Alianza Pro Sur junto a las organizaciones participantes acordaron llevar a cabo una serie de actividades de divulgación y cabildeo para que el gobierno central y los municipales se unan y apoyen estos esfuerzos de manera sólida y concertada.
La revisión del Manifiesto es la siguiente:
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, junto a otras organizaciones de la Región Sur, está comprometida con el desarrollo sustentable y sostenido de nuestra Región. Entendemos por desarrollo sustentable y sostenido el identificar y valorar todos los recursos disponibles en la Región Sur a los fines de utilizarlos en actividades productivas en armonía con el ambiente y la comunidad, de manera que garanticen el disfrute equitativo por la sociedad contemporánea, protegiendo la biodiversidad y disponibilidad para las generaciones futuras.
La Región Sur cuenta con las herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños. Para alcanzar estos objetivos es necesario desarrollar una visión específica y no partidista, de lo que deber ser la Región Sur. Esta visión está fundamentada en la integración de los sectores público, privado y académico como el modelo para conseguir el crecimiento y desarrollo económico al que aspiramos. La visión del Sur hacia el Nuevo Milenio debe incluir el compromiso inequívoco de las siguientes iniciativas multisectorial esenciales:
1. Impulsar a DISUR como el organismo institucional idóneo no partidista, para promover los esfuerzos de desarrollo económico y social de los quince municipios que componen la Región Sur de Puerto Rico, donde los sectores institucionales, empresariales, académicos y comunitarios sean los líderes del esfuerzo para lograr la adopción de un plan de integración regional para el Sur. Además, promover y perseguir que reciba las herramientas y recursos necesarios para alcanzar los objetivos trazados para el mejoramiento de la Zona Sur.
2. Impulsar que la Junta de Planificación defina la Región Sur de Puerto Rico como aquella compuesta por los siguientes 15 municipios: Adjuntas, Arroyo, Coamo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Patillas, Peñuelas, Ponce, Salinas, Santa Isabel, Villalba y Yauco y promueva la integración de los planes de desarrollo municipales bajo un plan regional coordinado por DISUR, sustentado en un sistema uniforme de indicadores socioeconómicos regionales que apoyen objetivamente la dirección estratégica de la Región Sur.
3. Modificar la Ley de Municipios Autónomos para garantizar la autonomía de la región por medio de la autonomía municipal. La autonomía municipal debe estar orientada a implantar y ejecutar el plan regional coordinado por DISUR con objetivos puntuales para el desarrollo de infraestructuras e iniciativas de crecimiento y desarrollo económico.
4. Completar, mantener e integrar la infraestructura necesaria para fomentar un modelo de desarrollo económico sustentado en los principio del concepto Puerto-Región, bajo un nuevo paradigma de logística que nos incorpore a una cadena global de distribución, internacionalizando así la Región Sur, mejorando la eficiencia de la cadena de suministros en el Sur de Puerto Rico y la Cuenca del Caribe y estimulando la generación de actividades de valor añadido que permitan la creación de nueva actividad económica y empleos bien remunerados con obras tales como:
a. Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago, a su máxima capacidad, y los demás puertos de la región, tales como Guayanilla, Las Mareas, Guánica, Guayama y otros.
b. Aeropuerto Mercedita y los demás aeropuertos privados de la región.
c. Tren del Sur de Arroyo a Guánica con capacidad para transportar carga y pasajeros
d. Zonas de valor añadido, centros de logística y distribución
e. Carreteras y conectores viales
f. Reservas agrícolas y de piscicultura
g. Obras de Ponce en Marcha
h. Acueducto del Sur
5. Promover la eliminación o la modificación de las Leyes de Cabotaje para mejorar la competitividad de Puerto Rico, al igual que la liberalización de la inspección de carga de trasbordo puro que se maneje en el Puerto de Las Américas.
6. Mercadear y promover el Sur a nivel global bajo la marca Porta Caribe como una Región de alto valor para el desarrollo e inversión turística, e impulsar el establecimiento de vuelos internacionales desde el Aeropuerto Mercedita para viabilizar la integración al comercio internacional.
7. Fomentar una cultura de intercambio mercantil internacional estableciendo lazos locales e internacionales a los fines de exportar e importar productos mediante los elementos de logística de la zona.
