En el Estado ideal los ciudadanos no tendríamos que pagar contribuciones sobre los ingresos netos individuales o corporativos. El Estado tendría fuentes de financiamiento o ingresos que harían innecesario incomodar a los ciudadanos con tributos productos de sus sudor y esfuerzo individual y colectivo, que en el caso de Puerto Rico, actualmente son evidentemente confiscatorios.
Estas fuentes de financiamiento o ingresos podrían ser empresas estatales eficientes y productivas o impuestos razonables a las cadenas de valor, importación o exportaciones o en los procesos que tienen costo ambiental, social o económico que requieren reparación.
En el caso de empresas estatales eficientes y productivas esto no debiera ser problema por la capacidad del gobierno de fundar monopolios sobre productos o servicios esenciales que les permita generar ganancias y distribuirlas equitativamente en el conjunto social. El problema es que el control del partidismo las hace vulnerables al saqueo de sus recursos y por eso tenemos una AAA y AEE, que a pesar de ser empresas monopolísticas, tienen pérdidas económicas, porque son botines de guerra de los partidos que se turnan en el poder.
En los casos de las empresas que tienen un costo ambiental, social o económico, podríamos tomar como ejemplo un impuesto a las empresas que emiten dióxido de carbono o cualquier otro contaminante, no para conferirles impunidad, sino para estimularlas a buscar maneras eficientes y limpias de producir los bienes y servicios. Bajo este sistema, la Autoridad de Energía Eléctrica tendría dos opciones, o se mueve a la energía verdaderamente verde y renovable, o paga cuantiosos impuestos por el daño ambiental que nos ocasiona todos los días de año.
En el caso de las cadenas de valor, se pueden imponer impuestos a las etapas de producción, mercadeo y distribución de bienes y servicios no esenciales de manera que no afecten a los más pobres en la satisfacción de sus necesidades básicas y que se conviertan en meros costos de producción. Estos impuestos no pueden tener naturaleza regresiva o que afecten a los ciudadanos en desproporción a su condición económica. De modo que no representen una carga irrazonable a las personas de menos recursos económicos.
Estas maneras de financiar el Estado deben propiciar la innovación, el trabajo, el ahorro, la transparencia y la productividad para lograr ganancias individuales y corporativas disminuyendo la evasión contributiva que ocurre con el disimulo u ocultación de las ganancias.
Un Estado con la capacidad de funcionar sin imponer tributos sobre los ingresos netos individuales o colectivos tiene que contar con unas reglas de disciplina fiscal muy estrictas y con mecanismos de responsabilidad y control que permitan a los ciudadanos revocar los mandatos de los funcionarios que las violen.
Por supuesto que estamos hablando del Estado ideal. Puerto Rico dista mucho de contar con estas características.
En Puerto Rico tenemos impuestos en todas las etapas de la producción, cadena de valor, importaciones y exportaciones, la propiedad, los ingresos y las ventas de consumo. Encima de esto, el Estado y sus empresas monopolísticas derrochan el dinero y no existen maneras de control ciudadanos para impedir la impunidad en la irresponsabilidad fiscal ni la revocación del mandato de funcionarios delincuentes en asuntos fiscales.
Para colmo de males, tenemos una crisis fiscal sin precedentes producto de la irresponsabilidad partidista y del colapso del modelo económico que sostenía la estructura de producción del país. Esto con el agravante de que el gobierno carece de imaginación para estructurar un nuevo modelo económico sostenible por incompetencia crasa y porque entiende que le puede perjudicar en sus intenciones de obtener la Estadidad Federada que se amparan en aumentar la dependencia, pobreza y marginación de la mayoría del Pueblo, para que se aferre al anexionismo como mecanismo de subsistencia y seguridad económica.
Esto es lo que le produce los votos al PNP para que luego puedan disponer impunemente y esquilmar el presupuesto para beneficios exclusivo de los Señores del partido.
El gobernador Fortuño, que tiene la desfachatez de querer volver a ser reelecto gobernador en el 2012, está asediado por dos años de desatinos y gobierno para los poderosos, despidos, nuevos impuestos confiscatorios, ingresos fiscales en curva descendente perpetua, destrucción de los servicios estatales para las personas más vulnerables, menoscabo malintencionado de las protecciones del ambiente y los derechos de las comunidades, abuso policiaco y represión de libertades, criminalidad y deterioro de la salud mental sin precedentes, caída en espiral de la condición económica de los ciudadanos y las empresas, abandono de los proyectos de estratégicos de desarrollo y por dar palos a ciegas para tratar de revitalizar la economía.
Es por eso que el gobernador ahora se inventa la llamada reforma contributiva que de ninguna manera atiende los fundamentos que hemos expresado previamente que deben existir para que sea equitativa y que fomente el desarrollo económico.
La reforma de Fortuño se funda en propósitos políticos partidistas. Sólo pretende aliviar temporeramente el bolsillo de las personas de ingresos limitados, lo que es loable, pero no con el propósito de aumentar disminuir la dependencia y sustentar las funciones del Estado para lograr desarrollo. No, su único propósito es que estas personas se olviden de lo que ha pasado en estos dos años y voten por Fortuño en el año 2012.
La reforma de Fortuño es temporera porque por admisión de su Rasputín, Marcos Rodríguez Pujada, no existen mecanismos para financiarla luego del 2012. Es decir, que los alivios contributivos presentes no tienen probabilidades de continuidad. Por eso constituyen otro engaño monumental de Fortuño. Es un coje bobos para cazar votos para su posible reelección.
La reforma contributiva no puede fundarse en propósitos meramente electorales.
Una reforma contributiva integral tiene que atender y balancear muchos asuntos como financiar apropiadamente el gobierno, desalentar el consumismo; reducir la economía subterránea; reducir sustancialmente la tasa de contribución sobre ingreso; promover el ahorro en la clase empresarial y de las personas asalariadas; y, que este ahorro pueda invertirse en el desarrollo económico y social de Puerto Rico.
Dentro de la crisis económica actual, una reforma contributiva debe estar dirigida primordialmente a atender el problema económico no a la pesca de votos.
