Eslabonamientos y Conglomerados para Salvar la Economía Sureña

Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

Si algo es evidente de la naturaleza y voluntad del ser humano es su capacidad para enfrentar y adaptarse ante la adversidad. No cabe duda de que vivimos los peores tiempos para el país y la Región Sur. Por un lado, acaban de despedir cerca de 17,000 servidores públicos, lo que sin duda tendrá consecuencias funestas para nuestra economía; esto para colmo al carecer de un plan concreto de desarrollo económico integral, sostenido y sustentable. Puerto Rico está a la deriva y se ha perdido toda confianza o expectativa real o ingenua de que el gobierno central pueda aportar en definir el sendero de la solución de nuestra grave crisis económica y social. Esto ha llegado al grado de que no se sabe quién gobierna.

Lamentablemente, el esfuerzo concertado de las fuerzas de la incompetencia y la mediocridad también han relegado los proyectos estratégicos de la Región Sur a los abismos de la incertidumbre y la inminencia de la destrucción.

Por un lado, la ley 212 de inversión en los centros históricos quedó como un buen recuerdo, pues con los remezones de la Ley 7, la banca perdió la confianza y ya no financian proyectos indispensables para rescatar nuestro casco histórico.

Por otro lado, no se buscó dinero de los fondos de Obama para continuar el desarrollo del Puerto de las Américas; no existen ni tan siquiera los planos para cumplir con los compromisos del gobierno central del 2003 para las obras de infraestructura de las fincas de valor añadido; el Sur perdió su poder decisional en la Junta de Directores del Puerto de las Américas al permitir nombramientos de personas incondicionales al gobierno central; se atrasó hasta marzo la operación de las grúas de contenedores; y, como tiro de gracia, las negociaciones con el operador están al punto de fracasar, pues penden del único hilo de la buena fe que tiene UCW America de continuar negociando, aún sin contar con un acuerdo de exclusividad que José Pérez Riera, Secretario de Desarrollo Económico y presidente de la Junta del Puerto, se ha negado a firmar sin explicación alguna.

El fracaso de las negociaciones con WCW America generará controversias judiciales, ya que ingenuamente o con malicia, el gobierno ha admitido que mientras negociaba confidencialmente y con supuesta exclusividad con UCW America, estaba en conversaciones con dos compañías interesadas en la operación del Puerto. Eso se llama mala fe contractual o culpa in contraendo. Este concepto se estableció luego del caso de Tommy Muñiz vs. COPAN cuando el Tribunal Supremo determinó que el proceso para la transmisión de los Juegos Panamericanos de 1979, se negoció de mala fe con el canal de televisión de Muñiz, y por tanto, había que compensarle por los daños que generaron estas actuaciones culposas.

No cabe duda de que la Ley de la Autoridad del Puerto de las Américas y la confianza y transparencia que requiere el mercado internacional exigirá un nuevo proceso de licitación para contratar un operador. El no iniciar un proceso nuevo dará fundamentos jurídicos adicionales a UCW América para impugnar las actuaciones de la Autoridad. En fin, de fracasar este proceso de negociación, nos enfrentamos a problemas y dilaciones que sacarán del panorama en por los menos dos años adicionales, los primeros impactos socioeconómico significativos del Puerto de las Américas.

Lo penoso de toda esta debacle es que, como anticipamos, esto dará mano libre a José Pérez Riera, presidente del proyecto del Triángulo Dorado, para preparar la bahía de San Juan como una de entretenimiento, ocio y espectáculo, enviando para nuestro Puerto toda la carga de consumo que no generará valor añadido y por ende desarrollo económico.

El último asalto a nuestras expectativas de desarrollo económico fue la pérdida de las Juntas Inter-universitarias. Desde principios de año la Cámara de Comercio del Sur y otras organizaciones tendieron la mano para apoyar las gestiones de que las Justas se quedaran en Ponce. Lamentablemente, como en muchos otros asuntos, las autoridades del Municipio hicieron caso omiso y volvieron a perder la batalla.

Lo importante y alentador es que ante este cuadro desolador, las fuerzas activas sureñas no se dan por vencidas y continúan sus esfuerzos por aglutinar fuerzas que permitan articular desarrollo económico, aún al margen del Puerto de las Américas y del Municipio de Ponce. Sigue la lucha porque el Aeropuerto Mercedita se desarrolle y salga de manos de la Autoridad de los Puertos, continúa la lucha por la infraestructura de las zonas de valor añadido, y siguen presionando para que se contrate un operador para el Puerto que sea de calibre internacional. Ahora, con más vehemencia, acelerarán sus esfuerzos para estructurar, eslabonar o conglomerar los empresarios sureños para crear redes de desarrollo sostenido y sustentables.