8. Impulsar a la Zona Libre del Sur, concesionaria de la Zona Libre Núm. 163, como herramienta de competitividad para las empresas que desarrollen comercio internacional y las que lleven a cabo actividades de valor añadido.
9. Generar y apoyar iniciativas que promuevan y logren soluciones integradas,
innovadoras, costo efectivas, competitivas y sustentables al problema energético de la región, la reducción de gases de efecto de invernadero y educar acerca de la necesidad de reducir el consumo de energía fósil y (educar) para asegurar el balance entre la toma de decisiones relacionadas a la creación y distribución de energía y el desarrollo socioeconómico de la región.
10. Apoyar e incentivar una educación de excelencia y calidad a todos los niveles como instrumento para la generación de conocimiento.
11. Promover una cultura de autogestión y responsabilidad comunitaria que genere mejores oportunidades económicas y calidad de vida.
12. Planificar, promover e incentivar el establecimiento y desarrollo de conglomerados empresariales (clusters).
miércoles, 15 de julio de 2009
DESINDUSTRIALIZACIÓN E INACCIÓN
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La clase política puertorriqueña no se ha enterado del proceso de desindustrialización donde se está desmantelando aceleradamente el aparato productivo basado en la manufactura. El proceso normal era que las compañías locales y extranjeras que se dedican a desarmar y vender los equipos y piezas industriales, las recibían para almacenamiento y venta a consignación, de forma que la planta manufacturera recuperaba parte del costo cuando se vendiera el artículo. Sin embargo, hoy en día muchas compañías prefieren regalar los equipos y piezas al que las desmantele y se las lleve, pues les resulta mucho más económico que pagar almacenamiento y esperar una venta o uso posterior. La deindustrialización nos ha llevado a niveles de derrumbe económico estructural y de dependencia económica nunca antes vistos.
A pesar de este escenario, los políticos del gobierno central y con contadas excepciones, también los del Sur, quienes no hacen ni dicen nada sin preguntar o pedir permiso al gobierno central o al partido, están derrochando el tiempo en pequeñas e inconsecuentes luchas, actividades o en planteamientos ridículos y alocados, que no permiten la indispensable reconversión industrial basada en el Puerto y el Aeropuerto Mercedita para sacar a Puerto Rico del atolladero.
1. El desarrollo del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago sigue en precario. Ya el contrato no va a estar listo para el mes de julio como se prometió. Tenemos al Secretario de Desarrollo Económico a estas alturas asesorándose sobre cómo culminar el proceso de negociación. Esto ocurre por no haber querido nombrar como Director Ejecutivo al Ing. Ramón Torres Morales, quien desarrolló el conocimiento, experiencia y la base conceptual para llegar al mejor acuerdo con UCW América.
2. Por otro lado, fracasó la estrategia del gobierno central de apoderarse del Puerto nombrando a dos miembros de la Junta de Directores del Puerto para tener la mayoría para escoger a otro Director Ejecutivo. En esta lucha de poder por el control de la Junta de Directores del Puerto, Fortuño no ha cumplido la promesa que le hizo a la Alcaldesa de nombrar al Ing. Pedro Gómez en la Junta de Directores; por tanto, también se encuentra en precario el que se nombre al puesto de Directora Ejecutiva a la candidata de la Alcaldesa. Cada una de esas estrategias y reyertas políticas han ido atrasando el proceso y sólo han permitido que en siete meses la Junta del Puerto se haya reunido dos veces.
3. A pesar de haber tenido en las manos la oportunidad única de asignarle fondos del plan de Obama al Puerto y a la infraestructura de valor añadido, todas las gestiones se quedaron en una simple carta que escribió la Alcaldesa. El presidente de la Junta de Directores del Puerto y Secretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, pertenece a todas las entidades, juntas y organismos que tienen que ver con los fondos, y no se preocupó, ni le importó asignar una partida, aunque fuera mínima, para el desarrollo del Puerto.