Los proyectos sometidos por Fortuño deben denunciarse y rechazarse si no pueden enmendarse para que apoyen nuestro desarrollo económico y social.
Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
Rolando@bufete-Emmanuelli.com
Http://www.bufete-Emmanuelli.com
-- Desde Mi iPad.
Boletín Del Derecho y Del Revés
domingo, 28 de noviembre de 2010
Las Elecciones y la Reforma Contributiva
En el Estado ideal los ciudadanos no tendríamos que pagar contribuciones sobre los ingresos netos individuales o corporativos. El Estado tendría fuentes de financiamiento o ingresos que harían innecesario incomodar a los ciudadanos con tributos productos de sus sudor y esfuerzo individual y colectivo, que en el caso de Puerto Rico, actualmente son evidentemente confiscatorios.
Estas fuentes de financiamiento o ingresos podrían ser empresas estatales eficientes y productivas o impuestos razonables a las cadenas de valor, importación o exportaciones o en los procesos que tienen costo ambiental, social o económico que requieren reparación.
En el caso de empresas estatales eficientes y productivas esto no debiera ser problema por la capacidad del gobierno de fundar monopolios sobre productos o servicios esenciales que les permita generar ganancias y distribuirlas equitativamente en el conjunto social. El problema es que el control del partidismo las hace vulnerables al saqueo de sus recursos y por eso tenemos una AAA y AEE, que a pesar de ser empresas monopolísticas, tienen pérdidas económicas, porque son botines de guerra de los partidos que se turnan en el poder.
En los casos de las empresas que tienen un costo ambiental, social o económico, podríamos tomar como ejemplo un impuesto a las empresas que emiten dióxido de carbono o cualquier otro contaminante, no para conferirles impunidad, sino para estimularlas a buscar maneras eficientes y limpias de producir los bienes y servicios. Bajo este sistema, la Autoridad de Energía Eléctrica tendría dos opciones, o se mueve a la energía verdaderamente verde y renovable, o paga cuantiosos impuestos por el daño ambiental que nos ocasiona todos los días de año.
En el caso de las cadenas de valor, se pueden imponer impuestos a las etapas de producción, mercadeo y distribución de bienes y servicios no esenciales de manera que no afecten a los más pobres en la satisfacción de sus necesidades básicas y que se conviertan en meros costos de producción. Estos impuestos no pueden tener naturaleza regresiva o que afecten a los ciudadanos en desproporción a su condición económica. De modo que no representen una carga irrazonable a las personas de menos recursos económicos.
Estas maneras de financiar el Estado deben propiciar la innovación, el trabajo, el ahorro, la transparencia y la productividad para lograr ganancias individuales y corporativas disminuyendo la evasión contributiva que ocurre con el disimulo u ocultación de las ganancias.
Un Estado con la capacidad de funcionar sin imponer tributos sobre los ingresos netos individuales o colectivos tiene que contar con unas reglas de disciplina fiscal muy estrictas y con mecanismos de responsabilidad y control que permitan a los ciudadanos revocar los mandatos de los funcionarios que las violen.
Por supuesto que estamos hablando del Estado ideal. Puerto Rico dista mucho de contar con estas características.
En Puerto Rico tenemos impuestos en todas las etapas de la producción, cadena de valor, importaciones y exportaciones, la propiedad, los ingresos y las ventas de consumo. Encima de esto, el Estado y sus empresas monopolísticas derrochan el dinero y no existen maneras de control ciudadanos para impedir la impunidad en la irresponsabilidad fiscal ni la revocación del mandato de funcionarios delincuentes en asuntos fiscales.
Para colmo de males, tenemos una crisis fiscal sin precedentes producto de la irresponsabilidad partidista y del colapso del modelo económico que sostenía la estructura de producción del país. Esto con el agravante de que el gobierno carece de imaginación para estructurar un nuevo modelo económico sostenible por incompetencia crasa y porque entiende que le puede perjudicar en sus intenciones de obtener la Estadidad Federada que se amparan en aumentar la dependencia, pobreza y marginación de la mayoría del Pueblo, para que se aferre al anexionismo como mecanismo de subsistencia y seguridad económica.
Esto es lo que le produce los votos al PNP para que luego puedan disponer impunemente y esquilmar el presupuesto para beneficios exclusivo de los Señores del partido.
El gobernador Fortuño, que tiene la desfachatez de querer volver a ser reelecto gobernador en el 2012, está asediado por dos años de desatinos y gobierno para los poderosos, despidos, nuevos impuestos confiscatorios, ingresos fiscales en curva descendente perpetua, destrucción de los servicios estatales para las personas más vulnerables, menoscabo malintencionado de las protecciones del ambiente y los derechos de las comunidades, abuso policiaco y represión de libertades, criminalidad y deterioro de la salud mental sin precedentes, caída en espiral de la condición económica de los ciudadanos y las empresas, abandono de los proyectos de estratégicos de desarrollo y por dar palos a ciegas para tratar de revitalizar la economía.
Es por eso que el gobernador ahora se inventa la llamada reforma contributiva que de ninguna manera atiende los fundamentos que hemos expresado previamente que deben existir para que sea equitativa y que fomente el desarrollo económico.
La reforma de Fortuño se funda en propósitos políticos partidistas. Sólo pretende aliviar temporeramente el bolsillo de las personas de ingresos limitados, lo que es loable, pero no con el propósito de aumentar disminuir la dependencia y sustentar las funciones del Estado para lograr desarrollo. No, su único propósito es que estas personas se olviden de lo que ha pasado en estos dos años y voten por Fortuño en el año 2012.
La reforma de Fortuño es temporera porque por admisión de su Rasputín, Marcos Rodríguez Pujada, no existen mecanismos para financiarla luego del 2012. Es decir, que los alivios contributivos presentes no tienen probabilidades de continuidad. Por eso constituyen otro engaño monumental de Fortuño. Es un coje bobos para cazar votos para su posible reelección.
La reforma contributiva no puede fundarse en propósitos meramente electorales.