La Cámara de Comercio del Sur, DISUR y Alianza ProSur, junto a los otros grupos y líderes que se han comprometido en la Alianza Multisectorial, apuestan al desarrollo de cadenas de pequeños y medianos negocios y de conglomerados de empresas grandes que aumenten nuestra competitividad nacional y global.

El eslabonamiento empresarial consiste en identificar todos los componentes de un sector de servicios o de manufactura con el propósito de crear redes de relaciones, contactos, alianzas, servicios, intercambios de bienes o piezas de reemplazo para que funcionen como un organismo vivo y capaz de adaptarse a las circunstancias fluidas actuales. Estos grupos de empresas no tienen que estar ubicadas en un mismo lugar, pero deben entender la conveniencia de sus interrelaciones. Un ejemplo de esto puede ser el ecoturismo. Hace falta la finca para establecer el hotel, pero es indispensable eslabonarse con los productores agrícolas del área, con los empresarios de excursiones, con los artesanos, con fotógrafos y videógrafos, con las universidades, promotores de entretenimientos al aire libre, etc. Esta red interdependiente se referirá servicios, clientes, hará promoción en común y entenderá que el progreso de uno es el de todos.

El desarrollo de conglomerados o "clusters" es un paso más avanzado en el que grandes empresas, entendiendo sus relaciones simbióticas, deciden ubicarse en delimitaciones territoriales definidas y de fácil acceso y comunicación. Esto lo que implica es que en un mismo parque industrial en donde se procesen alimentos, también ubiquen los suplidores las frutas y vegetales, del vidrio, envaces, elementos de conservación, empresas de servicios, limpieza, transportación, promotores, distribuidores, intermediarios, mecánicos, recicladores, consultores ambientales, etc. En fin, todos los elementos indispensables para que en un territorio definido y pequeño, el producto se levante desde la tierra, se consuma y regrese a la tierra, sin afectar el ambiente. Esa es la única forma de alcanzar una eficiencia y reducción de costos que permita la competitividad global.

DISUR con la colaboración de los profesores y profesoras universitarias del Sur, junto a la Cámara de Comercio de Sur, Alianza ProSur, y otras organizaciones profesionales han elaborado las bases teóricas y prácticas de las cadenas y conglomerados que mayores probabilidades de éxito ofrecen. Esto se articulará detalladamente y con un plan de acción en un estudio que está preparando Estudios Técnicos y el Dr. José Joaquín Villamil. Entre estas cadenas y conglomerados se han identificado la salud, la agroindustria, el turismo, la manufactura, la logística y la transportación.

Nos encontramos en los primeros esfuerzos de activación de los eslabones para poder llegar lo más pronto posible a los conglomerados o "clusters". Si el gobierno central y el Municipio de Ponce desean integrarse a este esfuerzo, que nos sigan. Ya no es posible esperar por ellos.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

El Tiro de Salida del Puerto de las Américas

Por: Rolando Emmanuelli Jiménez
rolando@bufete-emmanuelli.com

En una reciente conferencia de prensa la alcaldesa Hon. Dra. María Meléndez Altieri junto a la Lcda. Rhonda Castillo, Directora Ejecutiva de la Autoridad del Puerto de las Américas, anunciaron la creación de una alianza entre el Municipio Autónomo de Ponce y dicha Autoridad, para lograr que el Puerto comience operaciones antes del 31 de diciembre de 2009. La Alcaldesa anunció con firmeza que antes de esa fecha se dará “el tiro de salida” para iniciar las gestiones como puerto de transbordo con valor añadido. Posteriormente, en una entrevista de radio dijo que antes de que termine el 2009, el Puerto estará operando y se recibirán los primeros buques post-panamax.

Sin embargo, las distinguidas funcionarias no explicaron cómo se iba a llevar a cabo este importante logro sin que el Puerto cuente con las grúas necesarias para cargar y descargar competitivamente y eficientemente los contenedores; sin que tampoco se cuente con un operador de calibre internacional que pueda promover y atraer tráfico marítimo de contenedores; y, sin que se haya construido la infraestructura para el espacio apropiado y urbanizado como zonas de valor añadido. En este terreno se establecerán las empresas que generarán la demanda indispensable de importación y exportación de bienes, que requerirá entonces, la llegada de los buques de trasbordo.