4. El Aeropuerto Internacional Mercedita sigue en un proceso de implosión dirigido por el Director de Puertos Sr. Alvaro Pilar. Primero, quiere escaparse del acuerdo que está en una sentencia que permite la expansión de la pista; se opone a que el aeropuerto pase al Municipio de Ponce; no tiene fondos ni proyectos para expandir el terminal y los hangares para permitir carga internacional; y, no hay forma de expandir el volumen de vuelos, porque no ha logrado que la aduana e inmigración federal ofrezcan servicio fuera de horas laborables.
Inacción ante la Desindustrialización, esa parece ser la realidad de la generalidad de la clase política de turno. Estamos en peligro claro e inminente de que el Sur pierda su única oportunidad histórica de desarrollo sostenido y sustentable.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La clase política puertorriqueña no se ha enterado del proceso de desindustrialización donde se está desmantelando aceleradamente el aparato productivo basado en la manufactura. El proceso normal era que las compañías locales y extranjeras que se dedican a desarmar y vender los equipos y piezas industriales, las recibían para almacenamiento y venta a consignación, de forma que la planta manufacturera recuperaba parte del costo cuando se vendiera el artículo. Sin embargo, hoy en día muchas compañías prefieren regalar los equipos y piezas al que las desmantele y se las lleve, pues les resulta mucho más económico que pagar almacenamiento y esperar una venta o uso posterior. La deindustrialización nos ha llevado a niveles de derrumbe económico estructural y de dependencia económica nunca antes vistos.
A pesar de este escenario, los políticos del gobierno central y con contadas excepciones, también los del Sur, quienes no hacen ni dicen nada sin preguntar o pedir permiso al gobierno central o al partido, están derrochando el tiempo en pequeñas e inconsecuentes luchas, actividades o en planteamientos ridículos y alocados, que no permiten la indispensable reconversión industrial basada en el Puerto y el Aeropuerto Mercedita para sacar a Puerto Rico del atolladero.
1. El desarrollo del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago sigue en precario. Ya el contrato no va a estar listo para el mes de julio como se prometió. Tenemos al Secretario de Desarrollo Económico a estas alturas asesorándose sobre cómo culminar el proceso de negociación. Esto ocurre por no haber querido nombrar como Director Ejecutivo al Ing. Ramón Torres Morales, quien desarrolló el conocimiento, experiencia y la base conceptual para llegar al mejor acuerdo con UCW América.
2. Por otro lado, fracasó la estrategia del gobierno central de apoderarse del Puerto nombrando a dos miembros de la Junta de Directores del Puerto para tener la mayoría para escoger a otro Director Ejecutivo. En esta lucha de poder por el control de la Junta de Directores del Puerto, Fortuño no ha cumplido la promesa que le hizo a la Alcaldesa de nombrar al Ing. Pedro Gómez en la Junta de Directores; por tanto, también se encuentra en precario el que se nombre al puesto de Directora Ejecutiva a la candidata de la Alcaldesa. Cada una de esas estrategias y reyertas políticas han ido atrasando el proceso y sólo han permitido que en siete meses la Junta del Puerto se haya reunido dos veces.
3. A pesar de haber tenido en las manos la oportunidad única de asignarle fondos del plan de Obama al Puerto y a la infraestructura de valor añadido, todas las gestiones se quedaron en una simple carta que escribió la Alcaldesa. El presidente de la Junta de Directores del Puerto y Secretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, pertenece a todas las entidades, juntas y organismos que tienen que ver con los fondos, y no se preocupó, ni le importó asignar una partida, aunque fuera mínima, para el desarrollo del Puerto.
4. El Aeropuerto Internacional Mercedita sigue en un proceso de implosión dirigido por el Director de Puertos Sr. Alvaro Pilar. Primero, quiere escaparse del acuerdo que está en una sentencia que permite la expansión de la pista; se opone a que el aeropuerto pase al Municipio de Ponce; no tiene fondos ni proyectos para expandir el terminal y los hangares para permitir carga internacional; y, no hay forma de expandir el volumen de vuelos, porque no ha logrado que la aduana e inmigración federal ofrezcan servicio fuera de horas laborables.
