Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
Los seres humanos somos entidades físicas, emocionales e intelectuales. Como tales, tenemos dolencias en esos tres aspectos. Cuando tenemos un dolor abdominal, vamos al internista o al gastroenterólogo. Cuando tenemos una preocupación intelectual, recurrimos a los libros, profesores o a la academia, y; cuando tenemos una dolencia emocional, recurrimos a los psicólogos y psiquiatras. Ese es el orden de la vida de los seres humanos en cuanto a su salud. Las empresas tienen ciclos de vida. Las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por tanto, también pueden sufrir problemas de salud similares a los humanos.
En las economías débiles o en estado de recesión como la puertorriqueña, las empresas pueden empezar a sufrir dolencias en los aspectos físicos, intelectuales y emocionales. En un estado de incertidumbre económica, una empresa puede tener problemas para adquirir materia prima, equipos, recursos humanos o otros bienes que sean indispensables para operar. Esto afecta su salud material. También, las empresas pueden sufrir de falta de creatividad y tener problemas de naturaleza intelectual que reduzcan sus oportunidades de progresar económicamente. Por último, las empresas pueden sufrir de problemas emocionales. Las empresas pueden caer en una depresión. Evidentemente, la analogía entre un ser humano y una empresa puede ser objeto de muchos opiniones o apreciaciones, pero para fines de la argumentación de este artículo, entendemos que en la crisis económica una empresa sufre prácticamente las mismas dolencias que un ser humano.
Llamo la depresión de una empresa a la actitud que permea desde la alta gerencia hasta los empleados de los niveles básicos, de que la situación está “mala” y de que no hay esperanza de que la empresa salga del atolladero. Esta actitud de los recursos humanos, ocasiona pérdida de capacidad creativa, dejadez, conflictos interpersonales, y por ende, falta de productividad. Las empresas no pueden permitir caer en una depresión. Cuando hay tiempos difíciles, tienen que activarse mecanismos de reflexión, análisis, crítica interna y examen del mercado circundante, para ajustar las operaciones a los fines de poder sobrevivir. Cuando una empresa está deprimida se nota en las caras de sus líderes y sus empleados. Se nota en el desánimo y particularmente en el desorden, poca decoración y falta de ambiente agradable de trabajo. Todo esto evita que los empleados se sientan a gusto y puedan dar el máximo de su productividad y tener margen para la creatividad.
Para que su empresa no caiga en depresión, comience examinando todos los procesos y protocolos del trabajo, preguntándole a todos los empleados, cómo ellos entienden que podrían mejorar su calidad de vida en el empleo. Calidad de vida en el empleo significa que yo haga mi trabajo cómodo, tranquilo y que me gusta, para que el trabajo se haga rápido y con calidad. Además, debe tomar todas las medidas que todos nosotros tomamos en nuestro hogar cuando nos sentimos aburridos con la decoración, ubicación de los muebles, con el lugar donde tenemos nuestros cuadros y efectos personales. En muchas ocasiones decidimos un día que queremos reorganizar la casa y con meramente cambiar los muebles y cuadros, tenemos un mejor ambiente y nos sentimos mucho más felices. Lo mismo puede ocurrir en una empresa. Trabaje en todos los niveles de operación, en el arreglo de los muebles, de los escritorios, en la disposición de los papeles, la organización de los archivos, modifique los procesos aburridos y engorrosos, para que todos se sientan que están en un lugar adecuado y bonito para trabajar.
Pasamos más de la tercera parte de nuestro tiempo trabajando. Algunos trabajamos 10, 12, hasta 14 horas al día, y tenemos poco tiempo para estar con nuestras familias, y el resto lo invertimos durmiendo. Por tanto, estamos más tiempo trabajando que en el resto de las actividades. Una manera de apoyar que las empresas no caigan en depresión es atendiendo todos los asuntos y pequeños detalles que ayudan a que los empleados tengan una mejor calidad de vida. No permita que su empresa caiga en depresión, esfuércese, reflexione, reúnase con sus empleados, discuta cómo mejorar, reorganice su oficina y la composición de su empresa. De esta forma podrá sentirse que está en un nuevo comienzo, y tener ánimos para enfrentar estos tiempos difíciles.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
Boletín Del Derecho y Del Revés
sábado, 12 de mayo de 2007
INCENTIVOS PARA LAS ZONAS DE VALOR AÑADIDO DEL PUERTO DE LAS AMÉRICAS
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
Como mencionamos en un pasado artículo, es indispensable para el desarrollo pleno del Puerto de las Américas que se trabaje con las áreas de valor añadido. Las áreas de valor añadido son las fincas que contendrán las fábricas donde se generarán miles de empleos. Actualmente, estas fincas están baldías a pesar de que existe un compromiso legal del gobierno de habilitarlas para que se puedan desarrollar empresas de valor añadido relacionadas al Puerto y al Aeropuerto Mercedita.
En los tiempos actuales, hay muchas iniciativas en las cuales colabora la empresa privada con el gobierno para desarrollar proyectos económicos. Actualmente los dueños de las fincas de valor añadido se están reuniendo en la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, para tratar de delinear estrategias que permitan el desarrollo pleno de estas propiedades. La información que existe del gobierno es que no se han comenzado a diseñar los planos para darle acceso y servicios a estas fincas para que tengan utilidad para los empresarios, y tampoco existe dinero suficiente separado para estos menesteres. La urgencia que plantea este problema es que la segunda etapa del puerto de las Américas quedará concluida en el término de 19 meses, y en ese término deben estar listas las áreas de valor añadido para que comience la proliferación de empresas que darán los empleos que necesita esta región. Por ende, es indispensable buscar nuevas maneras de trabajar este asunto mediante la colaboración entre el Estado y la empresa privada.