Una reforma contributiva integral tiene que atender y balancear muchos asuntos como financiar apropiadamente el gobierno, desalentar el consumismo; reducir la economía subterránea; reducir sustancialmente la tasa de contribución sobre ingreso; promover el ahorro en la clase empresarial y de las personas asalariadas; y, que este ahorro pueda invertirse en el desarrollo económico y social de Puerto Rico.
Dentro de la crisis económica actual, una reforma contributiva debe estar dirigida primordialmente a atender el problema económico no a la pesca de votos.
Los proyectos sometidos por Fortuño deben denunciarse y rechazarse si no pueden enmendarse para que apoyen nuestro desarrollo económico y social.
Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
Rolando@bufete-Emmanuelli.com
Http://www.bufete-Emmanuelli.com
-- Desde Mi iPad.
Estas fuentes de financiamiento o ingresos podrían ser empresas estatales eficientes y productivas o impuestos razonables a las cadenas de valor, importación o exportaciones o en los procesos que tienen costo ambiental, social o económico que requieren reparación.
En el caso de empresas estatales eficientes y productivas esto no debiera ser problema por la capacidad del gobierno de fundar monopolios sobre productos o servicios esenciales que les permita generar ganancias y distribuirlas equitativamente en el conjunto social. El problema es que el control del partidismo las hace vulnerables al saqueo de sus recursos y por eso tenemos una AAA y AEE, que a pesar de ser empresas monopolísticas, tienen pérdidas económicas, porque son botines de guerra de los partidos que se turnan en el poder.
En los casos de las empresas que tienen un costo ambiental, social o económico, podríamos tomar como ejemplo un impuesto a las empresas que emiten dióxido de carbono o cualquier otro contaminante, no para conferirles impunidad, sino para estimularlas a buscar maneras eficientes y limpias de producir los bienes y servicios. Bajo este sistema, la Autoridad de Energía Eléctrica tendría dos opciones, o se mueve a la energía verdaderamente verde y renovable, o paga cuantiosos impuestos por el daño ambiental que nos ocasiona todos los días de año.
En el caso de las cadenas de valor, se pueden imponer impuestos a las etapas de producción, mercadeo y distribución de bienes y servicios no esenciales de manera que no afecten a los más pobres en la satisfacción de sus necesidades básicas y que se conviertan en meros costos de producción. Estos impuestos no pueden tener naturaleza regresiva o que afecten a los ciudadanos en desproporción a su condición económica. De modo que no representen una carga irrazonable a las personas de menos recursos económicos.
Estas maneras de financiar el Estado deben propiciar la innovación, el trabajo, el ahorro, la transparencia y la productividad para lograr ganancias individuales y corporativas disminuyendo la evasión contributiva que ocurre con el disimulo u ocultación de las ganancias.
Un Estado con la capacidad de funcionar sin imponer tributos sobre los ingresos netos individuales o colectivos tiene que contar con unas reglas de disciplina fiscal muy estrictas y con mecanismos de responsabilidad y control que permitan a los ciudadanos revocar los mandatos de los funcionarios que las violen.
Por supuesto que estamos hablando del Estado ideal. Puerto Rico dista mucho de contar con estas características.
En Puerto Rico tenemos impuestos en todas las etapas de la producción, cadena de valor, importaciones y exportaciones, la propiedad, los ingresos y las ventas de consumo. Encima de esto, el Estado y sus empresas monopolísticas derrochan el dinero y no existen maneras de control ciudadanos para impedir la impunidad en la irresponsabilidad fiscal ni la revocación del mandato de funcionarios delincuentes en asuntos fiscales.
Para colmo de males, tenemos una crisis fiscal sin precedentes producto de la irresponsabilidad partidista y del colapso del modelo económico que sostenía la estructura de producción del país. Esto con el agravante de que el gobierno carece de imaginación para estructurar un nuevo modelo económico sostenible por incompetencia crasa y porque entiende que le puede perjudicar en sus intenciones de obtener la Estadidad Federada que se amparan en aumentar la dependencia, pobreza y marginación de la mayoría del Pueblo, para que se aferre al anexionismo como mecanismo de subsistencia y seguridad económica.
Esto es lo que le produce los votos al PNP para que luego puedan disponer impunemente y esquilmar el presupuesto para beneficios exclusivo de los Señores del partido.
El gobernador Fortuño, que tiene la desfachatez de querer volver a ser reelecto gobernador en el 2012, está asediado por dos años de desatinos y gobierno para los poderosos, despidos, nuevos impuestos confiscatorios, ingresos fiscales en curva descendente perpetua, destrucción de los servicios estatales para las personas más vulnerables, menoscabo malintencionado de las protecciones del ambiente y los derechos de las comunidades, abuso policiaco y represión de libertades, criminalidad y deterioro de la salud mental sin precedentes, caída en espiral de la condición económica de los ciudadanos y las empresas, abandono de los proyectos de estratégicos de desarrollo y por dar palos a ciegas para tratar de revitalizar la economía.
Es por eso que el gobernador ahora se inventa la llamada reforma contributiva que de ninguna manera atiende los fundamentos que hemos expresado previamente que deben existir para que sea equitativa y que fomente el desarrollo económico.
La reforma de Fortuño se funda en propósitos políticos partidistas. Sólo pretende aliviar temporeramente el bolsillo de las personas de ingresos limitados, lo que es loable, pero no con el propósito de aumentar disminuir la dependencia y sustentar las funciones del Estado para lograr desarrollo. No, su único propósito es que estas personas se olviden de lo que ha pasado en estos dos años y voten por Fortuño en el año 2012.
La reforma de Fortuño es temporera porque por admisión de su Rasputín, Marcos Rodríguez Pujada, no existen mecanismos para financiarla luego del 2012. Es decir, que los alivios contributivos presentes no tienen probabilidades de continuidad. Por eso constituyen otro engaño monumental de Fortuño. Es un coje bobos para cazar votos para su posible reelección.
La reforma contributiva no puede fundarse en propósitos meramente electorales.