Inacción ante la Desindustrialización, esa parece ser la realidad de la generalidad de la clase política de turno. Estamos en peligro claro e inminente de que el Sur pierda su única oportunidad histórica de desarrollo sostenido y sustentable.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
EL PRINCIPIO DE PETER
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
En un famoso libro de 1969, The Peter Principle, el pedagogo canadiense Lawrence G. Peter elaboró un principio fundamental que puede resumirse de la siguiente manera: En una jerarquía laboral o política las personas tienden a ascender una y otra vez hasta que llegan a su nivel máximo de incompetencia. Esto trae como conclusión el que nunca se debe ascenderse a un empleado a un trabajo o a una persona a un cargo público, para el cual no estén cualificados.
Este Principio de Peter está muy relacionado a la conocida Ley de Murphy, del Ing. Edward A. Murphy Jr., quien en 1949 estipuló que “si hay más de una forma de hacer un trabajo y una de ellas culminará en desastre, alguien lo hará de esa manera” o dicho en forma sencilla "si algo puede salir mal, saldrá mal". Ambas leyes también tienen mucho que ver con la Ley de Parkinson del estudioso de la burocracia británica Cyril Northcote Parkinson, que en 1957 estableció que "el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine". Un trabajo va a tomar todo el tiempo que se le haya concedido. Es decir, que si para un trabajo se establece un término de seis meses, el trabajo va a durar todo ese tiempo y no va a terminar antes.
Bajo el Principio de Peter, promover o ascender a una persona que hace un buen trabajo en el empleo actual puede llevarlo a la cúspide de su incompetencia. Por ejemplo, una persona que sea muy competente en la redacción de escritos; que investigue muy bien, bosqueje y redacte con precisión, tenga buena ortografía y estilo, puede ganarse el favor de sus superiores. Sin embargo, la manera tradicional de premiar ese tipo de trabajo ha sido ascendiéndolo a otras posiciones, en muchas ocasiones gerenciales. Sin embargo, Peter nos dice, si el ascenso del empleado es hacia un área que no domina o en la que es incompetente, se afecta toda la organización, pues se llega a los niveles máximos de ineficiencia.
Nuestro sistema laboral, tanto privado como gubernamental, depende en gran medida de los ascensos, sin considerar que cada uno de nosotros tiene un conocimiento, una experiencia y unas competencias, tanto personales como sociales, que nos hacen muy efectivos para ciertas tareas, pero que si nos sacan de esos trabajos, nos enfrentamos a una gran probabilidad del fracaso.
Un buen ejemplo del Principio de Peter es cuando una persona que tiene una profesión u oficio, de repente decide hacerse político, función que requiere muchas otras destrezas poco usuales a los oficios y profesiones tradicionales. En muchos casos se hace evidente pronto que este cambio la ha llevado a unos niveles de ineficiencia que la hacen errar constantemente y asemejarse al estereotipo del político incompetente.
El problema con este tipo de persona que asciende a una posición que ni entiende y no puede manejar es que las mismas destrezas que no tiene para hacer la nueva función, nublan su juicio a la hora de contratar a otras personas para hacer tareas gerenciales o para que le asesoren. Los incompetentes con funciones gerenciales o políticas tienden a contratar y rodearse de otras personas incompetentes, porque generalmente no saben cuáles son las destrezas que deben tener y se entroniza la ineficiencia y la falta de competitividad. Es por eso que el tope de muchas organizaciones, incluyendo el gobierno de Puerto Rico, está lleno de incompetencia y mediocridad.
Definitivamente, los principios de Peter, Murphy y Parkinson son la receta para el desastre y tienen que ver mucho con la baja competitividad empresarial de Puerto Rico y la manera burda en que se hace el trabajo en la burocracia gubernamental y el liderato político. No tengo que entrar en ejemplos. Lo que hace falta es buscar soluciones.
Las organizaciones privadas y gubernamentales tienen que contar con mecanismos que permitan manejar el Principio de Peter. Es indispensable que el progreso de los empleados en las plazas se fundamente en aumentos salariales y no meros cambios de posiciones o ascenso en las escalas jerárquicas de las compañías o el gobierno. Uno de estos mecanismos es que exista la oportunidad de que si se asciende a alguien a su nivel de incompetencia, la persona pueda regresar a la plaza que dominaba perfectamente, sin pérdida sustancial de beneficios o salario. Esto obliga al patrono o jefe gubernamental a estar muy seguro en su decisión de ascender. Además, el que sea ascendido y no dé el grado, puede volver a su plaza original sin que sienta el estigma de haber sido degradado en el empleo. Esto por supuesto, requiere de una rigurosidad a la hora de evaluar y ceñirse estrictamente al principio de mérito para evitar discrimen prohibido y tener un sistema laboral justo.