En conversaciones con los líderes de las gestas del desarrollo del Puerto, particularmente con el Ingeniero Ramón Torres Morales y la Sra. Elena Colón Parrilla, Presidenta del Comité del Puerto de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, se han ido forjando la idea de que se cree una Ley de Incentivos Contributivos para toda empresa o inversionista que quiera construir fábricas, instalaciones de infraestructura, carreteras, conexiones eléctricas, de acueductos o de telecomunicaciones, para darle viabilidad a las zonas de valor añadido, y que reciba entonces un crédito contributivo negociable que le permita recobrar su inversión de manera razonable. Se plantea que se cree una Ley similar a la Ley 212, que hasta el presente, ha sido un éxito en el desarrollo de proyectos en el casco histórico, aunque exista un problema serio con la interpretación reglamentaria del Departamento de Hacienda, que ha paralizado la efectividad de la Ley. No obstante, durante el tiempo que la Ley 212 funcionó sin la intervención del Departamento de Hacienda, fue un éxito y logró la inversión de decenas de millones de dólares en el casco histórico ponceño.
Por tanto, se propone la creación de una Ley de Incentivos Contributivos para recompensar la inversión privada en las áreas de valor añadido. Si se le concede un crédito contributivo a cualquier persona que invierta materiales y mano de obra en proyectos de infraestructura de las zonas de valor añadido, no tengo la menor duda de que habrá una explosión de interés y de inversión que apoyará al gobierno en su responsabilidad de llevar al máximo el desarrollo del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.
En el Segundo Simposio del Puerto, que se celebrará el próximo 4 de mayo se discutirá en más detalles esta iniciativa.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
Como mencionamos en un pasado artículo, es indispensable para el desarrollo pleno del Puerto de las Américas que se trabaje con las áreas de valor añadido. Las áreas de valor añadido son las fincas que contendrán las fábricas donde se generarán miles de empleos. Actualmente, estas fincas están baldías a pesar de que existe un compromiso legal del gobierno de habilitarlas para que se puedan desarrollar empresas de valor añadido relacionadas al Puerto y al Aeropuerto Mercedita.
En los tiempos actuales, hay muchas iniciativas en las cuales colabora la empresa privada con el gobierno para desarrollar proyectos económicos. Actualmente los dueños de las fincas de valor añadido se están reuniendo en la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, para tratar de delinear estrategias que permitan el desarrollo pleno de estas propiedades. La información que existe del gobierno es que no se han comenzado a diseñar los planos para darle acceso y servicios a estas fincas para que tengan utilidad para los empresarios, y tampoco existe dinero suficiente separado para estos menesteres. La urgencia que plantea este problema es que la segunda etapa del puerto de las Américas quedará concluida en el término de 19 meses, y en ese término deben estar listas las áreas de valor añadido para que comience la proliferación de empresas que darán los empleos que necesita esta región. Por ende, es indispensable buscar nuevas maneras de trabajar este asunto mediante la colaboración entre el Estado y la empresa privada.
En conversaciones con los líderes de las gestas del desarrollo del Puerto, particularmente con el Ingeniero Ramón Torres Morales y la Sra. Elena Colón Parrilla, Presidenta del Comité del Puerto de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, se han ido forjando la idea de que se cree una Ley de Incentivos Contributivos para toda empresa o inversionista que quiera construir fábricas, instalaciones de infraestructura, carreteras, conexiones eléctricas, de acueductos o de telecomunicaciones, para darle viabilidad a las zonas de valor añadido, y que reciba entonces un crédito contributivo negociable que le permita recobrar su inversión de manera razonable. Se plantea que se cree una Ley similar a la Ley 212, que hasta el presente, ha sido un éxito en el desarrollo de proyectos en el casco histórico, aunque exista un problema serio con la interpretación reglamentaria del Departamento de Hacienda, que ha paralizado la efectividad de la Ley. No obstante, durante el tiempo que la Ley 212 funcionó sin la intervención del Departamento de Hacienda, fue un éxito y logró la inversión de decenas de millones de dólares en el casco histórico ponceño.
Por tanto, se propone la creación de una Ley de Incentivos Contributivos para recompensar la inversión privada en las áreas de valor añadido. Si se le concede un crédito contributivo a cualquier persona que invierta materiales y mano de obra en proyectos de infraestructura de las zonas de valor añadido, no tengo la menor duda de que habrá una explosión de interés y de inversión que apoyará al gobierno en su responsabilidad de llevar al máximo el desarrollo del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.
En el Segundo Simposio del Puerto, que se celebrará el próximo 4 de mayo se discutirá en más detalles esta iniciativa.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
miércoles, 18 de abril de 2007
UN NUEVO FANTASMA ASECHA AL PUERTO DE LAS AMERICAS
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Desde sus orígenes, el Puerto de las Américas ha tenido grandes controversias que han afectado su proceso de desarrollo. En primer término, se discutió la ubicación. Luego, el alcance del Puerto, que desde su origen fue concebido como un Puerto de Transbordo Internacional. Luego, el alcalde de Ponce, Hon. Francisco Zayas Seijo, comenzó a impulsar la idea de que el Puerto fuera de naturaleza doméstica, es decir, para solamente embarcar productos entre Puerto Rico y Estado Unidos, bajo las Leyes de Cabotaje. Esto levantó severas críticas, particularmente de la Cámara de Comercio del Sur, quien adoptó el proyecto del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago como el modelo de desarrollo económico de la Región Sur. Todos los esfuerzos de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico han ido dirigidos a desarrollar plenamente el Puerto de las Américas, esto incluye trabajar, según resuelto por su Asamblea, con las Leyes de Cabotaje, con el “Homeland Security Act”, con las tarifas de acarreo terrestre, las zonas de valor añadido y con el Aeropuerto Mercedita. Por eso es que se celebró el año pasado el Primer Simposio del Puerto de las Américas para discutir las implicaciones económicas y sociales de una ciudad puerto y este próximo viernes 4 de mayo se celebrará la segunda edición del Simposio, dedicado esta vez, al desarrollo de las zonas de valor añadido.
