El Partidismo y la Mentira

En la columna pasada discutimos la dañina consecuencia del partidismo que ocasiona que aunque el partido o su jerarquía asuman una posición ilegal, antiética o inmoral, sus otros líderes están obligados a no oponerse a la línea torcida del partido y se mantienen bajo silencio comprado, por temor o complicidad, en abierto contubernio con la cofradía sectaria.

Pero el silencio no es la única forma de deshonestidad partidista. También se recurre a la mentira cruda y abierta.

Existen muchas instancias en las cuales los políticos y los partidos recurren a la farsa y el engaño. Entre las situaciones principales que se prestan a la mendacidad están los procesos de candidaturas y primarias, el programa de partido, las promesas de campaña, el problema colonial y su solución, y la defensa de las actuaciones del gobierno. Todas las mentiras tienen dos propósitos fundamentales: Alcanzar el poder político o mantenerlo a toda costa.

La primera oportunidad para mentir es el proceso de candidaturas. Las mentiras emblemáticas son: “este no es momento de candidaturas”, “no descarto nada”, “aspiraré al puesto que el pueblo me pida”, “estoy respondiendo al reclamo del pueblo”, “aceptaré el dictamen del pueblo”. Deben estar seguros que cuando un político hace estas aseveraciones, está haciendo o pensando todo lo contrario. Sin embargo, estas mentiras se repiten y se repiten sin pudor o cuestionamiento, para dar la falsa impresión de objetividad, desinterés personal o frialdad. ¿Por qué no son honestos y dicen lo que realmente están pensando?

El segundo catálogo de mentiras es el programa del partido. En los programas de los partidos existen tres tipos de mentiras principales. Las que se refieren a la identificación de las causas de los problemas, las que se refieren a la identificación de las supuestas soluciones y su efectividad, y las que se refieren a las obras que van a realizar en beneficio del Pueblo. Por ejemplo: “La causa de la criminalidad es el narcotráfico”, “la criminalidad se resuelve con cero tolerancia y mano dura” y “mi gobierno está comprometido y cumplirá con Ponce en Marcha y el Puerto de las Américas”. Los políticos utilizan las emociones y pasiones de un pueblo desprovisto para presentar soluciones o planteamientos atractivos a las masas, pero que no tienen fundamentos científicos o realidades que las apoyen, o sobre los cuales no tienen la voluntad real de impulsar o acometer.

La tercera instancia de mentiras es la campaña electoral: “No te voy a meter la mano en el bolsillo”, “al único que voy a despedir es a Aníbal Acevedo Vilá”, “bajaré el costo del agua y la luz”, “trabajaré para mejorar la economía y aumentar las oportunidades de empleo”. Mentiras crueles para jugar con las carencias y aspiraciones de la gente para meramente lograr su voto.

La cuarta oportunidad para mentir es el problema colonial y su solución: “El ELA no es una colonia”, “la soberanía del Pueblo”, “lo que hace falta es un plebiscito”, “la estadidad jíbara” y “la estadidad es para los pobres”. Estas mentiras tienen el propósito de tratar de adelantar supuestas posiciones de solución del problema colonial, pero sin afectar las probabilidades de éxito electoral.

La quinta coyuntura para mentir es la defensa de las actuaciones del gobierno. Estos dos últimos años han sido excepcionales en las mentiras apologéticas: “No había otra alternativa que despedir empleados”, “Ponce en Marcha va a las millas”, “ya vienen los buques post-panamax”, “la economía está en franca recuperación”. Estas falsedades se dicen cuando el Pueblo va descubriendo y desenmascarando todas las simulaciones que ha hecho el partido y sus líderes en los procesos antes mencionados. Para salvar su pellejo ante el próximo evento electoral, los partidos y sus líderes tratan de crear explicaciones o realidades virtuales que conecten lo que prometieron, representaron o alegaron, con lo que finalmente hicieron y la realidad que sufre el Pueblo.

Por fortuna, las mentiras van erosionando la confianza pública y finalmente ocasionan la caída de los partidos del poder político, pero no sin antes ocasionar daños irreparables al país, alejándolo de alcanzar las verdaderas soluciones a sus problemas.

El problema es que como sufrimos una partidocracia, la caída de un partido sólo ocasiona la llegada de otro partido, por lo que se perpetúa el problema.

La reforma de nuestro sistema político y social tiene que tomar en cuenta la manera de erradicar los incentivos a la mentira. La única manera para lidiar con este problema es mediante la implantación de la democracia participativa y la erradicación del partidismo.

Sin estas dos medidas estaremos condenados al eterno retorno o circulo vicioso del engaño, descubrimiento de la verdad, y sustitución de un político por otro, para que sin demora, nos vuelva a traicionar.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

EL PARTIDISMO Y EL SILENCIO

Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.    
rolando@bufete-emmanuelli.com

Los acontecimientos que se suscitaron en el Senado donde se prohibió a la prensa y al público el acceso a las gradas del Hemiciclo, además de un quebrantamiento a una disposición expresa de la Constitución de Puerto Rico, constituyen sendas violaciones a la libertad de prensa y de expresión. Esto ha desenmascarado una de las consecuencias más dañinas del partidismo:  El Silencio.