En el gobierno el Principio de Peter puede evitarse si existe el mecanismo de referéndum revocatorio o con el mecanismo de honor de la renuncia. Cuando una persona ordinaria que tiene un oficio o una profesión no relacionada a la política, decide postularse y recibe el favor electoral, existe un enorme riesgo y una alta probabilidad de que alcance su grado máximo de incompetencia. Es por eso que las democracias desarrolladas tienen el mecanismo de referéndum revocatorio donde el pueblo puede escoger vedarle el mandato a un líder. En otras democracias, por factores culturales, existe un decoro personal y político, por eso cuando el funcionario se encuentra en una situación de incompetencia, generalmente renuncia. Puerto Rico necesita implantar ambos mecanismos.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
rolando@bufete-emmanuelli.com
En un famoso libro de 1969, The Peter Principle, el pedagogo canadiense Lawrence G. Peter elaboró un principio fundamental que puede resumirse de la siguiente manera: En una jerarquía laboral o política las personas tienden a ascender una y otra vez hasta que llegan a su nivel máximo de incompetencia. Esto trae como conclusión el que nunca se debe ascenderse a un empleado a un trabajo o a una persona a un cargo público, para el cual no estén cualificados.
Este Principio de Peter está muy relacionado a la conocida Ley de Murphy, del Ing. Edward A. Murphy Jr., quien en 1949 estipuló que “si hay más de una forma de hacer un trabajo y una de ellas culminará en desastre, alguien lo hará de esa manera” o dicho en forma sencilla "si algo puede salir mal, saldrá mal". Ambas leyes también tienen mucho que ver con la Ley de Parkinson del estudioso de la burocracia británica Cyril Northcote Parkinson, que en 1957 estableció que "el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine". Un trabajo va a tomar todo el tiempo que se le haya concedido. Es decir, que si para un trabajo se establece un término de seis meses, el trabajo va a durar todo ese tiempo y no va a terminar antes.
Bajo el Principio de Peter, promover o ascender a una persona que hace un buen trabajo en el empleo actual puede llevarlo a la cúspide de su incompetencia. Por ejemplo, una persona que sea muy competente en la redacción de escritos; que investigue muy bien, bosqueje y redacte con precisión, tenga buena ortografía y estilo, puede ganarse el favor de sus superiores. Sin embargo, la manera tradicional de premiar ese tipo de trabajo ha sido ascendiéndolo a otras posiciones, en muchas ocasiones gerenciales. Sin embargo, Peter nos dice, si el ascenso del empleado es hacia un área que no domina o en la que es incompetente, se afecta toda la organización, pues se llega a los niveles máximos de ineficiencia.
Nuestro sistema laboral, tanto privado como gubernamental, depende en gran medida de los ascensos, sin considerar que cada uno de nosotros tiene un conocimiento, una experiencia y unas competencias, tanto personales como sociales, que nos hacen muy efectivos para ciertas tareas, pero que si nos sacan de esos trabajos, nos enfrentamos a una gran probabilidad del fracaso.
Un buen ejemplo del Principio de Peter es cuando una persona que tiene una profesión u oficio, de repente decide hacerse político, función que requiere muchas otras destrezas poco usuales a los oficios y profesiones tradicionales. En muchos casos se hace evidente pronto que este cambio la ha llevado a unos niveles de ineficiencia que la hacen errar constantemente y asemejarse al estereotipo del político incompetente.
El problema con este tipo de persona que asciende a una posición que ni entiende y no puede manejar es que las mismas destrezas que no tiene para hacer la nueva función, nublan su juicio a la hora de contratar a otras personas para hacer tareas gerenciales o para que le asesoren. Los incompetentes con funciones gerenciales o políticas tienden a contratar y rodearse de otras personas incompetentes, porque generalmente no saben cuáles son las destrezas que deben tener y se entroniza la ineficiencia y la falta de competitividad. Es por eso que el tope de muchas organizaciones, incluyendo el gobierno de Puerto Rico, está lleno de incompetencia y mediocridad.