La controversia sobre la viabilidad, alcance y propósito del Puerto se ha complicado con los planes que está desarrollando el alcalde Francisco Zayas Seijo, en una interesante alianza con el Comisionado Residente Luis Fortuño, de convertir el Puerto en uno meramente doméstico y turístico. Ambos políticos, de mucho coincidencia ideológica en torno al futuro del país, quieren evadir la realidad de que Puerto Rico necesita un modelo de desarrollo económico a tono con la globalización y que esto requiere enfrentar los obstáculos a este proceso como lo son las Leyes de Cabotaje, de “Homeland Security” y la transportación terrestre y aérea. Entienden estos funcionarios que si el puerto es turístico, no es necesario atender el asunto de las Leyes de Cabotaje. Esto dado el hecho de que la actividad de cruceros está exenta de la Ley.
El Puerto las Américas Rafael Cordero Santiago no puede ser solamente un Puerto turístico y doméstico, porque estaría reproduciendo innecesariamente el esquema del Puerto de San Juan y no fomentaría el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional que apoye zonas industriales de valor añadido, que son las que van a generar empleo e inyectar dinero nuevo en nuestra economía. Cambiar el modelo del Puerto a uno turístico y doméstico, por limitaciones ideológicas, es un grave error que pagaremos nosotros y las generaciones futuras.
Todas las personas que hemos estado laborando por el desarrollo pleno del Puerto, que no significa meramente viable, sino que significa que debe ser motor de múltiples ejes de actividad económica y de empleo, debemos estar alertas para que no se lleve a efecto este cambio en el modelo original de desarrollo que soñó nuestro Alcalde Rafael Cordero Santiago.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Desde sus orígenes, el Puerto de las Américas ha tenido grandes controversias que han afectado su proceso de desarrollo. En primer término, se discutió la ubicación. Luego, el alcance del Puerto, que desde su origen fue concebido como un Puerto de Transbordo Internacional. Luego, el alcalde de Ponce, Hon. Francisco Zayas Seijo, comenzó a impulsar la idea de que el Puerto fuera de naturaleza doméstica, es decir, para solamente embarcar productos entre Puerto Rico y Estado Unidos, bajo las Leyes de Cabotaje. Esto levantó severas críticas, particularmente de la Cámara de Comercio del Sur, quien adoptó el proyecto del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago como el modelo de desarrollo económico de la Región Sur. Todos los esfuerzos de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico han ido dirigidos a desarrollar plenamente el Puerto de las Américas, esto incluye trabajar, según resuelto por su Asamblea, con las Leyes de Cabotaje, con el “Homeland Security Act”, con las tarifas de acarreo terrestre, las zonas de valor añadido y con el Aeropuerto Mercedita. Por eso es que se celebró el año pasado el Primer Simposio del Puerto de las Américas para discutir las implicaciones económicas y sociales de una ciudad puerto y este próximo viernes 4 de mayo se celebrará la segunda edición del Simposio, dedicado esta vez, al desarrollo de las zonas de valor añadido.
La controversia sobre la viabilidad, alcance y propósito del Puerto se ha complicado con los planes que está desarrollando el alcalde Francisco Zayas Seijo, en una interesante alianza con el Comisionado Residente Luis Fortuño, de convertir el Puerto en uno meramente doméstico y turístico. Ambos políticos, de mucho coincidencia ideológica en torno al futuro del país, quieren evadir la realidad de que Puerto Rico necesita un modelo de desarrollo económico a tono con la globalización y que esto requiere enfrentar los obstáculos a este proceso como lo son las Leyes de Cabotaje, de “Homeland Security” y la transportación terrestre y aérea. Entienden estos funcionarios que si el puerto es turístico, no es necesario atender el asunto de las Leyes de Cabotaje. Esto dado el hecho de que la actividad de cruceros está exenta de la Ley.
El Puerto las Américas Rafael Cordero Santiago no puede ser solamente un Puerto turístico y doméstico, porque estaría reproduciendo innecesariamente el esquema del Puerto de San Juan y no fomentaría el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional que apoye zonas industriales de valor añadido, que son las que van a generar empleo e inyectar dinero nuevo en nuestra economía. Cambiar el modelo del Puerto a uno turístico y doméstico, por limitaciones ideológicas, es un grave error que pagaremos nosotros y las generaciones futuras.
Todas las personas que hemos estado laborando por el desarrollo pleno del Puerto, que no significa meramente viable, sino que significa que debe ser motor de múltiples ejes de actividad económica y de empleo, debemos estar alertas para que no se lleve a efecto este cambio en el modelo original de desarrollo que soñó nuestro Alcalde Rafael Cordero Santiago.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
sábado, 7 de abril de 2007
ESENCIAL DESARROLLAR LAS AREAS DE VALOR AÑADIDO PARA PROGRESO ECONOMICO DEL SUR
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
El Puerto de las Americas Rafael Cordero Santiago es una realidad que va progresando y en el término de 20 meses, contará con un moderno terminal que podrá manejar buques post panamax y un volumen de 250,000 furgones al año. Para ese momento, ya se debe contar con un operador internacional que pueda traer volumen de carga e incentivar el establecimiento de las industrias de valor añadido que apoyen el desarrollo económico de la región. Las industrias de valor añadido son aquellas industrias que se ubican cerca de puertos de trasbordo internacional para recibir materia prima o productos semi ensamblados, de manera que los trabajen, modifiquen o los reparen, para que los puedan exportar a los mercados circundantes. Las empresas de valor añadido son las que van a traer el empleo que hace falta para la región Sur, que lamentablemente es la región más pobre de todo el país.