El partidismo corroe nuestra fibra social y democrática.  Los representantes del pueblo suplican el voto de los electores y luego le abandonan a su suerte e incurren en las actuaciones más inauditas, que lamentablemente, en la mayoría de los casos, resultan impunes.  El libertinaje de los líderes partidistas se oculta bajo el silencio comprado, por temor o por complicidad con la cofradía partidista. Es indispensable romperle el espinazo al partidismo para salvar la democracia.

No cabe duda de que lo que ocurrió en el Senado es ilegal e inconstitucional.  No cabe duda de que el pueblo tenía derecho a reclamar el acceso al Senado y a convocarse frente al Capitolio para protestar.  No cabe duda de que cuando alguna persona viola la Ley, lo que corresponde es arrestarlo y procesarlo criminalmente, jamás golpearlo a mansalva.  No cabe duda de que a unas personas que están ejerciendo el derecho a la libre expresión, no se les puede golpear, macanear ni rocear con gases irritantes sin justificación.

Sin embargo, salvo honrosas excepciones, los líderes del Partido Nuevo Progresista, representantes electos por el pueblo, han hecho mutis ante estas barbaridades siguiendo la disciplina del partido. 

El hacer silencio en estas circunstancias implica una de dos cosas:  o que están totalmente de acuerdo con lo que ocurrió; o que tienen miedo a disentir por perder privilegios o caer en desgracias.  En toda circunstancia, estos líderes políticos perversos o de rodillas temblorosas, merecen la más severa censura y el castigo electoral por su carencia de honestidad, valentía, criterio y pensamiento independiente.

El presidente del Senado no ha demostrado arrepentimiento ni propósito de enmienda por sus actuaciones.  El gobernador y su jefe, Figueroa Sancha, tampoco han demostrado remordimiento y han defendido a brazo partido sus actuaciones abusadoras. Estas expresiones han dictado que los otros líderes del partido, como corderitos, hayan respaldado lo indefendible.

El pueblo repudió todas estas actuaciones en una impresionante marcha que sacudió la conciencia de todas las personas que asistimos, por la masividad, la militancia y creatividad de los participantes.

Los partidos políticos se convierten en monstruos que coartan la libertad y el pensamiento crítico de las personas que los componen.  El presidente del Senado tiene un presupuesto que reparte a su discreción.  Por tanto, nadie se atreve a hacerle frente, particularmente porque no tiene pudor, ni restricción al utilizar el verbo de la manera más cruel, vulgar y abusadora. Los senadores no quieren perder sus presupuestos, por lo que temen, y no se atreven a criticar las actuaciones claramente ilegales de su presidente, porque los insulta.

La presión para el silencio es mayor cuando se considera que los partidos en Puerto Rico viven el Centralismo Democrático, que curiosamente es una doctrina de los partidos comunistas. 

Centralismo Democrático significa que una vez el partido toma una determinación mediante los mecanismos internos o mediante la arbitrariedad del líder, el partido y todos sus miembros tiene que mantener una misma postura, so pena de sanciones u ostracismo. 

Por ende, aunque el partido tenga una posición ilegal, antiética o inmoral, sus líderes están obligados a seguir la línea del partido.  La obligatoriedad de continuar el trazo del partido se impone mediante la censura, marginación, la privación de los contratos o presupuesto, y finalmente, la expulsión del partido.

Por estas razones, el partidismo daña la fibra moral de la sociedad, porque obliga a todos los líderes partidistas a la deshonestidad, a rendir posturas éticas válidas o hacer silencio dando su consentimiento y complicidad a actuaciones ilegales o inmorales.

Sólo en dos ocasiones se rompe con este silencio partidista.  Cuando el líder máximo del partido o los líderes de la cúpula se desgastan y pierden legitimidad, o cuando se aproximan las primarias.  Bajo estas circunstancias, es legítimo ser crítico y asumir posturas honestas y veraces, porque es un asunto de supervivencia para el político. En estos momentos no se ejerce el pensamiento crítico por honestidad, sino por conveniencia.

Los líderes que deseen ganar el favor de este pueblo tienen que tirar la raya todos los días, ser honestos y asumir su responsabilidad con el pensamiento crítico y su lealtad al pueblo, cuando el partido le traicione.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

TENER PODER POLÍTICO O MERAMENTE SER QUEJONA

Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.   
rolando@bufete-emmanuelli.com

La alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez Altieri, le exigió el martes al secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Pujada, que se disculpe con la Ciudad Señorial por decir que la funcionaria se pasa quejándose por el proyecto de Ponce en Marcha.

Estas palabras denotan desprecio, tienen un dejo machista e injurian los méritos de los planteamientos de la alcaldesa sobre el incumplimiento por parte del gobierno central con los proyectos del Plan Ponce en Marcha que son obligaciones de ley.

Esto es mucho más que un desliz imprudente, el problema es que Rodríguez Pujada se atreve a decir esto impunemente y con el consentimiento del gobernador, porque no reconoce poder o influencia a la alcaldesa que amenace sus acomodadas circunstancias.

Esta arrogancia de Rodríguez Pujada tiene su explicación en los acontecimientos de los últimos 19 meses en Ponce.