Una reforma contributiva integral tiene que atender y balancear muchos asuntos como financiar apropiadamente el gobierno, desalentar el consumismo; reducir la economía subterránea; reducir sustancialmente la tasa de contribución sobre ingreso; promover el ahorro en la clase empresarial y de las personas asalariadas; y, que este ahorro pueda invertirse en el desarrollo económico y social de Puerto Rico.
Dentro de la crisis económica actual, una reforma contributiva debe estar dirigida primordialmente a atender el problema económico no a la pesca de votos.
Los proyectos sometidos por Fortuño deben denunciarse y rechazarse si no pueden enmendarse para que apoyen nuestro desarrollo económico y social.
Por: Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
Rolando@bufete-Emmanuelli.com
Http://www.bufete-Emmanuelli.com
-- Desde Mi iPad.
sábado, 4 de septiembre de 2010
AÑO 2010: SEGUNDO AÑO PERDIDO PARA EL PUERTO DE LAS AMÉRICAS
El gobernador Fortuño admitió al semanario La Perla del Sur que las actividades del Puerto de Las Américas no van a comenzar durante este año. Esto significa que a pesar de las promesas de la Autoridad del Puerto de las Américas (APA), no va a completarse el acuerdo de operación que es indispensable para el comienzo de los negocios portuarios.
Pero las expresiones de Fortuño de abandono del proyecto fueron mucho más contundentes, pues reiteró que el gobierno central no aportará un centavo adicional al PLA. Además, expresó fríamente que no va a intervenir en la disputa entre el Banco Gubernamental de Fomento y la APA en torno al desembolso de los 40 millones de dólares restantes de la línea de crédito de 250 millones que se aprobó por ley para terminar las fases 1, 2, 3ª del Puerto.
Lo que esto significa es que a pesar de que el dinero fue aprobado por la Legislatura, el Banco conservará el poder de determinar si le desembolsa el dinero restante a la APA. Los 40 millones de la línea de crédito se necesitan para pagar al contratista que está terminando la zona de valor añadido del Puerto. Si ese dinero no se desembolsa, el PLA no contará con la finca principal para desarrollar actividades de negocios relacionados al Puerto.
El balance neto de las actuaciones de estos funcionarios y entidades gubernamentales es que tenemos un gran puerto que no comenzará a funcionar por no tener operador, por faltarle terrenos desarrollados para actividades de valor añadido, y peor aún, por faltar voluntad e interés en echarlo hacia delante.
Esto implica la materialización de los peores augurios. El 2010 también va a ser un año perdido para el Puerto de Las Amerícas.
A pesar del clamor en contra, el pasado 30 de junio de 2010, la alcaldesa de Ponce renovó el memorando de entendimiento entre el Municipio de Ponce y la Autoridad del Puerto de Las Américas, que permite el traspaso del Puerto una vez se cierre el contrato con el operador, pero condicionado a que se terminara todo el proceso de negociación en el término de 90 días. La alcaldesa se comprometió a retener el control del Puerto en caso de que la APA no cierre el acuerdo con el operador en el dicho término. El término de 90 días vence el 30 de septiembre de 2010.
La admisión que ha hecho el gobernador Fortuño de que el Puerto no empezará a funcionar durante este año, no le deja otra alternativa a la alcaldesa de Ponce que dejar expirar el memorando de entendimiento y asumir el control del Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago.
Sin embargo, el que la alcaldesa cumpla con su promesa de asumir la responsabilidad sobre el Puerto de las Américas, no es una tarea fácil. Para que esta gestión tenga éxito, la alcaldesa de Ponce tiene que recabar el apoyo de DISUR, donde se agrupa el sector público, el académico, el empresarial, junto a las comunidades, y se consolida la planificación y voluntad de desarrollo económico de nuestra Región Sur.
El apoyo y la intervención de DISUR en los planes de desarrollo del Puerto de Las Américas le ofrece a la gestión de la alcaldesa la legitimidad de estar contando con todos los sectores fundamentales de nuestra Región Sur y con el talento del sector universitario, que ya lleva varios años listo para proveer educación y estrategia para el desarrollo portuario.
La alcaldesa no puede confiar más en lo que le dice José Pérez Riera, presidente de la Junta de Directores del PLA, ni lo que dice Fortuño sobre el Puerto. El fracaso está probado. Es el momento de explorar nuevas alternativas.
La alcaldesa tiene entonces la última palabra y tiene en sus manos el futuro del desarrollo del Puerto de Las Américas. Si la alcaldesa se plega al partidismo y vuelve a renovar el memorando de entendimiento, el Puerto de Las Américas pasará a la historia como un gran fracaso que costó al pueblo de Puerto Rico 250 millones de dólares.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
martes, 10 de agosto de 2010
El Partidismo y la Mentira
En la columna pasada discutimos la dañina consecuencia del partidismo que ocasiona que aunque el partido o su jerarquía asuman una posición ilegal, antiética o inmoral, sus otros líderes están obligados a no oponerse a la línea torcida del partido y se mantienen bajo silencio comprado, por temor o complicidad, en abierto contubernio con la cofradía sectaria.
Pero el silencio no es la única forma de deshonestidad partidista. También se recurre a la mentira cruda y abierta.
Existen muchas instancias en las cuales los políticos y los partidos recurren a la farsa y el engaño. Entre las situaciones principales que se prestan a la mendacidad están los procesos de candidaturas y primarias, el programa de partido, las promesas de campaña, el problema colonial y su solución, y la defensa de las actuaciones del gobierno. Todas las mentiras tienen dos propósitos fundamentales: Alcanzar el poder político o mantenerlo a toda costa.
La primera oportunidad para mentir es el proceso de candidaturas. Las mentiras emblemáticas son: “este no es momento de candidaturas”, “no descarto nada”, “aspiraré al puesto que el pueblo me pida”, “estoy respondiendo al reclamo del pueblo”, “aceptaré el dictamen del pueblo”. Deben estar seguros que cuando un político hace estas aseveraciones, está haciendo o pensando todo lo contrario. Sin embargo, estas mentiras se repiten y se repiten sin pudor o cuestionamiento, para dar la falsa impresión de objetividad, desinterés personal o frialdad. ¿Por qué no son honestos y dicen lo que realmente están pensando?