La alcaldesa Meléndez Altieri ha prometido esa hazaña para antes que termine el año 2009 sin contar con la ayuda de la Cámara de Comercio del Sur, DISUR, Alianza ProSur y otros líderes y entidades empresariales que han promovido el Puerto por los últimos cinco años y que han reiterado en los últimos ocho meses su disposición para unir sus fuerzas para alcanzar que el gobierno central respete los derechos de desarrollo económico de Ponce y la Región Sur.

El primero de enero de 2010, el pueblo ponceño y sureño pasará juicio sobre las ejecutorias de estas funcionarias y se exigirán las responsabilidades de rigor. Ojalá y todos hayamos estado equivocados y estas distinguidas funcionarias puedan hacerlo solas.

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El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

LA BATALLA FINAL DEL PUERTO DE LAS AMÉRICAS

Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

rolando@bufete-emmanuelli.com

El Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago (PLA) está perdiendo la batalla con el cáncer político partidista que carcome nuestra sociedad. Al terminar el año 2008 las autoridades del PLA habían seleccionado a UCW America para llevar a cabo la operación del Puerto y sólo faltaba finalizar el contrato de concesión; las grúas estaban programadas para llegar a Puerto Rico en este verano y existía la expectativa razonable de que ya estas alturas del año, el Puerto estuviera operando. Sin embargo, aún estaba vigente el problema de que la obras de infraestructura de las zonas de valor añadido en las fincas de Vallas Torres, es decir, carreteras, energía eléctrica, acueductos, alcantarillados y telecomunicaciones, que son indispensables para establecer los parques industriales, no se habían iniciado. Estas obras de infraestructura se habían prometido por el gobierno central en el año 2003 y no se construyeron.

Desde el 2007 se ha estado denunciando que el PLA no estará completo ni podrá generar desarrollo económico si no se construyen los parques industriales de las zonas de valor añadido. La pasada administración del Municipio de Ponce escogió desarrollar otros proyectos y no presionó ni reclamó que se llevaran a cabo estas obras, situación que fue denunciada convenientemente durante el proceso eleccionario por la presente administración municipal, pero que al día de hoy, tampoco se ha movido para lograr ni siquiera el diseño de esas construcciones.

Comenzado el año 2009, el Secretario de Desarrollo Económico José Pérez Riera realizó una ofensiva para asumir el control de la Junta de Directores del PLA para que los intereses del norte decidieran qué hacer con nuestro Puerto. Esa batalla la perdió el Municipio Autónomo de Ponce y la Alcaldesa, ya que cedió a todas las presiones para que la Junta tuviera una mayoría de personas que le respondieran al gobierno central. Esta batalla impidió el nombramiento del Ing. Ramón Torres Morales como director ejecutivo y ocasionó la dilación de más de 7 meses en el nombramiento de una persona para dirigir los destinos del Puerto. Por esa pugna, el Puerto se hundió en un limbo, al no contar con el único empleado que podía dar trámite a los asuntos que quedaron sobre la mesa en diciembre de 2008. Entre estos el principal objetivo: la firma del contrato de concesión con UCW América para operar el Puerto.

Los resultados de esta pugna no se hicieron a esperar. Las grúas ahora llegarán en diciembre y estarán instaladas en marzo de 2010. Por otro lado, a estas alturas no se ha firmado el contrato con el operador portuario. Si no se firma el contrato con UCW America el Puerto quedará sin la entidad de calibre internacional que puede mercadearlo para lograr tráfico marítimo y empresarismo de valor añadido. Si las negociaciones con UCW America fracasan, habría que empezar un nuevo proceso de licitación por la operación del Puerto que podría tomar dos años adicionales. Bajo ese escenario, habría que buscar otra alternativa de desarrollo para enfrentar la crisis económica que sin duda se avecina cuando cerca del 2012, se hayan agotado los $6,000 millones asignados a Puerto Rico por el Plan de Obama.