No cabe duda de que la ciudad de Ponce ha brillado con mayor o menor grado por diferentes factores interesantes, aleccionadores o sombríos. Un pasado de señores esclavistas, de carimbo y de revueltas de negros rebeldes forjaron el contexto afroantillano de nuestra cultura y visión de mundo, que nos adjudicó el precario mote de Ciudad Señorial. Este escenario se apoyó en un desarrollo socioeconómico vinculado al mar y el contrabando que nos concedió un aire cosmopolita y metropolitano que propició el surgimiento de un liderazgo político, económico y cultural que sentó pauta en Puerto Rico.

Luego, la voracidad hegemónica del área metropolitana, los políticos de San Juan y el derrumbe de las petroquímicas en la década de los 70, nos sumió en un aciago tiempo de precariedad económica y corrupción en el gobierno municipal.

A finales de los años 80, nos afloramos a una época de inversión, segundo aire y esperanza, donde se sembraron las semillas de la autonomía municipal como preámbulo del liderazgo en ciernes para una planificación y desarrollo regional sustentable y sostenido.

La incumbencia de Rafael "Churumba" Cordero Santiago rompió con décadas de subordinación al gobierno central y el partido en el poder, lo que permitió el reclamo directo, vehemente y coherente de los derechos adquiridos e hizo gravitar el poder político fuera del entorno sanjuanero.

Cordero Santiago brilló mediante el ejemplo, la opinión vehemente, la afirmación certera, la atención a las comunidades y la litigación en los tribunales contra el gobierno central y sus agencias. No existe duda de su sacrificio espiritual y físico, culminado con la pérdida de la libertad por Vieques, y con su muerte discutiendo en el teléfono con la Autoridad de Energía Eléctrica.

Rafael Cordero Santiago consolidó los pedazos de un orgullo malherido y los enfocó hacia un desarrollo de la territorialidad y la personalidad luchadora de nuestra ciudad que desembocó en el nuevo arquetipo "Ponce es Ponce y lo demás es parking". Ese es el vacío que dejó su muerte. La convicción Ponceña de que Churumba siembre daba la pelea por los derechos de nuestra ciudad.

El éxito de Cordero Santiago en sus luchas y reclamos por Ponce no se fundaba en que se quejaba mucho. El reclamo exitoso de lo que le correspondía a Ponce tenía apoyo sólido en el hecho incuestionable de que con sus actuaciones había desarrollado una base social y política que hacía temblar a los opositores del gobierno central y del partido. Detrás de Churumba se aglutinaba una coalición multisectorial y transpartidos que hacía pensar dos veces a los políticos de San Juan a la hora de decidir oponerse a los planes de Churumba. Por eso llegó a ganar las elecciones por más de 18,000 votos.

Ese poder consensuado y no sectario permitió a Cordero Santiago la aprobación del Plan Territorial del 2003 y que comenzaba vigencia el mismo mes de su muerte en 2004. En ese Plan existían compromisos de ley de más de 1000 millones de dólares para Ponce, incluyendo más de 500 millones para el Puerto de las Américas.

Lamentablemente, su muerte tronchó este extraordinario proyecto, porque la politiquería y debilidad de sus sucesores destruyeron esas aspiraciones. Por eso llevamos seis años en un pantano socioeconómico que no asoma alguna orilla de esperanza.

En esta debacle es que Rodríguez Pujada se viene a fijar en la Alcaldesa de Ponce, y como verdugo de la Fuerza de Choque, no pudo perder la oportunidad de golpearla impíamente.

El ministro de propaganda y mentiras del gobernador dictatorial Fortuño, Marcos Rodríguez Pujada, se atreve a decir impunemente que lo que le pasa a la Alcaldesa es que se queja mucho. Que es una quejona.

A pesar de todas las advertencias y consejos desde el año 2008, la Alcaldesa ha ido descubriendo muy de a poco, que sus peores enemigos son los funcionarios del gobierno central y del Partido Nuevo Progresista, que hacen su vida en burbuja, y no conocen hacia el sur, nada más allá del peaje de Caguas Norte.

Marcos Rodríguez Pujada le dijo quejona a la Alcaldesa con el consentimiento del gobernador. Los comunicados de este señor siempre tienen un propósito y autorización del gobernador. El mensaje directo es "no molestes mija". Es un mensaje de desprecio y que denota las verdaderas intenciones del gobierno central con Ponce que se ocultan detrás de decenas de mentiras de alegado cumplimiento.

El propósito claro del gobierno central y del PNP es no cumplir con Ponce en Marcha ni con el Puerto de las Américas.

El problema que tiene la Alcaldesa es que lleva 19 meses rehuyendo de su responsabilidad de colaborar y aglutinar a todas las fuerzas ponceñistas que no les importan los colores y sectas de los partidos, sino únicamente lo que es necesario y conveniente para Ponce. Si la alcaldesa hubiera aceptado la ayuda y colaboración de las Fuerzas Activas Sureñas, tendría poder político y nadie en el gobierno dictatorial de Fortuño se hubiese atrevido a llamarla quejona.

La alcaldesa todavía está a tiempo de ponerse de pie y reclamar -en unión de las Fuerzas Activas Sureñas- lo que le corresponde en ley a Ponce y el Sur para desarrollar poder político real.