El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio Autónomo de Ponce contempla el desarrollo de unas grandes fincas que pertenecen a diferentes propietarios para que se conviertan en un área de desarrollo industrial de valor añadido. Para la aprobación del Plan, las agencias gubernamentales de infraestructura se comprometieron a llevar a cabo unas obras que incluyen conexiones de agua, alcantarillado, energía eléctrica, carreteras y telecomunicaciones. Estas obras de infraestructura son compromisos de ley conforme a lo resuelto en el caso de Ponce en Marcha. Por tanto, deben estar listas para cuando se termine la segunda etapa del Puerto en un término de 20 meses. Si estas obras no se terminan en un tiempo mencionado, el operador no tendrá unas áreas donde se puedan establecer las industrias de valor añadido como fuente de promoción del Puerto y de empleo. Es urgente que el gobierno empiece la planificación detallada de cumplimiento legal de las obras de infraestructura para las fincas de valor añadido.
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y su Comité del Puerto, presidido por la economista Elena Colón Parilla, convocó a los dueños de tierras que están zonificadas como áreas de valor añadido para explicarles en detalle lo que significa para sus terrenos y para constituir una fuerza que abogue porque se cumpla con el mandato legal de las obras de infraestructura. En el mes de mayo, la Cámara de Comercio del Sur celebrará su segundo Simposio del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago donde el tema será: El Valor Añadido. El Departamento de Desarrollo Económico se ha comprometido a presentar en el Simposio el plan de desarrollo, pero ha informado que solamente cuenta con 6 millones para llevar acabo este importante proyecto.
Estoy de buena fe convencido de que el Puerto de Las Américas es un modelo de desarrollo económico que traerá calidad de vida a Ponce, la región Sur y al resto del país. Para eso es indispensable trabajar y cabildear desde todos los ángulos para que el gobierno cumpla con los compromisos de ley. La Cámara de Comercio del Sur continuará reuniéndose con los propietarios de las fincas de valor añadido por lo que cualquier persona que tenga terrenos que hayan sido zonificados de esa forma, debe comunicarse con la Sra. Elena Colón Parrilla al (787) 844-4400, para estar enterado de cuándo es la próxima reunión.
Sin el cumplimiento del gobierno de sus obligaciones para el desarrollo de infraestructura, las áreas del valor añadido continuarán siendo fincas baldías. Con fincas baldías, el Puerto de las Américas no tendrá el impacto económico que todos esperamos. La región Sur tiene derecho a que el gobierno central cumpla con estas obras de infraestructura. Esto es brindarnos nuestro derecho al Debido Proceso de Ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
El Puerto de las Americas Rafael Cordero Santiago es una realidad que va progresando y en el término de 20 meses, contará con un moderno terminal que podrá manejar buques post panamax y un volumen de 250,000 furgones al año. Para ese momento, ya se debe contar con un operador internacional que pueda traer volumen de carga e incentivar el establecimiento de las industrias de valor añadido que apoyen el desarrollo económico de la región. Las industrias de valor añadido son aquellas industrias que se ubican cerca de puertos de trasbordo internacional para recibir materia prima o productos semi ensamblados, de manera que los trabajen, modifiquen o los reparen, para que los puedan exportar a los mercados circundantes. Las empresas de valor añadido son las que van a traer el empleo que hace falta para la región Sur, que lamentablemente es la región más pobre de todo el país.
El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio Autónomo de Ponce contempla el desarrollo de unas grandes fincas que pertenecen a diferentes propietarios para que se conviertan en un área de desarrollo industrial de valor añadido. Para la aprobación del Plan, las agencias gubernamentales de infraestructura se comprometieron a llevar a cabo unas obras que incluyen conexiones de agua, alcantarillado, energía eléctrica, carreteras y telecomunicaciones. Estas obras de infraestructura son compromisos de ley conforme a lo resuelto en el caso de Ponce en Marcha. Por tanto, deben estar listas para cuando se termine la segunda etapa del Puerto en un término de 20 meses. Si estas obras no se terminan en un tiempo mencionado, el operador no tendrá unas áreas donde se puedan establecer las industrias de valor añadido como fuente de promoción del Puerto y de empleo. Es urgente que el gobierno empiece la planificación detallada de cumplimiento legal de las obras de infraestructura para las fincas de valor añadido.
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y su Comité del Puerto, presidido por la economista Elena Colón Parilla, convocó a los dueños de tierras que están zonificadas como áreas de valor añadido para explicarles en detalle lo que significa para sus terrenos y para constituir una fuerza que abogue porque se cumpla con el mandato legal de las obras de infraestructura. En el mes de mayo, la Cámara de Comercio del Sur celebrará su segundo Simposio del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago donde el tema será: El Valor Añadido. El Departamento de Desarrollo Económico se ha comprometido a presentar en el Simposio el plan de desarrollo, pero ha informado que solamente cuenta con 6 millones para llevar acabo este importante proyecto.