Para colmo, las gestiones que ha realizado el senador Seilhamer bajo sus poderes investigativos senatoriales para indagar el estado de los proyectos de infraestructura y de disponibilidad de fondos para construir las zonas de valor añadido han destapado la mala noticia de que el gobierno central no ha hecho gestiones para lograr la asignación de fondos del Plan de Obama disponibles para las instalaciones portuarias. Esos fondos se pudieron asignar a la finca Percon que albergará la principal zona de valor añadido aledaña al Puerto y que necesita infraestructura de acceso. El problema se ha agravado porque quienes tienen el deber de reclamar esos fondos, han hecho mutis y se han convertido en cómplices de esa actitud de indiferencia hacia nuestro Puerto.

Antes de las elecciones escribí un artículo en el que expuse que el líder que necesitaba la ciudad de Ponce era aquel que se atreviera a reclamar valiente, vocalmente y en unión a todos los sectores de la sociedad activa sureña los derechos que tiene Ponce y la Región Sur, aunque sea en contra de su propio partido, como lo hizo en su momento el fenecido Rafael Cordero Santiago. Ese tipo de líder tendría el apoyo multisectorial necesario que fortalecería el poder político para impulsar los proyectos emblemáticos de nuestra Región.

A pesar de las promesas de la alcaldesa, ella no ha resultado ser esa líder. Si no da el paso de unirse a la lucha multisectorial contra al gobierno central para que asigne el dinero indispensable para las obras de las zonas de valor añadido, el proyecto del Puerto no pasará de ser una quimera.

Todas estas circunstancias han retrazado el desarrollo del PLA de una manera irrazonable que va a ocasionar daños irreparables a la economía de la Región Sur. La pasada administración del Partido Popular le ungió los santos óleos al Puerto cuando no reclamó los compromisos del 2003. Hoy, con su pasividad y obediencia jerárquica, la Alcaldesa de Ponce le pondrá el último clavo al ataúd del Puerto de Las Américas.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

Para Derrotar el Principio de Peter

Cuando contratas gente más lista que tú, demuestras ser más listo que ellos. R. H. Grant

Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

El Principio de Peter elaborado por el pedagogo canadiense Lawrence G. Peter dispone que en una jerarquía laboral o política las personas tienden a ascender una y otra vez hasta que llegan a su nivel máximo de incompetencia. Esto trae como conclusión el que nunca se debe ascenderse a un empleado a un trabajo, o a una persona a un cargo público, para el cual no están cualificados.

No cabe la menor duda de que los últimos ocho meses han llevado a la cúspide de la atención pública la incompetencia, insensibilidad, maldad y negligencia craza de muchos funcionarios públicos que han traído controversia, burla, violencia, crisis, desconfianza y desaliento. Se ha llegado al nivel máximo de incompetencia. Es indispensable combatir el Principio de Peter para que la mediocridad no destruya nuestro país.

Es posible combatir el Principio de Peter si se toma en cuenta los siguientes criterios:

a. El principio de mérito y cualificaciones debe imperar sobre cualquier ideología política o sectarismo religioso a la hora de recomendar, elegir o contratar a una persona para un cargo público. No es posible encontrar en un solo sector social, religioso o político a todas las personas con las cualificaciones y disponibilidad para poder ejercer un cargo público con eficiencia y responsabilidad. Es indispensable ir más allá de las fronteras sectarias y religiosas para conseguir a personas idóneas.

b. El concepto de confianza en la relación obrero patronal o política es la semilla de la mediocridad. Los políticos piensan que para que una persona sea leal tiene que ser amigo, correligionario o amigo de mi amigo o pariente de mi pariente. La lealtad no puede ser con la persona que nombra. La lealtad tiene que ser con el Pueblo, la Constitución y las leyes, con la plataforma del partido por el cual el pueblo votó, con el plan de trabajo, y finalmente, con el que lo nominó, recomendó o contrató. Cuando esta jerarquía de valores se invierte preparamos la receta del desastre, porque el objetivo no será que se hagan las cosas bien, sino que el político quede bien, y esto es generalmente malo, porque el político tradicional está casi siempre en contradicción con los intereses del Pueblo.