Si sigue sola como hasta el momento, tendrá que soportar el mote que sus correligionarios ya le han apuntalado, y no le quedará otro remedio que dejar su espacio a otra persona que acepte el reto.


El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

EL PAPEL DE LOS CIUDADANOS EN LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.   
rolando@bufete-emmanuelli.com


Hasta ahora la democracia representativa se ha desempeñado al revés.  En vez de funcionar al servicio del Pueblo, opera sólo para beneficio de los políticos.

Los políticos se pasan el tiempo inventando ideas que en muchos casos no tienen correspondencia con las necesidades y aspiraciones de sus constituyentes.

Generalmente estas ideas tienen que ver directamente con beneficios a un sector o clase al que pertenece el funcionario, o con el propósito de generar dividendos políticos o económicos que les permitan perpetuarse en el poder.

Tomando en cuenta estos objetivos, algunos políticos llegan al extremo de plantear propuestas enteramente alocadas, como trenes, parques de diversiones y centros de convenciones, sin contar con estudios o recursos que los hagan viables.  Esto lo hacen con el ánimo demagógico de apelar a las pasiones del Pueblo y lograr su favor en las urnas.

Estas ideas son tan atolondradas y desvinculadas de la realidad socioeconómica a la cual se pretenden aplicar, que una vez el político o el partido sale favorecido en las elecciones, convenientemente las olvidan y se incumple con las propuestas con la esperanza de que en cuatro años, ya nadie se acuerde.

Por otro lado, a veces las propuestas parecen razonables y loables, pero nunca se cumplen o se ponen en vigor. La experiencia que se ha tenido a partir del 2 de enero de 2009 con el Gobernador Fortuño es un ejemplo claro de este problema democrático.  El Gobernador Fortuño prometió unas cosas para salir electo, e inmediatamente, sin demora, comenzó a hacer todo lo contrario.
Como el Pueblo no tiene mecanismos inmediatos para revocar los mandatos de los políticos que incumplen crasamente con las promesas que le hicieron al Pueblo, nuestra democracia es totalmente impotente y el Pueblo se encuentra en un estado continuo de indefensión y desesperanza.

La solución a esta situación de incompetencia democrática es la Democracia Participativa. 

En la Democracia Participativa son los individuos en el marco de su familia, de su comunidad, de su municipio y su región, los que definen hacia dónde debe ir el gobierno. Bajo esta organización social se configuran foros y mecanismos de desarrollo, deliberación y ejercicio del poder político, para mantener a los políticos en la raya de cumplimiento estricto de lo prometido.

El último ejemplo del éxito de la democracia participativa fue la huelga estudiantil. Si existe una razón predominante sobre por qué los estudiantes fueron tan efectivos en sus estrategias es porque tomaron las determinaciones fundamentales en foros de democracia participativa. La participación y el respeto a las determinaciones democráticas genera articulación de muchos en un solo propósito. Se forja poder político.

Bajo el mandato del difunto Rafael Cordero Santiago se desarrolló un modelo primitivo de Democracia Participativa que se configuró en el Plan Territorial del 2004. Pero el modelo quedó trunco porque su naturaleza permitió que fuera abandonado por el Dr. Francisco Zayas Seijo y por la presente administración municipal.

En la medida que el Plan representa la aspiración de los ponceños que fue evaluada y ratificada en vistas públicas, se entiende que el Pueblo configuró ideas generales, pero claras, de hacia dónde se quería dirigir. Sin embargo, aunque el modelo de Plan Territorial contó con la participación ciudadana mediante vistas públicas, tampoco satisfizo a cabalidad del concepto de Democracia Participativa, porque no existió el respeto a la determinación ni la voluntad política de los incumbentes para convertirla en realidad. 

El abandono del Plan Territorial ha sido una alta traición a las aspiraciones democráticas de los ponceños, porque sólo responde al interés de proteger al partido en el poder. Los populares lo abandonaron para no hacerle daño a Aníbal y los PNP no lo reconocen para no afectar a Fortuño. Así no se puede aspirar a dirigir nuestra ciudad.

La Democracia Participativa en Ponce debe consistir en la organización comunitaria para determinar las necesidades y proyectos de cada comunidad, de forma que se vayan articulando en un programa concreto que surja desde la base y que se presente a los aspirantes políticos. Todo aspirante político debe expresar si está de acuerdo y si va a impulsar esos proyectos hasta que se completen.

En Ponce se ha avanzado mucho en esa dirección, porque en los pasados cinco años diferentes personas y organizaciones han trabajado para la generación de consensos mínimos que sean adoptados por los políticos de turno. 

Ejemplo de estos consensos son el Manifiesto por el Sur que recoge el sentir de una multiplicidad de organizaciones multisectoriales que han determinado 12 principios que todas las administraciones municipales deben seguir.

Sin embargo, no es suficiente con que las organizaciones empresariales, profesionales y multisectoriales se expresen.  Es necesario que las comunidades también participen en este proceso, para que aumente el poder político para generar cumplimiento.

La democracia representativa ponceña debe transformarse en una Democracia Participativa. Las comunidades deben involucrarse en su futuro, pero al margen de los partidos. Los líderes comunitarios deben comenzar a articular programas participativos para que los políticos determinen si están de acuerdo o no están de acuerdo y se invierta el proceso democrático.  Ya no es el político el que propone. Es el Pueblo el que formula la ruta y el político debe obedecer.