Estoy de buena fe convencido de que el Puerto de Las Américas es un modelo de desarrollo económico que traerá calidad de vida a Ponce, la región Sur y al resto del país. Para eso es indispensable trabajar y cabildear desde todos los ángulos para que el gobierno cumpla con los compromisos de ley. La Cámara de Comercio del Sur continuará reuniéndose con los propietarios de las fincas de valor añadido por lo que cualquier persona que tenga terrenos que hayan sido zonificados de esa forma, debe comunicarse con la Sra. Elena Colón Parrilla al (787) 844-4400, para estar enterado de cuándo es la próxima reunión.
Sin el cumplimiento del gobierno de sus obligaciones para el desarrollo de infraestructura, las áreas del valor añadido continuarán siendo fincas baldías. Con fincas baldías, el Puerto de las Américas no tendrá el impacto económico que todos esperamos. La región Sur tiene derecho a que el gobierno central cumpla con estas obras de infraestructura. Esto es brindarnos nuestro derecho al Debido Proceso de Ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
martes, 3 de abril de 2007
DEMOCRACIA NO ES IGUAL A POLÍTICA, EL DEBATE SOBRE LA UNICAMERALIDAD
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
En Puerto Rico existe la tendencia a confundir la Política con la Democracia. La Democracia es el sistema de gobierno que en teoría establece nuestra Constitución, donde el poder político está dividido en tres ramas, dos de las cuales son electas directamente por el pueblo, y se supone que respondan a nuestros deseos y aspiraciones. La política, entre otras cosas, es la ciencia que estudia el comportamiento de los ciudadanos, de sus estructuras de participación y de los partidos políticos en relación a los procesos de alcanzar y administrar el poder gubernamental. Política no es igual a Democracia, porque la política puede ejercerse correcta y prudentemente dentro de una dictadura.
El sistema democrático puertorriqueño establece que cuando se quiera hacer alguna reforma constitucional hay que someter el asunto a un referéndum donde puedan votar todos los electores hábiles. La Constitución puertorriqueña establece que una vez el pueblo hace su determinación sobre el referéndum, es necesario implantarlo. No hay discreción para que los cuerpos políticos gubernamentales hagan caso omiso de un mandato del pueblo, porque estarían contradiciendo un postulado democrático básico. Cuando la legislatura determinó consultar al pueblo sobre la Unicameralidad bajo el procedimiento extraordinario de referéndum, se había vinculado u obligado claramente con el resultado del referéndum. No hay base jurídica o constitucional que le permita a la legislatura obviar el mandato del pueblo. El mandato del pueblo no depende de la cantidad de personas que hayan votado, depende de que la elección haya sido válida e incuestionable. Hasta este momento, no se ha hecho ningún planteamiento jurídico sobre la validez del referéndum de la Unicameralidad.
Ante el proceso judicial que sigue unos ciudadanos responsables en contra de la legislatura para que se valide la voluntad del pueblo de una sola cámara, es indispensable analizar las consecuencias políticas y sociales de que se desatienda el mandato del pueblo. Si la Asamblea Legislativa no respeta el mandato del pueblo, está incurriendo en un acto tiránico y antidemocrático. Por ende, está violando la Constitución. El Tribunal Superior en su Sala de San Juan, determinó que no tenía autoridad para obligar a los legisladores a cumplir con el mandato del pueblo. Con mucho respeto, diferimos. Los Tribunales están para interpretar la Constitución. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, es el último interprete de la Constitución de Puerto Rico. En su momento, cuando el caso se discuta en el Tribunal Supremo, tendrá que decir si en Puerto Rico existe una democracia o existe una aparente democracia, con capacidad de que sus líderes políticos se conviertan en tiranos.
A mi juicio, esta la respuesta es bien sencilla. El Tribunal Supremo, en su momento, debe decidir que cuando el pueblo es consultado y emite su opinión, no hay discreción para evadir ese mandato. La Unicameralidad es algo que se viene debatiendo por muchos años. No importa que en este momento pueda haber opiniones sobre si es buena o es mala. Ya el pueblo decidió esa cuestión. Lo que es indispensable es que se haga cumplir el mandato del pueblo para que se cumpla con nuestro debido proceso de ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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Especial para La Perla del Sur
En Puerto Rico existe la tendencia a confundir la Política con la Democracia. La Democracia es el sistema de gobierno que en teoría establece nuestra Constitución, donde el poder político está dividido en tres ramas, dos de las cuales son electas directamente por el pueblo, y se supone que respondan a nuestros deseos y aspiraciones. La política, entre otras cosas, es la ciencia que estudia el comportamiento de los ciudadanos, de sus estructuras de participación y de los partidos políticos en relación a los procesos de alcanzar y administrar el poder gubernamental. Política no es igual a Democracia, porque la política puede ejercerse correcta y prudentemente dentro de una dictadura.
El sistema democrático puertorriqueño establece que cuando se quiera hacer alguna reforma constitucional hay que someter el asunto a un referéndum donde puedan votar todos los electores hábiles. La Constitución puertorriqueña establece que una vez el pueblo hace su determinación sobre el referéndum, es necesario implantarlo. No hay discreción para que los cuerpos políticos gubernamentales hagan caso omiso de un mandato del pueblo, porque estarían contradiciendo un postulado democrático básico. Cuando la legislatura determinó consultar al pueblo sobre la Unicameralidad bajo el procedimiento extraordinario de referéndum, se había vinculado u obligado claramente con el resultado del referéndum. No hay base jurídica o constitucional que le permita a la legislatura obviar el mandato del pueblo. El mandato del pueblo no depende de la cantidad de personas que hayan votado, depende de que la elección haya sido válida e incuestionable. Hasta este momento, no se ha hecho ningún planteamiento jurídico sobre la validez del referéndum de la Unicameralidad.