c. Hay que seguir los modelos de las empresas competitivas que llevan a cabo su reclutamiento mediante un sistema minucioso de convocatoria y oposición, a base de evaluaciones, de criterios específicos y múltiples entrevistas para garantizar que la persona a ser seleccionada tiene las cualificaciones indispensables para el puesto. Jim Collins, afamado profesor y escritor, experto en organizaciones y competitividad, expone en su libro Good to Great, que cuando llega un nuevo CEO a una empresa, el primer año tiene que invertirlo en el reclutamiento del personal idóneo para que la empresa pueda marchar y convertirse de buena a excelente. Por ende, el reclutamiento es esencial. Hay que tomarse el tiempo y escoger a base de competencia, no de sectarismo, conveniencia o lealtad política

d. Si la persona electa no cuenta con el conocimiento específico para la posición y tiene que hacer reclutamiento de personal, debe en primera instancia asesorarse sobre cuáles son las cualificaciones que debe tener una persona para ocupar su puesto. Sabiendo cómo debe ser el funcionario que no es, podrá buscar quién le informe o asesore sobre a quién contratar para llenar ese vacío de talento o cualificaciones. Es decir, tiene que buscar al asesor idóneo para que le ayude a seleccionar a los asesores y personal idóneos para suplir su insuficiencia. Esto ocurre porque generalmente el que asciende a su nivel máximo de incompetencia, tampoco puede escoger a las personas que le deben ayudar.

e. Debe implantarse una disciplina de responsabilidad y dignidad en la aplicación del principio de mérito. Si descubrimos por sus actuaciones que algunas de las personas no cuenta con la capacidad para ejercer el cargo, no podemos decir que está mal y perdonar la incompetencia como se ha hecho con creciente frecuencia. La mediocridad en el ejercicio de un cargo público es imperdonable. La persona que cometa errores garrafales como los que hemos visto recientemente en la prensa, debe ser despedido inmediatamente. Esto creará una moral basada en la dignidad, que mejorará la competitividad y la responsabilidad pública.

f. Debe fomentarse y fortalecerse la educación dentro de las instituciones gubernamentales para que los funcionarios que dirijan las agencias puedan hacer una carrera profesional y sean escogidas para dirigirlas. El gran problema que corroe el gobierno, y que se explica con el Principio de Peter, es que muchos de los funcionarios que se han reclutado en el gobierno jamás tuvieron contacto o tenían idea de lo que era la agencia pública que ahora pasan a dirigir. ¿Cómo nombrar a una agencia que se encarga de los aeropuertos y puertos a una persona que lo que ha hecho en la vida es trabajar con teléfonos celulares? Con educación continua y el principio de mérito dentro de la agencia el poder nominador podrá escoger a personas que la conozcan, que la hayan vivido y que estén preparados para dirigirla.

El sistema de servicio público y selección de personal debe ser reestructurado radicalmente para combatir el Principio de Peter. Un líder que se respeta a sí mismo no puede utilizar las gríngolas del partidismo, sectarismo o mera lealtad para escoger su personal, porque jamás encontrará en esas limitadas filas a las personas idóneas; por tanto, no podrá superar su propia mediocridad e incompetencia.

Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen, pierden el respeto. Georg Christoph Lichtenberg

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

Drogas y Criminalidad

Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

Para enderezar la democracia debemos hacer los planteamientos de manera valiente y exigir a los aspirantes a cargos públicos la adopción de las propuestas de los entendidos en las materias que con más probabilidad puedan resolver los serios problemas que tiene Puerto Rico. Lamentablemente, la muchos de los políticos le piden el voto a los ciudadanos a base de propuestas acomodaticias, sin imaginación y que está probado que no resuelven los graves problemas que tenemos actualmente.

Un asunto contra el cual es necesario enfrentarse con soluciones dramáticas es el problema de la drogadicción. La drogadicción es una enfermedad y la fuente principal de la criminalidad violenta. Sin embargo, es paradójico que mientras más esfuerzos se hacen para reprimirla y tratar de eliminarla, más florece. No importa cuántas redadas y operativos se llevan a cabo, los asesinatos siguen como si estuviéramos en una guerra civil.

El tráfico de drogas y la criminalidad responden a los mismos elementos socioeconómicos del tráfico ilegal del alcohol cuando se prohibió en los Estados Unidos a principios del siglo XX. La prohibición dio base al surgimiento de las pandillas y el crimen organizado. Esto porque mientras más esfuerzos se hacen para controlar el alcohol o las sustancias adictivas, por las leyes de oferta y demanda, más caro se pone el producto, y por ende, el usuario tiene que delinquir para conseguir el dinero adicional para adquirirlo. Esto resulta en la paradoja de que si el Estado incauta más drogas mediante la campaña de represión, más crímenes se cometen.