Todas las organizaciones sociales deben involucrarse en este esfuerzo. Es la única manera de comenzar a controlar nuestro futuro.

Los políticos que no estén de acuerdo en empujar los proyectos participativos, no deben ser favorecidos en las elecciones. Los políticos que estén de acuerdo y sean favorecidos en las elecciones, debe sufrir el castigo del Pueblo mediante la denuncia vocal, certera y concreta para que renuncien o enderecen su curso al cumplimiento específico.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

Una Nueva Oportunidad para Derogar la Ley de Cabotaje

Por Rolando Emmanuelli Jiménez

rolando@bufete-emmanuelli.com

La Ley de Cabotaje establece que para que se pueda transportar una mercadería en un buque entre dos puertos norteamericanos, digamos entre San Juan y Nueva York, es indispensable utilizar barcos fabricados en los Estados Unidos, de matrícula norteamericana, cuyos dueños sean norteamericanos y que los marinos también sean norteamericanos.  Esta es una ley monopolística, ya que no permite la libre competencia de barcos con bandera extranjera que generalmente ofrecen tarifas más económicas.

El Senador federal republicano John Machain sometió un proyecto de ley para derogar la Ley de Cabotaje. El Senador denuncia el enorme costo de mantener esta ley. La coyuntura histórica actual es especial por el derrame de petróleo del Golfo de México. En esa emergencia tan grave los buques de países extranjeros que tienen el equipo necesario para ayudar a paliar el daño, no pueden intervenir, porque muchas de sus actividades de ayuda violan la Ley de Cabotaje.

Esto presenta una nueva oportunidad para luchar por el desarrollo de nuestra economía y particularmente, fomentar el desarrollo pleno del Puerto de las Américas.

El Senador expresó de manera contundente el impacto económico de la Ley al decir que conforme a varios estudios de la Comisión Americana de Comercio Internacional, eliminar la ley rebajará los costo de transportación en un 22%, por lo que ocurrirá un ahorro de $656 millones de dólares. Esto representa un ahorro entre los $3,000 y $4,000 en los bienes de consumo que compran los ciudadanos de Alaska y Hawaii.

Es una regla básica de economía que si una empresa no tiene competencia, controla fácilmente el precio de sus productos en el mercado y si se trata de un producto esencial o de primera necesidad, los consumidores estamos obligados a adquirirlo al precio fijado. El sistema capitalista se basa en la premisa teórica de que la libre competencia permite innovación, agresividad empresarial, control de costos y motivación para penetrar nuevos mercados de consumidores mediante precios más bajos. El mercado ideal, que evidentemente no existe, es uno en que comerciantes compiten de igual a igual y están todo el tiempo buscando maneras de presentar su producto de la manera más barata al mercado, para que sea más atractivo al consumidor. Sin embargo, esa no es la realidad, porque en el mundo capitalista no todas las empresas tienen el mismo poderío e influencia. Además, existe legislación que protege monopolios o carteles empresariales que dominan el mercado, y por ende, establecen un precio que generalmente es mucho más alto para el consumidor.  Ese es el caso de la Ley de Cabotaje.

Las leyes de cabotaje protegen el dominio de la marina mercante norteamericana y el sistema empresarial que le apoya, y por ende, les confiere el poder de controlar el precio de la trasportación de los producto y mercaderías.  Los estudios comisionados en cuanto al costo para Puerto Rico de la Ley de Cabotaje concluyen, que dado el costo de la transportación marítima, cada producto que se importa a Puerto Rico desde Estados Unidos es de 25 a 30 por ciento más caro.  Como el 80% de los productos que recibimos del exterior provienen de Estados Unidos, el impacto inflacionario es devastador.

La Ley de Cabotaje tiene como fundamento histórico la protección de la marina mercante norteamericana para tenerla disponible en caso de un conflicto bélico. La teoría es que teniendo una marina mercante saludable económicamente, en caso de una conflagración, se pueden utilizar los barcos para dar apoyo a la marina de guerra mediante el transporte de suministros, combustible y tropas. Durante la segunda guerra mundial se utilizaron cientos de buques civiles para abastecer los esfuerzos de guerra en Europa y el Pacífico. Sin embargo, en la guerra del Golfo de 1991, la participación de la marina mercante norteamericana fue mínima. Lo mismo ha ocurrido con la guerra de Irak. El poderío que ha desarrollado la marina de guerra hace innecesario la utilización de barcos civiles, por tanto esa justificación no tiene validez en el mundo contemporáneo.

Sin embargo, cerca de cien años de cabotaje han creado una madeja de intereses navieros, portuarios, laborales y políticos que luchan muy bien organizados por el sostenimiento de estas leyes, porque protegen sus negocios, empleos y poder político. Esto hace que la derogación o modificación requiera esfuerzos extraordinarios con una estrategia de envergadura nacional, agresiva y bien pensada.