Ante el proceso judicial que sigue unos ciudadanos responsables en contra de la legislatura para que se valide la voluntad del pueblo de una sola cámara, es indispensable analizar las consecuencias políticas y sociales de que se desatienda el mandato del pueblo. Si la Asamblea Legislativa no respeta el mandato del pueblo, está incurriendo en un acto tiránico y antidemocrático. Por ende, está violando la Constitución. El Tribunal Superior en su Sala de San Juan, determinó que no tenía autoridad para obligar a los legisladores a cumplir con el mandato del pueblo. Con mucho respeto, diferimos. Los Tribunales están para interpretar la Constitución. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, es el último interprete de la Constitución de Puerto Rico. En su momento, cuando el caso se discuta en el Tribunal Supremo, tendrá que decir si en Puerto Rico existe una democracia o existe una aparente democracia, con capacidad de que sus líderes políticos se conviertan en tiranos.
A mi juicio, esta la respuesta es bien sencilla. El Tribunal Supremo, en su momento, debe decidir que cuando el pueblo es consultado y emite su opinión, no hay discreción para evadir ese mandato. La Unicameralidad es algo que se viene debatiendo por muchos años. No importa que en este momento pueda haber opiniones sobre si es buena o es mala. Ya el pueblo decidió esa cuestión. Lo que es indispensable es que se haga cumplir el mandato del pueblo para que se cumpla con nuestro debido proceso de ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
jueves, 29 de marzo de 2007
LLEGA A SU MADUREZ LA FACULTAD DE DERECHO EUGENIO MARÍA DE HOSTOS
Presenta la Facultad de Derecho Hostos agresivo plan de desarrollo y avances tras el proceso de acreditación
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
Con la creación de 14 nuevos empleos y un agresivo plan de diversificación de ingresos, la Fundación Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos presentó la semana pasada el plan estratégico de desarrollo integral de la institución mayagüezana 2007-2012, con miras a seguir fortaleciendo a la Facultad como una entidad solvente y de crecimiento sostenido como resultado del apoyo gubernamental y del sector privado. También presentó los avances del proceso de acreditación de la American Bar Association (ABA).
El 20 de abril, una delegación de miembros de la Facultad de Derecho visitará las oficinas centrales de la ABA en Chicago para discutir los resultados del informe de hallazgos con su comité de acreditación. La visita y el informe de hallazgos estuvieron a la altura de las expectativas y existe la confianza de alcanzar el logro de la acreditación provisional de la ABA a tono con la resolución del Tribunal Supremo del 2003.
Actualmente, la facultad mayagüezana se encuentra en su periodo de admisiones 2007-2008, y recibe la cantidad de $1.5 millones anuales por el término de cinco años de acuerdo a orden ejecutiva suscrita por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá. La institución obtuvo además, un financiamiento de $5.0 millones para la construcción de una moderna biblioteca en el predio aledaño a la Facultad que comenzará a construirse próximamente y estará en funciones en dos años.
El ambicioso plan de desarrollo integral, que conducirá al progreso institucional durante los próximos cinco años y que generará nuevos empleos a corto plazo, incluye seis iniciativas estratégicas. En primer término, la Oficina de Desarrollo, Planificación Estratégica y Relaciones con la Comunidad, que tendrá la responsabilidad de diseñar la planificación estratégica necesaria y las gestiones de diversificación y recaudación de fondos y de relaciones con la comunidad, para que la Fundación alcance sus objetivos financieros y de desarrollo. La segunda iniciativa la compone el establecimiento de un Centro de Desarrollo Profesional que consiste de un programa acreditado de educación continua para abogados, CPA’s, ingenieros, médicos y otros profesionales del gobierno y de la industria privada.
También creará un Centro de Desarrollo de Estudiantes que tendrá la responsabilidad de identificar candidatos idóneos para ser estudiantes de la Facultad, ofrecerle servicios, talleres y apoyo para que obtengan 550 puntos o más en el examen EXADEP, examen de ingreso para estudios graduados. Trabajará además, en la preparación de estudiantes de derecho para tomar la reválida durante el proceso de estudio regular, y luego de su graduación, para que aprueben el mayor número posible.
El Bufete Hostosiano se posicionará como una unidad de litigación que funcionará como un bufete para manejar casos de indigentes que necesitan acceso efectivo a la justicia.
El Consorcio Municipal para el Desarrollo Económico y Social de la Región Oeste apoyará la organización que agrupa a los municipios de la región oeste para lograr metas comunes de desarrollo social y económico. Servirá de banco de inteligencia para el Corredor Tecnológico, el Puerto de Mayagüez, el Aeropuerto de Aguadilla, los Juegos Centroamericanos, el comercio internacional, la reducción de la pobreza y la dependencia mediante el fortalecimiento de las comunidades, entre otras iniciativas.
Luego de alcanzar la acreditación de la ABA, la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos evaluará el establecimiento de otros programas académicos bajo las tendencias modernas de la pedagogía junto a la filosofía hostosiana de la educación que incorpora desde sus primeros cursos la acción comunitaria y la práctica como base de todo aprendizaje.
La ejecución de este agresivo plan de desarrollo estratégico posicionará a la Facultad en otro nivel de desarrollo y pro-actividad y la solidificará como una institución única que persigue la formación de líderes multidisciplinarios capacitados para una práctica profesional de excelencia, para que se pueda garantizar a todos el debido proceso de ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
Con la creación de 14 nuevos empleos y un agresivo plan de diversificación de ingresos, la Fundación Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos presentó la semana pasada el plan estratégico de desarrollo integral de la institución mayagüezana 2007-2012, con miras a seguir fortaleciendo a la Facultad como una entidad solvente y de crecimiento sostenido como resultado del apoyo gubernamental y del sector privado. También presentó los avances del proceso de acreditación de la American Bar Association (ABA).