Por otro lado, los que trafican con el producto ilegal, se enriquecen cuando el Estado reprime e incauta el producto a otros competidores, porque entonces la escasez hace que su precio suba, y por ende, su margen de ganancia. El alto margen de ganancia hace que siempre haya gente disponible para entrar al tráfico ilegal. Por eso es que se arriesgan a matar por mantener su hegemonía. Arrestan o matan al tirador, y al otro día tenemos una persona que le sustituye. Por eso es que en el tráfico de drogas cada vez hay personas más jóvenes manejando los puntos. La campaña de represión del Estado ocasiona las guerras de pandillas por el dominio de este lucrativo mercado. Esto hace que la ola de asesinatos resulte incontrolable.

El pasado secretario de Corrección, Lcdo. Miguel Pereira, planteó valientemente que debe utilizarse la alternativa de la medicación de la droga. La medicación y control de la droga por parte del Estado permitiría que los adictos tengan acceso a procesos de rehabilitación, porque no tendrían que adquirir la droga en la calle a precios exorbitantes. Si ya no hay tanta demanda por el producto, baja el interés de lucro, y por tanto, el de las personas que quieren entrar al tráfico de drogas por las ganancias que obtendrían. Esto reduciría las guerras y asesinatos pandilleros. De esta forma el Estado puede concentrar sus recursos en el ataque frontal de los grandes traficantes quienes se encontrarían con menos recursos para evadir las autoridades por la reducción de sus ganancias.

Por otro lado, y tal vez el efecto más importante, los adictos que estén bajo programas de medicación de drogas no tendrían la necesidad de delinquir y podrían diseñarse estrategias para reincorporarlos a la vida productiva.

Este planteamiento no es nuevo ni radical. Recientemente se aprobó en Mexico una ley de narcomenudeo y en Argentina se declaró ilegal la persecución de la droga de uso personal. El mundo se está moviendo hacia la medicación y regulación de la droga abandonando la prohibición, porque como ya dijo la prestigiosa publicación inglesa The Economist, la guerra contra el narcotráfico fracasó y ha ocasionado más tragedias que las que quiere evitar.

Hace falta olvidarnos de planteamientos moralistas que impiden las soluciones efectivas. La droga es mala. Estamos de acuerdo. Pero también el alcohol. Sin embargo, el enfoque con el alcohol, de licenciamiento y control, ha sido tremendamente efectivo para controlar el crimen organizado y callejero. Hoy en día, nadie mata por una caneca de ron. Ese es el enfoque que debe tenerse también con la drogadicción. Ese es el cambio paradigmático que necesita Puerto Rico para resolver el problema de la criminalidad.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

LA CONFIANZA Y EL CLIMA PARA HACER NEGOCIOS EN LA REGIÓN SUR

Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

rolando@bufete-emmanuelli.com

Los modelos económicos que se han diseñado para predecir el comportamiento de la economía han fracasado. La ciencia económica no es exacta. Actualmente se reconoce que la ciencia económica se rige también por principios similares a la mecánica quántica que es azarosa y caótica. Es indispensable reestructurar la ciencia económica para distanciarla de la mecánica newtoniana inflexible y para que se aproxime y acepte los principios de incertidumbre de la física quántica.

Esto no significa que la ciencia económica carezca de futuro. Todo lo contrario, el entendimiento y aplicación del principio de incertidumbre y del azar, de las filosofías orientales holísticas y de la mecánica quántica, ayudarán a acercamientos innovadores que mejoren la confiabilidad del estudio y aplicación de la ciencia económica.

La ciencia económica tiene variables que son medibles objetivamente y muchas que le añaden incertidumbre y caos. Por ejemplo, la falta de comunicación, coordinación y acuerdo entre enormes masas globales de productores y consumidores ocasionan desbalances entre oferta y demanda que producen ciclos económicos, como el que estamos viviendo de recesión profunda. El caso de la recesión presente se debe a la avaricia y la desregulación crediticia y financiera, que propició un crecimiento tipo burbuja del sector inmobiliario, que cuando estalló, propagó la crisis por el sector financiero y la economía real, es decir, la que produce bienes y servicios. Esto ha ocasionado desempleo generalizado y penuria económica. Los economistas todavía debaten si las burbujas económicas son previsibles, y si se descubren, no están de acuerdo en qué hacer con ellas.