El segundo catálogo de mentiras es el programa del partido. En los programas de los partidos existen tres tipos de mentiras principales. Las que se refieren a la identificación de las causas de los problemas, las que se refieren a la identificación de las supuestas soluciones y su efectividad, y las que se refieren a las obras que van a realizar en beneficio del Pueblo. Por ejemplo: “La causa de la criminalidad es el narcotráfico”, “la criminalidad se resuelve con cero tolerancia y mano dura” y “mi gobierno está comprometido y cumplirá con Ponce en Marcha y el Puerto de las Américas”. Los políticos utilizan las emociones y pasiones de un pueblo desprovisto para presentar soluciones o planteamientos atractivos a las masas, pero que no tienen fundamentos científicos o realidades que las apoyen, o sobre los cuales no tienen la voluntad real de impulsar o acometer.
La tercera instancia de mentiras es la campaña electoral: “No te voy a meter la mano en el bolsillo”, “al único que voy a despedir es a Aníbal Acevedo Vilá”, “bajaré el costo del agua y la luz”, “trabajaré para mejorar la economía y aumentar las oportunidades de empleo”. Mentiras crueles para jugar con las carencias y aspiraciones de la gente para meramente lograr su voto.
La cuarta oportunidad para mentir es el problema colonial y su solución: “El ELA no es una colonia”, “la soberanía del Pueblo”, “lo que hace falta es un plebiscito”, “la estadidad jíbara” y “la estadidad es para los pobres”. Estas mentiras tienen el propósito de tratar de adelantar supuestas posiciones de solución del problema colonial, pero sin afectar las probabilidades de éxito electoral.
La quinta coyuntura para mentir es la defensa de las actuaciones del gobierno. Estos dos últimos años han sido excepcionales en las mentiras apologéticas: “No había otra alternativa que despedir empleados”, “Ponce en Marcha va a las millas”, “ya vienen los buques post-panamax”, “la economía está en franca recuperación”. Estas falsedades se dicen cuando el Pueblo va descubriendo y desenmascarando todas las simulaciones que ha hecho el partido y sus líderes en los procesos antes mencionados. Para salvar su pellejo ante el próximo evento electoral, los partidos y sus líderes tratan de crear explicaciones o realidades virtuales que conecten lo que prometieron, representaron o alegaron, con lo que finalmente hicieron y la realidad que sufre el Pueblo.
Por fortuna, las mentiras van erosionando la confianza pública y finalmente ocasionan la caída de los partidos del poder político, pero no sin antes ocasionar daños irreparables al país, alejándolo de alcanzar las verdaderas soluciones a sus problemas.
El problema es que como sufrimos una partidocracia, la caída de un partido sólo ocasiona la llegada de otro partido, por lo que se perpetúa el problema.
La reforma de nuestro sistema político y social tiene que tomar en cuenta la manera de erradicar los incentivos a la mentira. La única manera para lidiar con este problema es mediante la implantación de la democracia participativa y la erradicación del partidismo.
Sin estas dos medidas estaremos condenados al eterno retorno o circulo vicioso del engaño, descubrimiento de la verdad, y sustitución de un político por otro, para que sin demora, nos vuelva a traicionar.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
Pero el silencio no es la única forma de deshonestidad partidista. También se recurre a la mentira cruda y abierta.
Existen muchas instancias en las cuales los políticos y los partidos recurren a la farsa y el engaño. Entre las situaciones principales que se prestan a la mendacidad están los procesos de candidaturas y primarias, el programa de partido, las promesas de campaña, el problema colonial y su solución, y la defensa de las actuaciones del gobierno. Todas las mentiras tienen dos propósitos fundamentales: Alcanzar el poder político o mantenerlo a toda costa.
La primera oportunidad para mentir es el proceso de candidaturas. Las mentiras emblemáticas son: “este no es momento de candidaturas”, “no descarto nada”, “aspiraré al puesto que el pueblo me pida”, “estoy respondiendo al reclamo del pueblo”, “aceptaré el dictamen del pueblo”. Deben estar seguros que cuando un político hace estas aseveraciones, está haciendo o pensando todo lo contrario. Sin embargo, estas mentiras se repiten y se repiten sin pudor o cuestionamiento, para dar la falsa impresión de objetividad, desinterés personal o frialdad. ¿Por qué no son honestos y dicen lo que realmente están pensando?
El segundo catálogo de mentiras es el programa del partido. En los programas de los partidos existen tres tipos de mentiras principales. Las que se refieren a la identificación de las causas de los problemas, las que se refieren a la identificación de las supuestas soluciones y su efectividad, y las que se refieren a las obras que van a realizar en beneficio del Pueblo. Por ejemplo: “La causa de la criminalidad es el narcotráfico”, “la criminalidad se resuelve con cero tolerancia y mano dura” y “mi gobierno está comprometido y cumplirá con Ponce en Marcha y el Puerto de las Américas”. Los políticos utilizan las emociones y pasiones de un pueblo desprovisto para presentar soluciones o planteamientos atractivos a las masas, pero que no tienen fundamentos científicos o realidades que las apoyen, o sobre los cuales no tienen la voluntad real de impulsar o acometer.
La tercera instancia de mentiras es la campaña electoral: “No te voy a meter la mano en el bolsillo”, “al único que voy a despedir es a Aníbal Acevedo Vilá”, “bajaré el costo del agua y la luz”, “trabajaré para mejorar la economía y aumentar las oportunidades de empleo”. Mentiras crueles para jugar con las carencias y aspiraciones de la gente para meramente lograr su voto.
La cuarta oportunidad para mentir es el problema colonial y su solución: “El ELA no es una colonia”, “la soberanía del Pueblo”, “lo que hace falta es un plebiscito”, “la estadidad jíbara” y “la estadidad es para los pobres”. Estas mentiras tienen el propósito de tratar de adelantar supuestas posiciones de solución del problema colonial, pero sin afectar las probabilidades de éxito electoral.