Definitivamente, los principios de Peter, Murphy y Parkinson son la receta para el desastre y tienen que ver mucho con la baja competitividad empresarial de Puerto Rico y la manera burda en que se hace el trabajo en la burocracia gubernamental y el liderato político. No tengo que entrar en ejemplos. Lo que hace falta es buscar soluciones.
Las organizaciones privadas y gubernamentales tienen que contar con mecanismos que permitan manejar el Principio de Peter. Es indispensable que el progreso de los empleados en las plazas se fundamente en aumentos salariales y no meros cambios de posiciones o ascenso en las escalas jerárquicas de las compañías o el gobierno. Uno de estos mecanismos es que exista la oportunidad de que si se asciende a alguien a su nivel de incompetencia, la persona pueda regresar a la plaza que dominaba perfectamente, sin pérdida sustancial de beneficios o salario. Esto obliga al patrono o jefe gubernamental a estar muy seguro en su decisión de ascender. Además, el que sea ascendido y no dé el grado, puede volver a su plaza original sin que sienta el estigma de haber sido degradado en el empleo. Esto por supuesto, requiere de una rigurosidad a la hora de evaluar y ceñirse estrictamente al principio de mérito para evitar discrimen prohibido y tener un sistema laboral justo.
En el gobierno el Principio de Peter puede evitarse si existe el mecanismo de referéndum revocatorio o con el mecanismo de honor de la renuncia. Cuando una persona ordinaria que tiene un oficio o una profesión no relacionada a la política, decide postularse y recibe el favor electoral, existe un enorme riesgo y una alta probabilidad de que alcance su grado máximo de incompetencia. Es por eso que las democracias desarrolladas tienen el mecanismo de referéndum revocatorio donde el pueblo puede escoger vedarle el mandato a un líder. En otras democracias, por factores culturales, existe un decoro personal y político, por eso cuando el funcionario se encuentra en una situación de incompetencia, generalmente renuncia. Puerto Rico necesita implantar ambos mecanismos.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
miércoles, 1 de julio de 2009
NEGOCIACIÓN DE PRINCIPIOS: DOS MÁS DOS NO SUMAN CUATRO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago (APA) está compuesta por funcionarios del gobierno central, alcaldes y representantes del interés privado. La Junta de Directores tiene la función de establecer las políticas generales y tomar las decisiones que vinculan contractualmente a la APA. Es esta Junta de Directores la que decidió correctamente que el Puerto de Las Américas es un puerto de trasbordo internacional con zona libre y valor añadido.
Dentro de la estructura de la Junta de Directores hace falta un brazo ejecutivo. Es decir, una persona que ejecute las políticas y órdenes de la Junta. Esta persona es el director o la directora ejecutiva. El director o directora ejecutiva tiene cierto grado de discreción, pero tiene que actuar siempre conforme a las instrucciones específicas que ha dado la Junta de Directores. Quienes mandan en una corporación son los directores. El director ejecutivo, es un empleado que ejecuta las órdenes. Si lo hace bien, la Junta de Directores puede alcanzar sus objetivos. Si no lo hace bien, por falta de información, ignorancia, dejadez, falta de relaciones profesionales o públicas, la Junta no va a poder alcanzar sus metas y objetivos.
Desde que empezó el año, la alcaldesa Dra. María Meléndez Altieri se percató de que la Junta de Directores y la comunidad sureña estaban satisfechas con el trabajo que había realizado el Ing. Ramón Torres Morales como Director Ejecutivo de la APA. Por esta razón, trató de alterar el balance de poder en la Junta y recomendó para Directores a dos personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista a los fines de poder tener una mayoría que le permitiera nombrar como directora ejecutiva a su persona preferida. Con esta propuesta, la Alcaldesa tendría en la Junta a los funcionarios del gobierno y los dos nuevos directores, que junto a su voto, constituirían una clara mayoría para nombrar a la Directora Ejecutiva. Evidentemente, la ecuación de la Alcaldesa contaba con el apoyo del gobierno central. Apoyo que es evidente no se materializó.