El 20 de abril, una delegación de miembros de la Facultad de Derecho visitará las oficinas centrales de la ABA en Chicago para discutir los resultados del informe de hallazgos con su comité de acreditación. La visita y el informe de hallazgos estuvieron a la altura de las expectativas y existe la confianza de alcanzar el logro de la acreditación provisional de la ABA a tono con la resolución del Tribunal Supremo del 2003.
Actualmente, la facultad mayagüezana se encuentra en su periodo de admisiones 2007-2008, y recibe la cantidad de $1.5 millones anuales por el término de cinco años de acuerdo a orden ejecutiva suscrita por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá. La institución obtuvo además, un financiamiento de $5.0 millones para la construcción de una moderna biblioteca en el predio aledaño a la Facultad que comenzará a construirse próximamente y estará en funciones en dos años.
El ambicioso plan de desarrollo integral, que conducirá al progreso institucional durante los próximos cinco años y que generará nuevos empleos a corto plazo, incluye seis iniciativas estratégicas. En primer término, la Oficina de Desarrollo, Planificación Estratégica y Relaciones con la Comunidad, que tendrá la responsabilidad de diseñar la planificación estratégica necesaria y las gestiones de diversificación y recaudación de fondos y de relaciones con la comunidad, para que la Fundación alcance sus objetivos financieros y de desarrollo. La segunda iniciativa la compone el establecimiento de un Centro de Desarrollo Profesional que consiste de un programa acreditado de educación continua para abogados, CPA’s, ingenieros, médicos y otros profesionales del gobierno y de la industria privada.
También creará un Centro de Desarrollo de Estudiantes que tendrá la responsabilidad de identificar candidatos idóneos para ser estudiantes de la Facultad, ofrecerle servicios, talleres y apoyo para que obtengan 550 puntos o más en el examen EXADEP, examen de ingreso para estudios graduados. Trabajará además, en la preparación de estudiantes de derecho para tomar la reválida durante el proceso de estudio regular, y luego de su graduación, para que aprueben el mayor número posible.
El Bufete Hostosiano se posicionará como una unidad de litigación que funcionará como un bufete para manejar casos de indigentes que necesitan acceso efectivo a la justicia.
El Consorcio Municipal para el Desarrollo Económico y Social de la Región Oeste apoyará la organización que agrupa a los municipios de la región oeste para lograr metas comunes de desarrollo social y económico. Servirá de banco de inteligencia para el Corredor Tecnológico, el Puerto de Mayagüez, el Aeropuerto de Aguadilla, los Juegos Centroamericanos, el comercio internacional, la reducción de la pobreza y la dependencia mediante el fortalecimiento de las comunidades, entre otras iniciativas.
Luego de alcanzar la acreditación de la ABA, la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos evaluará el establecimiento de otros programas académicos bajo las tendencias modernas de la pedagogía junto a la filosofía hostosiana de la educación que incorpora desde sus primeros cursos la acción comunitaria y la práctica como base de todo aprendizaje.
La ejecución de este agresivo plan de desarrollo estratégico posicionará a la Facultad en otro nivel de desarrollo y pro-actividad y la solidificará como una institución única que persigue la formación de líderes multidisciplinarios capacitados para una práctica profesional de excelencia, para que se pueda garantizar a todos el debido proceso de ley.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
EL PUERTO DE LAS AMERICAS VIABILIDAD O DESARROLLO PLENO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
Durante los últimos años se ha desatado un debate sobre el desarrollo que debe alcanzar el Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago. No hay duda de que ante las circunstancias y el andamiaje jurídico del mercado, que tiene las limitaciones a la competitividad impuestas por las leyes de cabotaje y de seguridad portuaria, el Puerto de las Américas puede ser una realidad, ya que puede utilizarse para carga doméstica, es decir, entre Puerto Rico y Estados Unidos, con un componente de carga extranjera y transbordo puro o con valor añadido, que le complemente. Esta viabilidad representará ganancias para el operador portuario y no más de 300 empleos.
Sin embargo, es indispensable dejar claro que viabilidad no es lo mismo que desarrollo pleno. El Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago podrá operar bajo las condiciones jurídicas actuales y dadas las condiciones del mercado, podrá generar ganancias para el operador. No obstante, si queremos que el Puerto sea un modelo de desarrollo auto sustentable para la región sur y para el resto del país, es indispensable eliminar todos los obstáculos que impidan el desarrollo pleno. No me conformo con la viabilidad. La calidad de vida y el futuro para mis hijas y las generaciones siguientes, está en que el Puerto de las Américas pueda desarrollar al máximo todo su potencial.
¿Por qué las Leyes de Cabotaje afectan al Puerto?
1. Porque hacen que la carga doméstica entre Puerto Rico y Estados Unidos sea de un 25% a un 30% más cara.
2. Porque cualquier compañía de valor añadido que quiera establecerse en Puerto Rico, va a evaluar el acceso al mercado doméstico norteamericano, desde la perspectiva más barata posible. Por lo que las leyes harán poco atractivo que estas empresas se establezcan en Puerto Rico.
3. El operador del puerto tendría mucha mayor fuerza para atraer líneas marítimas y compañías si no existiera la Ley de Cabotaje.
4. El nivel de empleo que generaría el Puerto sin estas leyes, sería multiplicado por estas variables y impactaría toda la región sur y el resto de la isla. Hay que notar que para que Puerto Rico tenga una economía similar a la del Estado más pobre de Estados Unidos, es indispensable generar cerca de 500.000 empleos nuevos.