La quinta coyuntura para mentir es la defensa de las actuaciones del gobierno. Estos dos últimos años han sido excepcionales en las mentiras apologéticas: “No había otra alternativa que despedir empleados”, “Ponce en Marcha va a las millas”, “ya vienen los buques post-panamax”, “la economía está en franca recuperación”. Estas falsedades se dicen cuando el Pueblo va descubriendo y desenmascarando todas las simulaciones que ha hecho el partido y sus líderes en los procesos antes mencionados. Para salvar su pellejo ante el próximo evento electoral, los partidos y sus líderes tratan de crear explicaciones o realidades virtuales que conecten lo que prometieron, representaron o alegaron, con lo que finalmente hicieron y la realidad que sufre el Pueblo.
Por fortuna, las mentiras van erosionando la confianza pública y finalmente ocasionan la caída de los partidos del poder político, pero no sin antes ocasionar daños irreparables al país, alejándolo de alcanzar las verdaderas soluciones a sus problemas.
El problema es que como sufrimos una partidocracia, la caída de un partido sólo ocasiona la llegada de otro partido, por lo que se perpetúa el problema.
La reforma de nuestro sistema político y social tiene que tomar en cuenta la manera de erradicar los incentivos a la mentira. La única manera para lidiar con este problema es mediante la implantación de la democracia participativa y la erradicación del partidismo.
Sin estas dos medidas estaremos condenados al eterno retorno o circulo vicioso del engaño, descubrimiento de la verdad, y sustitución de un político por otro, para que sin demora, nos vuelva a traicionar.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
martes, 3 de agosto de 2010
EL PARTIDISMO Y EL SILENCIO
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Los acontecimientos que se suscitaron en el Senado donde se prohibió a la prensa y al público el acceso a las gradas del Hemiciclo, además de un quebrantamiento a una disposición expresa de la Constitución de Puerto Rico, constituyen sendas violaciones a la libertad de prensa y de expresión. Esto ha desenmascarado una de las consecuencias más dañinas del partidismo: El Silencio.
El partidismo corroe nuestra fibra social y democrática. Los representantes del pueblo suplican el voto de los electores y luego le abandonan a su suerte e incurren en las actuaciones más inauditas, que lamentablemente, en la mayoría de los casos, resultan impunes. El libertinaje de los líderes partidistas se oculta bajo el silencio comprado, por temor o por complicidad con la cofradía partidista. Es indispensable romperle el espinazo al partidismo para salvar la democracia.
No cabe duda de que lo que ocurrió en el Senado es ilegal e inconstitucional. No cabe duda de que el pueblo tenía derecho a reclamar el acceso al Senado y a convocarse frente al Capitolio para protestar. No cabe duda de que cuando alguna persona viola la Ley, lo que corresponde es arrestarlo y procesarlo criminalmente, jamás golpearlo a mansalva. No cabe duda de que a unas personas que están ejerciendo el derecho a la libre expresión, no se les puede golpear, macanear ni rocear con gases irritantes sin justificación.
Sin embargo, salvo honrosas excepciones, los líderes del Partido Nuevo Progresista, representantes electos por el pueblo, han hecho mutis ante estas barbaridades siguiendo la disciplina del partido.
El hacer silencio en estas circunstancias implica una de dos cosas: o que están totalmente de acuerdo con lo que ocurrió; o que tienen miedo a disentir por perder privilegios o caer en desgracias. En toda circunstancia, estos líderes políticos perversos o de rodillas temblorosas, merecen la más severa censura y el castigo electoral por su carencia de honestidad, valentía, criterio y pensamiento independiente.
El presidente del Senado no ha demostrado arrepentimiento ni propósito de enmienda por sus actuaciones. El gobernador y su jefe, Figueroa Sancha, tampoco han demostrado remordimiento y han defendido a brazo partido sus actuaciones abusadoras. Estas expresiones han dictado que los otros líderes del partido, como corderitos, hayan respaldado lo indefendible.
El pueblo repudió todas estas actuaciones en una impresionante marcha que sacudió la conciencia de todas las personas que asistimos, por la masividad, la militancia y creatividad de los participantes.
Los partidos políticos se convierten en monstruos que coartan la libertad y el pensamiento crítico de las personas que los componen. El presidente del Senado tiene un presupuesto que reparte a su discreción. Por tanto, nadie se atreve a hacerle frente, particularmente porque no tiene pudor, ni restricción al utilizar el verbo de la manera más cruel, vulgar y abusadora. Los senadores no quieren perder sus presupuestos, por lo que temen, y no se atreven a criticar las actuaciones claramente ilegales de su presidente, porque los insulta.
La presión para el silencio es mayor cuando se considera que los partidos en Puerto Rico viven el Centralismo Democrático, que curiosamente es una doctrina de los partidos comunistas.
Centralismo Democrático significa que una vez el partido toma una determinación mediante los mecanismos internos o mediante la arbitrariedad del líder, el partido y todos sus miembros tiene que mantener una misma postura, so pena de sanciones u ostracismo.
Por ende, aunque el partido tenga una posición ilegal, antiética o inmoral, sus líderes están obligados a seguir la línea del partido. La obligatoriedad de continuar el trazo del partido se impone mediante la censura, marginación, la privación de los contratos o presupuesto, y finalmente, la expulsión del partido.
Por estas razones, el partidismo daña la fibra moral de la sociedad, porque obliga a todos los líderes partidistas a la deshonestidad, a rendir posturas éticas válidas o hacer silencio dando su consentimiento y complicidad a actuaciones ilegales o inmorales.
Sólo en dos ocasiones se rompe con este silencio partidista. Cuando el líder máximo del partido o los líderes de la cúpula se desgastan y pierden legitimidad, o cuando se aproximan las primarias. Bajo estas circunstancias, es legítimo ser crítico y asumir posturas honestas y veraces, porque es un asunto de supervivencia para el político. En estos momentos no se ejerce el pensamiento crítico por honestidad, sino por conveniencia.