Uno de los elementos de incertidumbre en el proceso económico es la confianza. En términos sencillos, la confianza es una subjetividad individual, regional, nacional y global, en torno a cómo se percibe la economía y cuáles son las probabilidades de mejoramiento personal, empresarial y nacional. Cuando hay mucha confianza surgen nuevas ideas, existe gente que desea invertir dinero y la economía crece. Cuando no existe confianza, ocurre todo lo contrario, las personas reducen sus gastos, se cohíben de hacer inversiones y tomar riesgos, por lo que la economía sufre una parálisis o decrecimiento recesivo o depresivo. Esta falta de confianza se manifiesta no tan solo en los mercados bursátiles internacionales, sino en las decisiones que tomamos día a día en nuestras economías personales y empresariales. La desconfianza en la economía puede transformarse en pánico que destruye instituciones financieras, como ha pasado cuando los clientes se enteran de que su banco puede fracasar, y salen despavoridos a sacar sus ahorros, lo que hace que efectivamente el banco se derrumbe.

La Junta de Planificación acaba de pronunciar que en el pasado año fiscal que terminó el 30 de junio la economía de Puerto Rico se contrajo en un 5.5%. Puerto Rico tiene una economía exhausta por la falta de un modelo económico viable, por problemas políticos estructurales, por la alta dependencia a las transferencias federales y por el impacto que ha tenido la recesión iniciada en Estados Unidos y que se extendió por todo el planeta.

El gobierno de Fortuño y muchos de los ejecutivos municipales han dado un puntapié final a la economía de Puerto Rico al destruir totalmente la confianza individual y empresarial, desmejorando considerablemente el clima de negocios de Puerto Rico.

La estratagema presentada en la campaña electoral de que el gobernador Fortuño iba a mejorar la economía, no iba a aumentar las contribuciones, iba a mejorar los servicios y costos que ofrecen las corporaciones públicas, y que en sus propias palabras, “no les iba a meter la mano en el bolsillo a los puertorriqueños”, creó un estado de euforia que se manifestó en el extraordinario resultado electoral. La confianza de los puertorriqueños creció momentáneamente, pero por causas artificiosas.

Sin embargo, al comenzar el nuevo gobierno cambiaron totalmente el discurso a uno opuesto en el cual exigieron tomar medidas de severa austeridad económica, despidos y alzas desproporcionadas en los impuestos. Inmediatamente las medidas aumentaron la desconfianza ya presente en el consumidor y las empresas, lo que paralizó el gasto y la inversión; y para colmo, recrudeció la postura de los bancos de no prestar dinero para nuevos negocios y para refinanciar proyectos que necesitan más capital, en fin, para iniciar nuevos trámites que realcen la economía.

Por otro lado, dos elementos fundamentales de la economía de la Región Sur recibieron el azote del nuevo gobierno que destruyó la confianza de los sectores empresariales locales con capacidad de inversión nueva. En primer término fue la Ley 212, que establece el incentivo de crédito contributivo por mano de obra y construcción que ha servido para revitalizar el centro urbano de Ponce y que programaba una inversión privada de más de 200 millones de dólares en los próximos cuatro años. La Ley 7 del 9 de marzo de 2009 destruyó este incentivo al establecer una moratoria. Todos los proyectos que estaban en trámites de Ley 212 se paralizaron.

Muchos de los contratistas y proyectistas entendían que la paralización de la Ley 212 los iba a llevar a la ruina económica. Sin embargo, por la unión de numerosos sectores ponceños junto al gobierno municipal, se logró enmendar la Ley 7 para tratar de reestablecer el orden y clima de confianza en la inversión bajo la Ley 212. Lamentablemente, el esfuerzo resultó un fiasco. Los bancos no tienen confianza en la Ley 212 ni en el gobierno de Puerto Rico como resultado del cambio drástico de las reglas de juego que estableció la Ley 7 en torno a los proyectos de inversión en los cascos urbanos.

No importa la corrección que se hizo a la Ley 7, los bancos ya no quieren prestar dinero para proyectos de Ley 212. Por tanto, con mucho pesar tengo que decir que es muy difícil que se materialice la inversión de 200 millones de dólares en el casco histórico de Ponce, a menos que se haga un esfuerzo concertado para garantizar a la banca que el gazapo de la Ley 7, no va a volver ocurrir. Además, hay que garantizar que el Secretario de Hacienda no puede restringir la otorgación de créditos contributivos, porque ya el Municipio Autónomo de Ponce cuenta con el Reglamento que exige la Ley.