La Ley de Cabotaje no es un asunto político partidista.  Es un asunto de suma urgencia para nuestra economía y sociedad que ha levantado voces tan diversas como la Cámara de Comercio del Sur, la Alianza ProSur, el Hon. Salvador Casellas, juez de la Corte de Distrito Federal, el senador Pedro Roselló Gonzȧlez, el Gobernador Acevedo Vilá, el Hon. Francisco Zayas Seijo, Alcalde de Ponce y otros funcionarios importantes del gobierno.  Sin embargo, es poco lo que ha hecho en esa dirección. Es indispensable que la teoría se manifieste en acción concreta.  La eliminación de las leyes de cabotaje debe estar entre las prioridades de la agenda.

La lucha contra la Ley de Cabotaje exige unidad de todos los sectores.  Esta es una de las cadenas más duras de control económico y su eliminación es una de las maneras más efectivas de combatir la grave crisis económica que sufre Puerto Rico, ya que de abrirse los mercados a los barcos extranjeros, debe comenzar una disminución de los precios de la transportación marítima, y por tanto, de los productos que provienen de los Estados Unidos. 

Por otro lado, y de gran importancia para Ponce y el Sur de Puerto Rico, la derogación de esta nefasta ley permitirá que el Puerto de las Américas pueda desarrollar rutas comerciales desde Asia y Europa usando barcos de bandera extranjera que transborden en Ponce y partan hacia Estados Unidos, para duplicar así la rentabilidad del Puerto. Esto es lo que hemos llamado, el desarrollo pleno del Puerto.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la  Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550.  Para mayor información vea: www.debidoproceso.com

LLEGÓ LA HORA CERO PARA EL PUERTO DE LAS AMÉRICAS

Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.    
rolando@bufete-emmanuelli.com


Como anticipamos, fracasaron las negociaciones entre la Autoridad del Puerto de las Américas (APA) y KBCT, que es el candidato a operador de Corea del Sur.  Por otro lado, el memorando de entendimiento entre el Municipio Autónomo de Ponce y la Autoridad del Puerto Las Américas vence el próximo 30 de junio de 2010. La Lcda. Ronda Castillo, Directora Ejecutiva de la APA, ha dicho que  de continuar el proceso de negociación, podría tomar al menos 6 meses adicionales. Ante esta situación, la Alcaldesa de Ponce tiene que decidir si extiende o no el memorando de entendimiento a la Autoridad del Puerto Las Américas para que continúe intentando negociar con los coreanos, aunque tome hasta el final del año para cerrar el contrato.

Los coreanos no desean negociar con la APA ni con el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio José Pérez Riera.  Esto ocurre por las exigencias de la APA y Pérez Riera de que hagan un depósito irrazonable para operar el Puerto. Esta exigencia insensata ha descarrilado las negociaciones.  Es como si usted fuera a alquilar una casa que vale 100,000 dólares, y además de pagar la renta, el dueño le exija un depósito de 50,000 para poder arrendarla.

Esta exigencia de la APA y Pérez Riera no tiene que ver nada con el desarrollo socioeconómico de Ponce y la Región Sur.  Solamente tiene que ver con el deseo del Banco Gubernamental de Fomento de sacarle el jugo al Puerto de Las Américas.  Esto no va a beneficiar en nada a la Región, y todo lo contrario, la va a perjudicar porque esta exigencia irrazonable ha atrasado el proceso de negociación por 18 meses, y si la Alcaldesa renueva el memorando de entendimiento, por lo menos lo va a retrazar seis meses adicionales. Esto nos llevaría a la tragedia de sumar dos años de paralización en las operaciones del Puerto. Las necesidades de desarrollo económico de la Región Sur no pueden esperar seis meses adicionales. La situación es urgente y no actuar de conformidad puede ocasionar daños irreparables a nuestra precaria situación socioeconómica.

La Alcaldesa reconoce el dilema en el que se encuentra. Tiene que decidir entre confiar ciegamente en la APA, que ha fracasado en la negociaciones con KBCT y que sólo defiende los intereses del Banco Gubernamental de Fomento, o pararse en su poder y no renovar el memorando de entendimiento para asumir el control definitivo del Puerto. La Alcaldesa ha manifestado a este Periódico que está evaluando tres cursos de acción:  1.  Renovar el memorando de entendimiento; 2.  Enmendar el memorando de entendimiento; o, 3.  Dejar expirar el memorando y asumir el proceso de negociación para conseguir un operador del Puerto.

Renovar o enmendar el memorando de entendimiento debe estar fuera de toda consideración.  La APA no protege los intereses del Puerto ni de Ponce mucho menos de la Región Sur. El Banco Gubernamental de Fomento y José Pérez Riera tienen conflicto de intereses con la Región Sur. Por eso no quieren desembolsar los 40 millones que faltan para terminar la construcción en curso y no les importa cuánto se tome la negociación, siempre y cuando le rinda frutos exclusivos al gobierno central. Renovar el memorando de entendimiento por décima vez sería entregarle un cheque en blanco que solamente nos perjudicaría.  Por otro lado, enmendar el memorando de entendimiento para "mejorar" sus condiciones no resuelve el problema, porque el puerto continuaría bajo el poder y a merced de la APA. Por tanto, la única alternativa viable, necesaria y conveniente es que el Municipio de Ponce no renueve el memorando de entendimiento. 