Los líderes que deseen ganar el favor de este pueblo tienen que tirar la raya todos los días, ser honestos y asumir su responsabilidad con el pensamiento crítico y su lealtad al pueblo, cuando el partido le traicione.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
miércoles, 14 de julio de 2010
TENER PODER POLÍTICO O MERAMENTE SER QUEJONA
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
La alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez Altieri, le exigió el martes al secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Pujada, que se disculpe con la Ciudad Señorial por decir que la funcionaria se pasa quejándose por el proyecto de Ponce en Marcha.
Estas palabras denotan desprecio, tienen un dejo machista e injurian los méritos de los planteamientos de la alcaldesa sobre el incumplimiento por parte del gobierno central con los proyectos del Plan Ponce en Marcha que son obligaciones de ley.
Esto es mucho más que un desliz imprudente, el problema es que Rodríguez Pujada se atreve a decir esto impunemente y con el consentimiento del gobernador, porque no reconoce poder o influencia a la alcaldesa que amenace sus acomodadas circunstancias.
Esta arrogancia de Rodríguez Pujada tiene su explicación en los acontecimientos de los últimos 19 meses en Ponce.
No cabe duda de que la ciudad de Ponce ha brillado con mayor o menor grado por diferentes factores interesantes, aleccionadores o sombríos. Un pasado de señores esclavistas, de carimbo y de revueltas de negros rebeldes forjaron el contexto afroantillano de nuestra cultura y visión de mundo, que nos adjudicó el precario mote de Ciudad Señorial. Este escenario se apoyó en un desarrollo socioeconómico vinculado al mar y el contrabando que nos concedió un aire cosmopolita y metropolitano que propició el surgimiento de un liderazgo político, económico y cultural que sentó pauta en Puerto Rico.
Luego, la voracidad hegemónica del área metropolitana, los políticos de San Juan y el derrumbe de las petroquímicas en la década de los 70, nos sumió en un aciago tiempo de precariedad económica y corrupción en el gobierno municipal.
A finales de los años 80, nos afloramos a una época de inversión, segundo aire y esperanza, donde se sembraron las semillas de la autonomía municipal como preámbulo del liderazgo en ciernes para una planificación y desarrollo regional sustentable y sostenido.
La incumbencia de Rafael "Churumba" Cordero Santiago rompió con décadas de subordinación al gobierno central y el partido en el poder, lo que permitió el reclamo directo, vehemente y coherente de los derechos adquiridos e hizo gravitar el poder político fuera del entorno sanjuanero.
Cordero Santiago brilló mediante el ejemplo, la opinión vehemente, la afirmación certera, la atención a las comunidades y la litigación en los tribunales contra el gobierno central y sus agencias. No existe duda de su sacrificio espiritual y físico, culminado con la pérdida de la libertad por Vieques, y con su muerte discutiendo en el teléfono con la Autoridad de Energía Eléctrica.
Rafael Cordero Santiago consolidó los pedazos de un orgullo malherido y los enfocó hacia un desarrollo de la territorialidad y la personalidad luchadora de nuestra ciudad que desembocó en el nuevo arquetipo "Ponce es Ponce y lo demás es parking". Ese es el vacío que dejó su muerte. La convicción Ponceña de que Churumba siembre daba la pelea por los derechos de nuestra ciudad.
El éxito de Cordero Santiago en sus luchas y reclamos por Ponce no se fundaba en que se quejaba mucho. El reclamo exitoso de lo que le correspondía a Ponce tenía apoyo sólido en el hecho incuestionable de que con sus actuaciones había desarrollado una base social y política que hacía temblar a los opositores del gobierno central y del partido. Detrás de Churumba se aglutinaba una coalición multisectorial y transpartidos que hacía pensar dos veces a los políticos de San Juan a la hora de decidir oponerse a los planes de Churumba. Por eso llegó a ganar las elecciones por más de 18,000 votos.
Ese poder consensuado y no sectario permitió a Cordero Santiago la aprobación del Plan Territorial del 2003 y que comenzaba vigencia el mismo mes de su muerte en 2004. En ese Plan existían compromisos de ley de más de 1000 millones de dólares para Ponce, incluyendo más de 500 millones para el Puerto de las Américas.
Lamentablemente, su muerte tronchó este extraordinario proyecto, porque la politiquería y debilidad de sus sucesores destruyeron esas aspiraciones. Por eso llevamos seis años en un pantano socioeconómico que no asoma alguna orilla de esperanza.
En esta debacle es que Rodríguez Pujada se viene a fijar en la Alcaldesa de Ponce, y como verdugo de la Fuerza de Choque, no pudo perder la oportunidad de golpearla impíamente.
El ministro de propaganda y mentiras del gobernador dictatorial Fortuño, Marcos Rodríguez Pujada, se atreve a decir impunemente que lo que le pasa a la Alcaldesa es que se queja mucho. Que es una quejona.
A pesar de todas las advertencias y consejos desde el año 2008, la Alcaldesa ha ido descubriendo muy de a poco, que sus peores enemigos son los funcionarios del gobierno central y del Partido Nuevo Progresista, que hacen su vida en burbuja, y no conocen hacia el sur, nada más allá del peaje de Caguas Norte.
Marcos Rodríguez Pujada le dijo quejona a la Alcaldesa con el consentimiento del gobernador. Los comunicados de este señor siempre tienen un propósito y autorización del gobernador. El mensaje directo es "no molestes mija". Es un mensaje de desprecio y que denota las verdaderas intenciones del gobierno central con Ponce que se ocultan detrás de decenas de mentiras de alegado cumplimiento.
El propósito claro del gobierno central y del PNP es no cumplir con Ponce en Marcha ni con el Puerto de las Américas.
El problema que tiene la Alcaldesa es que lleva 19 meses rehuyendo de su responsabilidad de colaborar y aglutinar a todas las fuerzas ponceñistas que no les importan los colores y sectas de los partidos, sino únicamente lo que es necesario y conveniente para Ponce. Si la alcaldesa hubiera aceptado la ayuda y colaboración de las Fuerzas Activas Sureñas, tendría poder político y nadie en el gobierno dictatorial de Fortuño se hubiese atrevido a llamarla quejona.