Por otro lado, la confianza empresarial sureña está en precario ante la extraordinaria tardanza en manejar apropiadamente el proyecto del Puerto Las Américas Rafael Cordero Santiago. Enero amaneció con la paralización de las gestiones de desarrollo del Puerto lo que le dio un tiro de gracia a las expectativas de muchos empresarios de establecer negocios en torno al Puerto durante el año 2009. El Puerto no será una realidad este año y los estimados más razonables lo ponen a funcionar a partir del verano que viene. La pugna intrapartido del PNP que hemos ido reseñando en nuestras columnas ha destruido la confianza en el Puerto como un proyecto que va generar desarrollo económico en un futuro cercano. Está en manos del liderato del Puerto el trabajar a la mayor velocidad posible para reestablecer esta confianza y para que los empresarios vean el proyecto como el comienzo de una salida a la crisis económica estructural de Puerto Rico, al menos a mediano plazo.

Hemos visto como el elemento azaroso e incierto de la subjetividad de la confianza tiene un impacto dramático en el desarrollo económico. Es indispensable para la Región Sur reestablecer la confianza en la Ley 212 y en el Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago, para que tengamos expectativas reales de desarrollo en los próximos cuatro años. Ambos proyectos son de todos los ciudadanos del Sur. Tenemos que unirnos para echarlos adelante.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

2009, el año perdido del Puerto de las Américas

Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.

Mientras la competencia de los puertos de transbordo aumenta en el Caribe, en Puerto Rico tenemos un año de retraso por darnos el lujo irracional de estar 7 meses sin director ejecutivo; por determinar que no se va a invertir un sólo centavo en el proyecto; por no haber empezado el diseño de las obras de infraestructura de las zonas de valor añadido; por querer mover la carga suelta y de cabotaje de San Juan a Ponce dañando la misión y visión del proyecto; porque el presidente de la Junta del Puerto de las Américas (APA) tiene conflicto de intereses al dirigir a la misma vez el Triángulo Dorado en San Juan; porque el gobierno central maneja la Autoridad del Puerto como una parcela política nombrando a su Junta a personas sin conocimiento, experiencia ni vinculación con la Región, excluyendo la participación del Sur y de las organizaciones no gubernamentales como la Cámara de Comercio del Sur; y porque el gobierno municipal de Ponce, dice que todo está bien y no se percata o no quiere ver la verdadera situación del Puerto, por defender incondicionalmente al partido.

Dura competencia para el megapuerto
Panamá es el principal competidor

Por José Fernández Colón / AP

PONCE — El Puerto Las Américas, que se desarrolla en Ponce, tendrá fuerte competencia de otros puertos caribeños que ofrecen precios competitivos o porque ya tienen mercados cautivos, dijo el sábado el ex director de la Autoridad del Puerto de Las Américas, Ramón Torres Morales.

Panamá es el principal competidor para las aspiraciones del proyectado súper puerto ponceño como, en menor escala, son los de Cartagena, Colombia, por sus ofertas de precio; Jamaica por tener mercados cautivos y Caucedo, República Dominicana, en la carga de transbordo cuando complete su proyecto.

A juicio de Torres Morales, Panamá está en el tope del hemisferio porque ofrece, a un mercado cautivo, servicios adicionales al manejo de la mercancía del barco de contenedores a la plataforma.

“En el caso de Jamaica, no es tan sofisticado el modelo de negocio como el de Panamá pero también atiende la mercadería de transbordo y por eso ha levantado grandes volúmenes de carga, principalmente por tener un puerto de hondo calado para servir embarcaciones asiáticas y europeas”, dijo Torres Morales a Prensa Asociada.

Agregó que aunque el Puerto las Américas poseerá calado para barcos postpanamax, tiene el potencial para el transbordo de mercaderías como transbordo con valor añadido, con el equipo para manejar cerca de 40 contenedores por hora, lo que está a la par con los puertos grandes del Caribe, pero con el problema de financiamiento para las zonas de valor añadido.

“Jamaica tiene unos mercados cautivos de transbordo, la actividad se ha mantenido más o menos uniforme durante los últimos anos, pero no ha sido así en la inversión en mejorar los equipos y por ende eso ha abierto una oportunidad para puertos como el nuestro y Caucedo que puedan capturar alguna de esa mercancía cuando estén listos”, sostuvo el profesor de asuntos marítimos y logística de la Universidad Interamericana.

Expuso que el puerto de Caucedo es uno que lleva un desarrollo paralelo al del Puerto las Américas y que la actividad en Dominicana se ha consolidado más en servir también la mercadería doméstica.


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.