Lo que no estuvo presente en el cálculo de la Sra. Alcaldesa es que el gobierno central tiene interés en acaparar el poder de la Junta de Directores a los fines de nombrar una persona que le responda como director ejecutivo al Gobernador Fortuño y de esa manera, secuestrar el Puerto de Las Américas para los intereses del norte. Por esa razón fue que el Secretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, sin encomendarse a nadie y sin avisarle previamente a la Alcaldesa ni al Senador Larry Seilhamer, les echó un balde de agua fría en la Comisión Total del Senado del 29 de mayo de 2009, al anunciar los nombramientos a la Junta del Dr. Carlos Dundee Martínez y del Lcdo. Paul Calvesbert.
Mientras tanto, todo este forcejeo político ha ocasionado que la Junta del Puerto se haya reunido sólo dos veces en lo que va de año, que todavía no cuente con un director ejecutivo y que no se tenga idea del estado de las negociaciones con el operador, ni fecha cierta para el comienzo de los trabajos del Puerto.
Para complicar esta situación, sorpresivamente, la Alcaldesa aceptó que Pérez Riera fuera el presidente de la Junta de Directores en contra de la idea del Senador Seilhamer de que ella fuera la presidenta de la Junta y fue entonces a negociar las posiciones de la Junta de Directores con el gobernador Fortuño y con el Secretario Pérez Riera.
No cabe duda de que los principios y las prerrogativas del Puerto de las Américas, de Ponce y la Región Sur no deben ser negociables. Cuando se negocian los principios, siempre hay pérdidas. Lo que el Pueblo pide es la defensa férrea de los principios, no su negociación perdidosa.
Bajo la negociación, la Alcaldesa aceptó que se nombrara a Paul Calvesbert y al Dr. Carlos Dundee Martínez como miembros de la Junta y que luego se nombraría al Ing. Pedro Gómez, uno de sus recomendados, para que ocupe la plaza vencida del Sr. Arturo Valdelluly. Bajo esa propuesta de transacción, se le permitiría a la Alcaldesa que se nombrara a Ronda Castillo como Directora Ejecutiva del Puerto.
Lamentablemente, bajo esta negociación de principios dos más dos no suman cuatro. En primer término hay que reiterar que los que mandan en una junta de directores son los directores y no el director o directora ejecutiva. Por ende, la alcaldesa cedió dos jefes al norte a cambio de tener una empleada, y que tampoco cuenta con el reconocimiento y el endoso de las fuerzas activas sureñas. A la Alcaldesa le prometieron que iban a designar al Ing. Pedro Gómez para ocupar la plaza de Arturo Valdelluly. Sin embargo, a esta hora ese nombramiento no se ha efectuado. No me sorprendería que nunca se efectúe. Además, con este nombramiento están sustituyen un ponceño con otro ponceño. No hay ganancia para Ponce y el Sur, y todo se cancela, por ende, el resultado neto es cero.
Las negociaciones que ha llevado a cabo la Dra. María Meléndez Altieri llegan al saldo de que el norte tendrá dos nuevos miembros en la junta que son jefes de la persona que la Alcaldesa quiere que sea la directora ejecutiva. El balance de poder definitivamente se fue al norte y la ganancia de Ponce y la Región Sur será cero.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La Junta de Directores de la Autoridad del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago (APA) está compuesta por funcionarios del gobierno central, alcaldes y representantes del interés privado. La Junta de Directores tiene la función de establecer las políticas generales y tomar las decisiones que vinculan contractualmente a la APA. Es esta Junta de Directores la que decidió correctamente que el Puerto de Las Américas es un puerto de trasbordo internacional con zona libre y valor añadido.
Dentro de la estructura de la Junta de Directores hace falta un brazo ejecutivo. Es decir, una persona que ejecute las políticas y órdenes de la Junta. Esta persona es el director o la directora ejecutiva. El director o directora ejecutiva tiene cierto grado de discreción, pero tiene que actuar siempre conforme a las instrucciones específicas que ha dado la Junta de Directores. Quienes mandan en una corporación son los directores. El director ejecutivo, es un empleado que ejecuta las órdenes. Si lo hace bien, la Junta de Directores puede alcanzar sus objetivos. Si no lo hace bien, por falta de información, ignorancia, dejadez, falta de relaciones profesionales o públicas, la Junta no va a poder alcanzar sus metas y objetivos.