La alcaldesa todavía está a tiempo de ponerse de pie y reclamar -en unión de las Fuerzas Activas Sureñas- lo que le corresponde en ley a Ponce y el Sur para desarrollar poder político real.
Si sigue sola como hasta el momento, tendrá que soportar el mote que sus correligionarios ya le han apuntalado, y no le quedará otro remedio que dejar su espacio a otra persona que acepte el reto.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
lunes, 12 de julio de 2010
EL PAPEL DE LOS CIUDADANOS EN LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.
rolando@bufete-emmanuelli.com
Hasta ahora la democracia representativa se ha desempeñado al revés. En vez de funcionar al servicio del Pueblo, opera sólo para beneficio de los políticos.
Los políticos se pasan el tiempo inventando ideas que en muchos casos no tienen correspondencia con las necesidades y aspiraciones de sus constituyentes.
Generalmente estas ideas tienen que ver directamente con beneficios a un sector o clase al que pertenece el funcionario, o con el propósito de generar dividendos políticos o económicos que les permitan perpetuarse en el poder.
Tomando en cuenta estos objetivos, algunos políticos llegan al extremo de plantear propuestas enteramente alocadas, como trenes, parques de diversiones y centros de convenciones, sin contar con estudios o recursos que los hagan viables. Esto lo hacen con el ánimo demagógico de apelar a las pasiones del Pueblo y lograr su favor en las urnas.
Estas ideas son tan atolondradas y desvinculadas de la realidad socioeconómica a la cual se pretenden aplicar, que una vez el político o el partido sale favorecido en las elecciones, convenientemente las olvidan y se incumple con las propuestas con la esperanza de que en cuatro años, ya nadie se acuerde.
Por otro lado, a veces las propuestas parecen razonables y loables, pero nunca se cumplen o se ponen en vigor. La experiencia que se ha tenido a partir del 2 de enero de 2009 con el Gobernador Fortuño es un ejemplo claro de este problema democrático. El Gobernador Fortuño prometió unas cosas para salir electo, e inmediatamente, sin demora, comenzó a hacer todo lo contrario.
Como el Pueblo no tiene mecanismos inmediatos para revocar los mandatos de los políticos que incumplen crasamente con las promesas que le hicieron al Pueblo, nuestra democracia es totalmente impotente y el Pueblo se encuentra en un estado continuo de indefensión y desesperanza.
La solución a esta situación de incompetencia democrática es la Democracia Participativa.
En la Democracia Participativa son los individuos en el marco de su familia, de su comunidad, de su municipio y su región, los que definen hacia dónde debe ir el gobierno. Bajo esta organización social se configuran foros y mecanismos de desarrollo, deliberación y ejercicio del poder político, para mantener a los políticos en la raya de cumplimiento estricto de lo prometido.
El último ejemplo del éxito de la democracia participativa fue la huelga estudiantil. Si existe una razón predominante sobre por qué los estudiantes fueron tan efectivos en sus estrategias es porque tomaron las determinaciones fundamentales en foros de democracia participativa. La participación y el respeto a las determinaciones democráticas genera articulación de muchos en un solo propósito. Se forja poder político.
Bajo el mandato del difunto Rafael Cordero Santiago se desarrolló un modelo primitivo de Democracia Participativa que se configuró en el Plan Territorial del 2004. Pero el modelo quedó trunco porque su naturaleza permitió que fuera abandonado por el Dr. Francisco Zayas Seijo y por la presente administración municipal.
En la medida que el Plan representa la aspiración de los ponceños que fue evaluada y ratificada en vistas públicas, se entiende que el Pueblo configuró ideas generales, pero claras, de hacia dónde se quería dirigir. Sin embargo, aunque el modelo de Plan Territorial contó con la participación ciudadana mediante vistas públicas, tampoco satisfizo a cabalidad del concepto de Democracia Participativa, porque no existió el respeto a la determinación ni la voluntad política de los incumbentes para convertirla en realidad.
El abandono del Plan Territorial ha sido una alta traición a las aspiraciones democráticas de los ponceños, porque sólo responde al interés de proteger al partido en el poder. Los populares lo abandonaron para no hacerle daño a Aníbal y los PNP no lo reconocen para no afectar a Fortuño. Así no se puede aspirar a dirigir nuestra ciudad.
La Democracia Participativa en Ponce debe consistir en la organización comunitaria para determinar las necesidades y proyectos de cada comunidad, de forma que se vayan articulando en un programa concreto que surja desde la base y que se presente a los aspirantes políticos. Todo aspirante político debe expresar si está de acuerdo y si va a impulsar esos proyectos hasta que se completen.
En Ponce se ha avanzado mucho en esa dirección, porque en los pasados cinco años diferentes personas y organizaciones han trabajado para la generación de consensos mínimos que sean adoptados por los políticos de turno.
Ejemplo de estos consensos son el Manifiesto por el Sur que recoge el sentir de una multiplicidad de organizaciones multisectoriales que han determinado 12 principios que todas las administraciones municipales deben seguir.
Sin embargo, no es suficiente con que las organizaciones empresariales, profesionales y multisectoriales se expresen. Es necesario que las comunidades también participen en este proceso, para que aumente el poder político para generar cumplimiento.
La democracia representativa ponceña debe transformarse en una Democracia Participativa. Las comunidades deben involucrarse en su futuro, pero al margen de los partidos. Los líderes comunitarios deben comenzar a articular programas participativos para que los políticos determinen si están de acuerdo o no están de acuerdo y se invierta el proceso democrático. Ya no es el político el que propone. Es el Pueblo el que formula la ruta y el político debe obedecer.
Todas las organizaciones sociales deben involucrarse en este esfuerzo. Es la única manera de comenzar a controlar nuestro futuro.
Los políticos que no estén de acuerdo en empujar los proyectos participativos, no deben ser favorecidos en las elecciones. Los políticos que estén de acuerdo y sean favorecidos en las elecciones, debe sufrir el castigo del Pueblo mediante la denuncia vocal, certera y concreta para que renuncien o enderecen su curso al cumplimiento específico.
El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550. Para mayor información vea www.debidoproceso.com.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