La Alcaldesa se encuentra en un momento histórico donde puede erigirse y afirmar el poder de Ponce y la Región Sur ante el gobierno central.  Esta actuación aglutinará a todos los sectores luchadores de la Región y podrá utilizar toda esa fuerza para llegar a un acuerdo con los coreanos que beneficie a todas las partes, para comenzar inmediatamente una promoción a nivel global de las virtudes del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.

Para lograr el objetivo de llevar el Puerto a un desarrollo pleno, la Alcaldesa tiene cuatro alternativas:  1. Crear un departamento municipal para manejar la negociación y promoción del Puerto; 2. Delegar la faena a la Junta actual del Puerto de Ponce; 3. Encomendar la gestión a una compañía consultora privada; o, 4. Recabar el apoyo de los sectores interesados de la Región Sur y llegar a un acuerdo con DISUR para que le apoye en las negociaciones con el operador y se convierta en catalítico de promoción global del Puerto.

Las primeras tres opciones de la alcaldesa tienen desventajas que son evidentes.  El Municipio Autónomo de Ponce no cuenta en este momento con el tiempo para conseguir los recursos suficientes para crear entidades municipales, para asignárselos a la Junta del Puerto o para financiar los honorarios de una entidad consultora.  La mejor alternativa lista y disponible para el Municipio Autónomo de Ponce es que entre en un acuerdo de colaboración con DISUR, para que pueda apoyar a las gestiones de negociación y promoción del Puerto.

DISUR tiene en su membresía 13 municipios y 2 que se encuentran en proceso de ingreso. Cuenta con cerca de 30 empresas con o sin fines de lucro del sector privado, incluyendo poderosas e influyentes organizaciones que agrupan cientos de profesionales y empresarios. Además, se honra con la membresía y aportación intelectual de 13 universidades e instituciones educativas. Este grupo amplio, diverso, democrático, de inteligencia y comprometido, tiene la capacidad de asistir al Municipio de Ponce en el proceso de negociación y de promoción del Puerto para garantizar el éxito de estas gestiones.

No estamos planteando necesariamente que DISUR haga el papel de la APA.  El acuerdo con DISUR no requiere transferirle las instalaciones del Puerto.  Lo que si es necesario es unir toda la sinergia, recursos, relaciones e intelecto que se aglutina en DISUR, para poder llevar a cabo el mejor trabajo para el desarrollo pleno del Puerto. 

La alcaldesa tiene ante sí una oportunidad histórica de pararse en su poder y de encaminar a Ponce y la Región Sur a una mayor autonomía, esperanza y capacidad para planificar su futuro.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.

En peligro inminente una década de trabajo

Recientemente discutimos la ausencia de liderazgo e ideas en el gobierno central para sacarnos de la crisis económica. Lamentablemente, este problema también asola al Gobierno Municipal Autónomo de Ponce, pues no ha ocurrido nada nuevo que cambie este panorama, aunque todavía existen alternativas que propongo deben explorarse.

En primer término, el Plan de Ordenación Territorial aprobado en el 2004 y que cuenta con cientos de millones de dólares en compromisos del gobierno para Ponce ha sido abandonado.

Ese fue el principal logro de Churumba antes de su muerte.

En este plan está acordada la inversión para terminar todas las fases del Puerto de Las Américas (PLA), las zonas de valor añadido y muchas obras de infraestructura indispensables para lanzar nuestra economía a niveles de crecimiento.

Esos compromisos son ley, como lo es el Plan Ponce en Marcha.

Decir que el Plan de Ordenación Territorial es ley significa que la planificación e inversión acordada por el Gobierno Central puede ponerse en vigor por los tribunales.

El pasado alcalde Francisco Zayas Seijo no lo puso en vigor porque no tenía la voluntad, ni el valor de litigar en defensa de los derechos de Ponce ante su propio partido político. Siempre he dicho que el líder que necesita Ponce es el que tenga el compromiso y la voluntad de luchar frente al Gobierno Central por las prerrogativas y autonomía de Ponce, aún cuando esté controlado por su partido, como lo hizo Rafael Cordero Santiago en su último cuatrienio.

Cualquier candidato o candidata a la Alcaldía de Ponce debe hacer el compromiso solemne de que no escatimará en sus esfuerzos, seriedad y militancia a la hora de reclamar al Gobierno Central y sus agencias los derechos y prerrogativas de nuestra Ciudad y de la región Sur.

Quien no esté a la altura de ese compromiso, no debe favorecerse en las elecciones o debe renunciar.

La administración actual del Municipio de Ponce tampoco habla del Plan de Ordenación o lo impulsa como política pública para lograr inversiones millonarias que permitan poner en vigor la planificación del desarrollo de nuestra Ciudad.

Ignorar este Plan es un error extraordinario que ya estamos pagando y pagarán las próximas generaciones ponceñas.

Empezando el cuatrienio, la infame Ley 7 de 2009 paralizó el incentivo de la Ley 212 y, a pesar de las enmiendas realizadas posteriormente, los bancos se retiraron del negocio ante la inestabilidad creada por el gobierno.

Así se perdieron más de $200 millones de inversión privada en 197 proyectos en el casco histórico de Ponce.