5. Podríamos competir con mayores ventajas con los puertos que se están desarrollando en región.
No podemos ver el asunto de la derogación de las leyes que afectan la competitividad del Puerto como un asunto político. Todo lo contrario, es un asunto económico que todas las facciones deben tratar de conseguir para beneficio del pueblo puertorriqueño. Lamento mucho que políticos prominentes de la región sur no se atrevan hacer el trabajo que corresponde para modificar estas leyes por miedo a perder votos o por preferencias personales arcaicas. Esta visión es totalmente equivocada. Todo lo contrario. El que abogue por la modificación de estas leyes tendrá el favor del pueblo, ya que todos estamos ansiosos por ver líderes valientes que defiendan nuestro potencial de desarrollo económico y social. Debemos buscar un campeón que defienda el Puerto. Este campeón no debe tener miedo.
Por el momento, no son incompatibles las opiniones, por un lado, de que la apertura y viabilidad del Puerto de las Américas no requieren la derogación de la Ley de Cabotaje, y por el otro lado, las mayoritarias que expresan que para lograr un desarrollo pleno, es necesario derogarlas o modificarlas. Lo que sí es importante es que la apertura del Puerto y el trabajo para modificar estos impedimentos jurídicos debe hacerse paralelamente para que se pueda iniciar la operación viable del Puerto en el tiempo estimado de veinte meses y tengamos la expectativa de que se llegue al máximo de su plenitud cuando se modifiquen las leyes que le obstaculizan su competitividad. Así, el Puerto de las Américas no solamente será viable, sino que será un modelo de desarrollo económico auto sustentable que es lo que necesita este país.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
rolando@bufete-emmanuelli.com
Especial para La Perla del Sur
Durante los últimos años se ha desatado un debate sobre el desarrollo que debe alcanzar el Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago. No hay duda de que ante las circunstancias y el andamiaje jurídico del mercado, que tiene las limitaciones a la competitividad impuestas por las leyes de cabotaje y de seguridad portuaria, el Puerto de las Américas puede ser una realidad, ya que puede utilizarse para carga doméstica, es decir, entre Puerto Rico y Estados Unidos, con un componente de carga extranjera y transbordo puro o con valor añadido, que le complemente. Esta viabilidad representará ganancias para el operador portuario y no más de 300 empleos.
Sin embargo, es indispensable dejar claro que viabilidad no es lo mismo que desarrollo pleno. El Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago podrá operar bajo las condiciones jurídicas actuales y dadas las condiciones del mercado, podrá generar ganancias para el operador. No obstante, si queremos que el Puerto sea un modelo de desarrollo auto sustentable para la región sur y para el resto del país, es indispensable eliminar todos los obstáculos que impidan el desarrollo pleno. No me conformo con la viabilidad. La calidad de vida y el futuro para mis hijas y las generaciones siguientes, está en que el Puerto de las Américas pueda desarrollar al máximo todo su potencial.
¿Por qué las Leyes de Cabotaje afectan al Puerto?
1. Porque hacen que la carga doméstica entre Puerto Rico y Estados Unidos sea de un 25% a un 30% más cara.
2. Porque cualquier compañía de valor añadido que quiera establecerse en Puerto Rico, va a evaluar el acceso al mercado doméstico norteamericano, desde la perspectiva más barata posible. Por lo que las leyes harán poco atractivo que estas empresas se establezcan en Puerto Rico.
3. El operador del puerto tendría mucha mayor fuerza para atraer líneas marítimas y compañías si no existiera la Ley de Cabotaje.
4. El nivel de empleo que generaría el Puerto sin estas leyes, sería multiplicado por estas variables y impactaría toda la región sur y el resto de la isla. Hay que notar que para que Puerto Rico tenga una economía similar a la del Estado más pobre de Estados Unidos, es indispensable generar cerca de 500.000 empleos nuevos.
5. Podríamos competir con mayores ventajas con los puertos que se están desarrollando en región.
No podemos ver el asunto de la derogación de las leyes que afectan la competitividad del Puerto como un asunto político. Todo lo contrario, es un asunto económico que todas las facciones deben tratar de conseguir para beneficio del pueblo puertorriqueño. Lamento mucho que políticos prominentes de la región sur no se atrevan hacer el trabajo que corresponde para modificar estas leyes por miedo a perder votos o por preferencias personales arcaicas. Esta visión es totalmente equivocada. Todo lo contrario. El que abogue por la modificación de estas leyes tendrá el favor del pueblo, ya que todos estamos ansiosos por ver líderes valientes que defiendan nuestro potencial de desarrollo económico y social. Debemos buscar un campeón que defienda el Puerto. Este campeón no debe tener miedo.
Por el momento, no son incompatibles las opiniones, por un lado, de que la apertura y viabilidad del Puerto de las Américas no requieren la derogación de la Ley de Cabotaje, y por el otro lado, las mayoritarias que expresan que para lograr un desarrollo pleno, es necesario derogarlas o modificarlas. Lo que sí es importante es que la apertura del Puerto y el trabajo para modificar estos impedimentos jurídicos debe hacerse paralelamente para que se pueda iniciar la operación viable del Puerto en el tiempo estimado de veinte meses y tengamos la expectativa de que se llegue al máximo de su plenitud cuando se modifiquen las leyes que le obstaculizan su competitividad. Así, el Puerto de las Américas no solamente será viable, sino que será un modelo de desarrollo económico auto sustentable que es lo que necesita este país.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana por WPAB 550 en el cuadrante de su radio. Para mayor información vea: http://www.bufete-emmanuelli.com
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