Desde que empezó el año, la alcaldesa Dra. María Meléndez Altieri se percató de que la Junta de Directores y la comunidad sureña estaban satisfechas con el trabajo que había realizado el Ing. Ramón Torres Morales como Director Ejecutivo de la APA. Por esta razón, trató de alterar el balance de poder en la Junta y recomendó para Directores a dos personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista a los fines de poder tener una mayoría que le permitiera nombrar como directora ejecutiva a su persona preferida. Con esta propuesta, la Alcaldesa tendría en la Junta a los funcionarios del gobierno y los dos nuevos directores, que junto a su voto, constituirían una clara mayoría para nombrar a la Directora Ejecutiva. Evidentemente, la ecuación de la Alcaldesa contaba con el apoyo del gobierno central. Apoyo que es evidente no se materializó.
Lo que no estuvo presente en el cálculo de la Sra. Alcaldesa es que el gobierno central tiene interés en acaparar el poder de la Junta de Directores a los fines de nombrar una persona que le responda como director ejecutivo al Gobernador Fortuño y de esa manera, secuestrar el Puerto de Las Américas para los intereses del norte. Por esa razón fue que el Secretario de Desarrollo Económico, José Pérez Riera, sin encomendarse a nadie y sin avisarle previamente a la Alcaldesa ni al Senador Larry Seilhamer, les echó un balde de agua fría en la Comisión Total del Senado del 29 de mayo de 2009, al anunciar los nombramientos a la Junta del Dr. Carlos Dundee Martínez y del Lcdo. Paul Calvesbert.
Mientras tanto, todo este forcejeo político ha ocasionado que la Junta del Puerto se haya reunido sólo dos veces en lo que va de año, que todavía no cuente con un director ejecutivo y que no se tenga idea del estado de las negociaciones con el operador, ni fecha cierta para el comienzo de los trabajos del Puerto.
Para complicar esta situación, sorpresivamente, la Alcaldesa aceptó que Pérez Riera fuera el presidente de la Junta de Directores en contra de la idea del Senador Seilhamer de que ella fuera la presidenta de la Junta y fue entonces a negociar las posiciones de la Junta de Directores con el gobernador Fortuño y con el Secretario Pérez Riera.
No cabe duda de que los principios y las prerrogativas del Puerto de las Américas, de Ponce y la Región Sur no deben ser negociables. Cuando se negocian los principios, siempre hay pérdidas. Lo que el Pueblo pide es la defensa férrea de los principios, no su negociación perdidosa.
Bajo la negociación, la Alcaldesa aceptó que se nombrara a Paul Calvesbert y al Dr. Carlos Dundee Martínez como miembros de la Junta y que luego se nombraría al Ing. Pedro Gómez, uno de sus recomendados, para que ocupe la plaza vencida del Sr. Arturo Valdelluly. Bajo esa propuesta de transacción, se le permitiría a la Alcaldesa que se nombrara a Ronda Castillo como Directora Ejecutiva del Puerto.
Lamentablemente, bajo esta negociación de principios dos más dos no suman cuatro. En primer término hay que reiterar que los que mandan en una junta de directores son los directores y no el director o directora ejecutiva. Por ende, la alcaldesa cedió dos jefes al norte a cambio de tener una empleada, y que tampoco cuenta con el reconocimiento y el endoso de las fuerzas activas sureñas. A la Alcaldesa le prometieron que iban a designar al Ing. Pedro Gómez para ocupar la plaza de Arturo Valdelluly. Sin embargo, a esta hora ese nombramiento no se ha efectuado. No me sorprendería que nunca se efectúe. Además, con este nombramiento están sustituyen un ponceño con otro ponceño. No hay ganancia para Ponce y el Sur, y todo se cancela, por ende, el resultado neto es cero.
Las negociaciones que ha llevado a cabo la Dra. María Meléndez Altieri llegan al saldo de que el norte tendrá dos nuevos miembros en la junta que son jefes de la persona que la Alcaldesa quiere que sea la directora ejecutiva. El balance de poder definitivamente se fue al norte y la ganancia de Ponce y la Región Sur será cero.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
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