Estos proyectos de construcción iban a crear más de tres mil empleos. Nada se ha hecho para restablecer la confianza de los bancos o crear las avenidas para que se puedan materializar los proyectos pendientes.

Por otro lado, la tragicomedia de la lucha de la alcaldesa María Meléndez Altieri para que se nombrara una Directora Ejecutiva del PLA sin conocimiento en la materia -pero que fuera PNP- en sustitución de la persona que conocía la materia y que había tenido importantes logros en el desarrollo del proyecto -pero que no era PNP- afectó irremediablemente el proyecto.

Se atrasó hasta agosto de 2009 el comienzo de las actividades administrativas de la Autoridad del Puerto y se permitió que Luis Fortuño Burset nombrara a la Junta de Directores a personas que no tienen relación o pertinencia con Ponce y la Región Sur, con el objetivo concreto de secuestrar el Puerto.

Esta ópera bufa tuvo su apoteosis el pasado 23 de mayo con la elección del ingeniero Ramón Torres Morales como presidente del Comité Municipal del PPD.

La determinación de la Alcaldesa de impulsar la sustitución de Torres Morales como Director Ejecutivo del PLA es un fantasma que la va a perseguir durante todo el cuatrienio.

Torres Morales es ahora el presidente del comité municipal y virtual candidato a la alcaldía de Ponce. Si lo hubieran dejado en donde estaba a gusto trabajando por el desarrollo del Puerto y negociando con el operador, ya el Puerto estaría operando para el crédito de la Alcaldesa, y no tendría la amenaza real y contundente de enfrentar a Torres Morales en las elecciones del 2012.

Esta situación se le anticipó en muchas ocasiones -pública y privadamente- a los líderes del PNP que querían sustituir a Torres Morales, pero no hicieron caso. La suerte ya está echada en ese asunto.

Para lidiar con la mala impresión sobre el manejo del Puerto, la Alcaldesa anunció un “caucus” del Puerto en el antiguo Casino de Ponce, el jueves 5 de noviembre de 2009, para informar a todas las personas que tenían interés en el proyecto.

La Alcaldesa llegó a anunciar que para el inicio del año 2010, ya iban a empezar a llegar los buques Post Panamax. La actividad no se materializó. Tampoco tuvimos un operador y no se ha visto ningún Post Panamax por el horizonte.

El resultado catastrófico de este ‘dramma giocoso’ es que luego de 18 meses desde que se seleccionó al candidato a operador, naufragaron las negociaciones para contratar el operador del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago.

Con esto se golpea rudamente las aspiraciones de la Región Sur de emprender un desarrollo socioeconómico sostenido y sustentable.

Esto atrasará las gestiones de operación del Puerto por lo menos dos años más. La Autoridad del Puerto de las Américas ha fracasado en sus objetivos de ley, por eso debe dejar de existir para que los ponceños y la Región Sur tomen control del Puerto -a través de DISUR- y lo puedan encaminar hacia su pleno desarrollo.

La Alcaldesa anunció en enero la “Guancha Adventure Park” y el Sistema Integrado de Transportación. El proyecto de transportación tiene un costo estimado de $287 millones y tomará 72 meses de desarrollo, contará con un tren liviano que incluirá una nueva red de Autobuses Ecológicos y Sistemas Inteligentes de Rotulación.

Independientemente de las buenas intenciones y aspiraciones, queda por explicar cómo estos proyectos pueden ser viables si no existe una economía robusta que los sostenga y les de razón de ser.

La Alcaldesa pretendió mudar oficinas municipales a un proyecto en Vallas Torres que sólo iba a beneficiar a los inversionistas proponentes de San Juan y que arremetía contra la política pública de revitalización del casco histórico, en evidente detrimento de la viabilidad económica de los comerciantes del centro de Ponce.

La Alcaldesa ha dicho que desistió de la mudanza. Sin embargo, se niega a derogar la ordenanza municipal que le autoriza a firmar el contrato para el traslado. Hasta que no se derogue esta ordenanza la amenaza de mudanza continúa, por lo que hay que seguir vigilantes.

Ya la Alcaldesa tiene que darse cuenta de que no es suficiente con que su Gobierno Central le de la palabra de que va a cumplir con los proyectos.

Ante esta situación es indispensable recurrir por última vez al llamado de la unión multisectorial para salvar a Ponce del marasmo socioeconómico en que se encuentra.

Esta unión traerá ideas nuevas y viables, y fuerza para realizar con valentía los reclamos de los derechos de Ponce y la Región Sur.

La experiencia ha sido que por la ausencia de esta unión es que el Gobierno Central secuestró el PLA, que el aeropuerto Mercedita no se ha transferido al Gobierno Municipal, que el Gobierno Central ha decidido no invertir un centavo más en el Puerto, que todavía se sigue luchando con el Plan Ponce en Marcha -y este año las agencias tampoco presupuestaron los dineros necesarios- y que no hay dinero para invertir en las zonas de valor añadido.

El Gobierno Central no va hacer caso a los reclamos de Ponce mientras no exista una unión fuerte entre todos los sectores aglutinados alrededor de la figura de la Alcaldesa, que tengan objetivos y planes de trabajo concretos y consensuados.

Si esto no se empieza ahora, tendremos que echar a pérdidas este cuatrienio.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.